El Director Municipal de Atención al Migrante de Tijuana, José Luis Pérez Canchola declaró ante los miembros del Grupo 21 este lunes, que la labor de atender migrantes en materia de salud, educación y empleo es “un viacrucis”, por la falta de oportunidades para las personas en contexto de movilidad en México.
“La sociedad debe exigir que existan garantías para la población migrante, si no resolvemos esto, nuestra comunidad pagará las consecuencias con población en condiciones vulnerables en marginación, violencia, desintegración familiar, drogas etcétera; pero si logramos que esta gente se integre, que rehaga su vida salimos ganando todos”, dijo.
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A las personas en contexto de movilidad que llegan a territorio mexicano y bajacaliforniano se les debe de dar las mismas condiciones que a cualquier ciudadano para que puedan trabajar, estudiar y desarrollarse, así ellos solos podrán salir adelante con su mismo esfuerzo pero con igualdad de condiciones, explicó el defensor de derechos humanos.
“En el caso de la educación, antes de empezar la pandemia yo apoyé y acompañe a una familia para registrar a sus hijos en una escuela, y la respuesta fue: no, es extranjero, estos documentos no le damos valor aquí, no hay equivalencia en los niveles escolares; es decir hay un vacío en el sistema educativo”, dijo.
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En el caso de salud contó que a una de las últimas personas que acompañó al Hospital General de Tijuana, tenía un disparo de arma en un pie, tuvo que hablar con el Director General del hospital para que lo recibieron, mientras estuvieron batallando por cuatro horas para que lo atendieran.
Apuntó que las condiciones actuales en las que se da la migración se exige que las leyes se actualicen y correspondan a la reforma constitucional del pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas nacionales y extranjeras.
“Si seguimos marginando y discriminando desde la propia ley, las consecuencias las paga la propia población migrante y la comunidad a la que llegan. En ese sentido la ley de migración y la ley de refugio deben actualizarse en razón de esta experiencia”, señaló.
José Luis Pérez Canchola hizo hincapié en que la responsabilidad es concretamente del Congreso federal y de la Secretaría de Gobernación, además de ser parte de un esfuerzo colectivo y humanista.
“Una familia si no tiene razón fundamentalmente grave no se moverá de su casa. Una familia no va andar con niños, bebés, pequeños de brazo, abandonando su lugar de origen si no hay una razón fundamental. Se están saliendo porque hay causas estructurales, fundamentales principalmente la violencia, lo mismo que sucede en Michoacán”, concluyó.
