Para que los ciudadanos se den cuenta que los 25 diputados locales de Baja California recién electos y reelectos, no se están esforzando por ganarse esos 770 mil pesos que reciben y administran mensualmente, basta ingresar a la página del Congreso para ver y escuchar los videos de las glosas del Segundo Informe y dar cuenta del triste papel de porristas, patiños y comparsas que desempeñaron frente a los secretarios del Estado de Baja California.
Tiempo y dinero perdido, total, ellos no se parten la espalda para generarlo.
Al mes, los legisladores bajacalifornianos reciben una dieta (sueldo) de más menos 85 mil pesos mensuales, los cuales se convierten en 63 mil 500 pesos una vez que pagan sus impuestos; además, distribuyen entre el personal de su módulo y comisiones, otros 240 mil pesos, de los cuales 160 mil se reparten entre los trabajadores legislativos y el resto es del SAT e Issstecali.
También tienen asignados otros 250 mil pesos para comisiones, que usan para gastos de representación, viáticos, rentas, promoción de sus acciones, más etcéteras, que los ciudadanos comunes ignoramos; y 300 mil pesos mensuales para Gestión Social, que en teoría sólo pueden usarse en apoyos para la población vulnerable.
Después de ver a los legisladores responsables de vigilar y sancionar desvíos del erario, solicitar un turno en el espacio dedicado para hacer preguntas, pedir explicaciones y cuestionar resultados, y luego usarlo para felicitar a los secretarios “por el trabajo”, “por el esfuerzo”, por la “destacada labor” y por atender las denuncias que los legisladores promueven, como si ese no fuera el trabajo por el que se les paga, fue inevitable pensar en lo que cuestan. En los 2.3 millones de pesos que cobrarán de dieta y en los 28 millones de pesos que administrarán en tres años de gestión.
No faltó el lisonjero que decidió no sólo vitorear al secretario, sino que extendió su aclamación al gobernador Jaime Bonilla Valdez. Hubo los que se manifestaron con un “no al debate destructivo”, pero en general no iniciaron ningún tipo de debate. O peor aún, aquellos que dieron un paso adelante en su adulación y decidieron realizar preguntas a modo, para motivar que, después del mini informe, los secretarios se lucieran y continuaran culpando a la administración anterior, que ha sido el sello de la casa: “¿Cómo recibió y cómo va a entregar?”.
Resultó lastimoso de ver y doloroso de escuchar.
Como ejemplo, el caso de Luis Salomón Faz Apodaca, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua. Ni siquiera había mencionado su poco popular propuesta -ya estructurada- para aumentar la tarifa por el servicio de agua potable, entonces, como si necesitara ser rescatado, el diputado Miguel Guerrero asumió la tarea de sugerirle que lo hiciera, vanagloriando el valor que se necesita para asumir el costo político.
Algunas legisladoras como la panista Santa Alejandrina Corral Quintero, y las morenistas Dunnia Montserrat Murillo López y Michel Sánchez Allende, sacaron a relucir temas importantes, pero los pocos y tímidos cuestionamientos, fueron acallados con peroratas en las que lo más claro fue el esfuerzo que pusieron para destacar que “todo es legal y hacemos lo más que podemos”.
Sánchez Allende le comentó al secretario de Hacienda, Adalberto González, que la falta de viabilidad financiera había sido el tema más escuchado en la Glosa y, al final, él tenía la culpa de todo. Ese fue el cuestionamiento más fuerte que recibió, pero por la forma en que se dijo y la no exigencia de respuestas, se tomó a broma, incluso hubo sonrisas.
En ese contexto, fueron minimizados temas como los mil 435 millones de pesos -más intereses- de las inembargables participaciones federales que de manera totalmente irregular, no fueron entregadas a los municipios: 250 millones de pesos por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y 934 millones retenidos por Jaime Bonilla Valdez, porque su gobierno usó el dinero para otras cosas, como cumplir con la obligación de pago de los 3 mil 700 millones de pesos en 17 créditos a corto plazo.
En medio del desaseo financiero, usó dinero que no era suyo, simplemente desnudó al santo de los ayuntamientos para vestir el suyo.
Tampoco se abundó en los 8 mil millones de pesos pendientes de pagar a jubilados y pensionados, aunque el Poder Judicial sentenció y obligó al Estado; ni en el hecho de que los presumidos “ahorros” -351 millones de pesos- de la política de “un gobierno austero basado en resultados” no haya impedido que los bonillistas endeudaran a Baja California con 3 millones de pesos en créditos adicionales. Tampoco en la ausencia de viabilidad financiera que impidió aplicar la mitad de su presupuesto porque no le llegó; y menos aún en la falta de transparencia en el contrato de la Planta Fotovoltaica.
Apenas y se trató la falta de resultados en la investigación administrativa de los moches que presuntamente recibieron funcionarios del gobierno bonillista, bajo la promesa de otorgar contratos -la cual ha estado convenientemente “atorada” durante casi dos años-, mientras el “investigado” ex oficial mayor, Jesús Núñez Camacho, fue recontratado el 2 de abril de 2021 -hace cinco meses- como titular del Sistema Estatal Penitenciario.
Asuntos delicados como el aumento del precio del agua y el Decreto 284 de las Comisiones de Agua que se trabajó a espaldas del Congreso, apenas y se mencionaron, conformándose con respuestas no satisfactorias. Y los bajacalifornianos siguen sin saber cuánto pagarán los automovilistas por usar el Viaducto Elevado en Tijuana cuando lo terminen, o la fecha en que empezarán a construir las anunciadas estaciones del Tren Interurbano Tijuana-Tecate. De los permisos aún no obtenidos, ni hablar.
Lo terrible es que esta Glosa, que evidenció a un apocado Congreso, marcó el debut de los diputados que serán responsables, por los próximos tres años, de “analizar, revisar, modificar, reorientar y aprobar el presupuesto del Gobierno Ejecutivo; de proponer y aprobar leyes que te permiten un mejor modo de vida y solucionar los problemas de la región; y designar algunos funcionarios”.
Pero las primeras y reprimidas acciones evidencian que, como a sus antecesores, la sociedad tendrá que vigilarlos y presionarlos para que cumplan su función de vigilantes obligados del correcto manejo del erario, y no se conviertan en aplaudidores y parte de la corrupción.
