Siete regidores de Ensenada presentarán ante el Congreso del Estado solicitud de juicio político contra el presidente municipal Armando Ayala Robles, luego de la creación del organismo Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada.
Pese a que la regidora morenista Yolanda Navarro se había manifestado a favor del juicio y votó en contra de la municipalización del agua, de última hora no firmó el documento para solicitar el juicio político.
El jueves 12 de agosto, una comitiva de los ediles acudió a la Capital del Estado para presentar el trámite ante la mesa directiva, para ser turnado a la Comisión Jurisdiccional y Reforma del Estado que preside la diputada morenista Rocío Adame Muñoz, pero se solicitó la presencia de todos los regidores firmantes para darle ingreso a la solicitud.
La legisladora del Distrito XV que preside la Comisión Jurisdiccional y Reforma del Estado, compitió en la pasada elección contra Daniela Machado, hija del delegado municipal de El Sauzal de Rodríguez, Jesús Ramón Machado Cota; también es pareja del regidor electo Sergio Ayala Laveaga, en la planilla de su primo Armando Ayala.
Machado figuraba en diversos eventos tanto del alcalde como de la candidata a gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pese a que el Partido Verde Ecologista de México, competía contra Morena y su abanderada, Rocío Adame.
El 4 de agosto, en sesión extraordinaria de extrema urgencia, con apenas ocho ediles convocados, el Cabildo aprobó por mayoría de votos la municipalización del agua, en sesión celebrada casi a las 22:00 horas. Esa misma noche se publicó la reforma en el Periódico Oficial de Baja California.
Antes de dicha sesión se había celebrado otra, donde se rechazó la propuesta con ocho votos en contra y siete a favor, lo que provocó el albazo minutos después.
Los ocho regidores que constituyen la mayoría del Cabildo informaron que antes y después de la votación recibieron amenazas por parte del alcalde y funcionarios municipales en caso de votar en contra.
Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth Jiménez García, Diego Lara Arregui, Marisol Sánchez García y Raúl Vera Rodríguez, aseguraron no estar en contra de la municipalización del agua, sino de toda práctica que atente contra el bienestar de los ensenadenses e ilegalidades con las que se llevó a cabo el proceso.
“Expropiar” es una de las palabras peligrosas que vienen en el acuerdo de creación de la paramunicipal que administrará el agua, llamada Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo presuntamente ilegal, informó el regidor independiente Raúl Vera.
Mencionó que esta figura despoja de propiedades a los ciudadanos o empresarios y viene impresa en el Artículo 4, Fracción XVII, que textualmente dice: “Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial de bienes o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de la ley”.
“Este tipo de acciones represivas por parte del gobierno, además de posibles aumentos a la tarifa, adquisición de una deuda de mil 702.10 millones de pesos que trae la CESPE y el desconocimiento del equipo material de la paraestatal, es lo que me obliga a votar en contra este tema tan importante. No sería responsable de mi parte, además de que el documento de creación del nuevo organismo municipal que entre comillas ‘se aprobó’, nos lo mandaron apenas dos horas antes de la sesión de Cabildo, sin dar oportunidad de análisis o investigación”, completó Vera Rodríguez.
Después de haber votado en contra la iniciativa del presidente municipal para la municipalización del agua, el 5 de agosto fue despedido por Oficialía Mayor Municipal el asesor jurídico de la regiduría independiente, personal por honorarios y removidos de la oficina de Vera, así como personal sindicalizado comisionado para la atención y gestión ciudadana, “en una clara acción represiva que desnuda, nuevamente, la actitud antidemocrática y presuntamente ilegal del presidente municipal”, remató.
