Todo parece indicar que hasta el Instituto Estatal Electoral ya se dio cuenta que Jaime Bonilla Valdez, se encuentra en el ocaso de su mandato, y por ende, sin suficiente poder. Resulta que el 18 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE dictaminó una sanción contra el mandatario, derivado de una querella interpuesta por el alcalde con licencia Luis Arturo González Cruz, quien lo acusó de promoción personalizada, violencia política y uso indebido de recursos públicos. El dictamen aprobado por la comisión establece un procedimiento sancionador ordinario con registro IEEBC/UTCE/PSO/29/2020, el cual generó la resolución 22/2021, que después de una revisión de las pruebas expuestas por el edil con licencia, se llegó a la conclusión: “… determinaremos la inexistencia de la infracción consistente en promoción personalizada y la existencia de violencia política, así como del uso indebido de recursos públicos”. Más de 10 videos y enlaces de redes sociales fueron presentados como pruebas por parte del denunciante, sobre los ataques verbales del gobernador a través de sus presentaciones en redes sociales. En un principio, González Cruz solicitó medidas cautelares que impidieran a Bonilla llevar a cabo transmisiones en vivo, o al menos abstenerse de hablar de su persona. Sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, después de una evaluación, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE determinó que se cometieron actos de violencia política contra González Cruz por parte del Ejecutivo del Estado. Uno de los videos con mayor énfasis por parte de la evaluación del Instituto, se dio cuando Bonilla y el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, se burlaron del rostro del alcalde con licencia, al que describieron con trastorno bipolar y “maniaco-depresivo”, pese a que Pérez Rico no cuenta con elementos clínicos ni profesionales para elaborar un dictamen de esa naturaleza. La sanción ya está en manos del Congreso del Estado, que en próximos días recibirá el dictamen del IEE. Esto quiere decir que los actuales diputados tienen en su cancha la posibilidad de sancionar libremente los actos ilícitos del mandatario estatal. A ver a quién le rinde fidelidad estos legisladores.
