Situación grave y creciente de 98% de impunidad global, sobre todo en desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y asesinato de periodistas o activistas. Académicos y estudiantes del ITESO y Universidad de Stanford analizaron once casos emblemáticos sin justicia en México. La falta de castigo es un incentivo para la criminalidad y la violación de derechos humanos. Informe revela que autoridades emplean mecanismos “para socavar su propia investigación o garantizar que sus pesquisas no lleven a nada”. Se plantea involucrar a mecanismos externos de supervisión de la justicia
La palabra impunidad frecuentemente es asociada a la comisión de un delito que no tiene a una persona que responda por ello, fenómeno que se atribuye a la falta de capacidad de las agencias del Estado en las tareas de procuración de justicia; sin embargo, el estudio de una serie de casos paradigmáticos de violación masiva de derechos humanos, pone en evidencia que parte de esa impunidad es deliberada, en un resultado deseado de parte de autoridades, para que las investigaciones no conduzcan a nada.
Tal es la conclusión a la que llega el informe realizado por académicos y un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad de Stanford y de la Red Universitaria para los Derechos Humanos de los Estados Unidos, denominado “La impunidad activa en México, cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”.
Encabezado por los investigadores Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, el estudio parte de la descomposición que vive el país en cuanto a la violación de los derechos a la integridad física, vinculada a una crisis de impunidad y de acceso a la justicia, al grado que México tiene uno de los niveles más graves en la materia en el mundo, al estimarse que prevalece una impunidad del 98% en la investigación de delitos, que es prácticamente absoluta.
Entre los once casos analizados por los investigadores, se encuentra la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en marzo de 2014; la masacre de 42 civiles y un agente federal en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015; y las incompletas y fallidas investigaciones del homicidio de la periodista Miroslava Breach con relación a los narcopolíticos de Chihuahua, en marzo de 2017. Aunque también figuran dos pesquisas de habitantes de Ensenada y Maneadero, Baja California, que en 2011 fueron detenidos y torturados por militares, sin que hallaran justicia a sus causas.
En esos y otros casos que ocurrieron desde 2008 hasta 2019, durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador, los académicos identificaron los mecanismos que generan la impunidad activa, como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa; la negativa a recibir denuncias; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos.
También se hicieron visibles la reticencia de las autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas, y el ya conocido intento de manchar la reputación de las víctimas.
IMPUNIDAD “ADREDE”
Para el doctor Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la crisis en temas como la violación al derecho a la vida, la prohibición de las exclusiones, así como al derecho a no ser víctima de tortura, de desaparición forzada y e derecho al acceso a la justicia, atraviesan una situación crónica y grave, dinámica que genera la impunidad activa por parte de las autoridades en un país donde solo en 2% de los casos existe una sanción a los delincuentes, en forma excepcional.
El profesor Anaya estima que cuando la impunidad es la norma, como sucede en México, se convierte en un incentivo para que las violaciones de derechos humanos y el crimen se repitan y se perpetúen, “porque al no haber una sanción, no hay un freno inhibidor para las personas que delinquen, o un motivo para que las víctimas denuncien, o para que las autoridades no violen derechos humanos; porque si no va a haber castigo, entonces lo puedo hacer, sin ningún problema”.
El entrevistado aseguró que la impunidad es parte de la explicación, pero no el único factor que influye en la criminalidad, ya que en contextos donde existe una baja impunidad, de todos modos, existe criminalidad y violación a los derechos humanos: “Hay otros factores, pero uno muy importante para explicar la crisis actual, ambas crisis, sin duda es esa falta de castigo, de esa impunidad casi absoluta que estamos enfatizando”.
Anaya refiere diferencia entre la impunidad global y la impunidad activa. La primera se refiere a incompetencias, como las pesquisas malogradas, evasión de responsables de un delito, falta de suficiencia de prueba o cualquier otro pretexto relacionado con la falta de capacidad humana, técnica, científica o de entrenamiento, de los operadores de las agencias de procuración de justicia; mientras que la segunda, es aquella generada con toda intención por parte de las autoridades.
“La impunidad activa es aquella en la que las investigaciones no llevan a nada de manera deliberada. Es un resultado deseado, en el cual las propias autoridades encargadas de la investigación de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, hacen una serie de cosas para socavar sus propias investigaciones o para garantizar que sus pesquisas no lleven a nada, y eso es una diferencia muy importante con la impunidad que se explica con base en la falta de capacidades”, explica el experto.
Coloquialmente, se puede afirmar que es una impunidad de “adrede”, reitera el coordinador del proyecto de investigación, por lo que se entiende que no haya responsables de delitos, o ni siquiera investigaciones, o que los asuntos se enreden sin pies ni cabeza, en una dinámica constantemente advertida en casos de desaparición forzada, tortura, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales u homicidios de periodistas o de activistas. Por ello, no pondera ninguno de los once asuntos analizados con mayor o menor importancia entre ellos, pues todos son emblemáticos y muy descriptivos del fenómeno.
SUPERVISIÓN EXTERNA
Resulta desmotivante para las víctimas y sus familiares que las autoridades se nieguen a recibir la denuncia, o que no se acredite la desaparición forzada, tampoco la tortura, e incluso haya amenazas para las personas que pretenden formular una denuncia en contra de agentes del Estado, “como para decirles que ya no le sigan porque les va a ir peor; es parte de una serie de mecanismos identificados en este informe, que son los que demuestran esta impunidad activa a la que hacemos referencia”, comenta el doctor en Derecho.
En su opinión, pareciera que la constatación de que existe una impunidad casi absoluta pega en el ánimo de las víctimas, y a pesar del cambio democrático de autoridades cada tres y seis años, e incluso modificación del sistema penal de justicia, no hacen diferencia y todo sigue igual.
“No quiere decir que no haya solución y nos resignemos a vivir en el país de la impunidad. Otra de las contribuciones del informe, es un planteamiento para romper con ese ciclo arbitrario y perverso. No es la única receta, ni la única estrategia, ni va a ser la varita de oro como para solucionar todo de la noche a la mañana, pero es una de las alternativas sobre la mesa: plantear los asuntos a mecanismos externos de supervisión de la justicia. Si tu conclusión es decir que este tipo de impunidad ‘adrede’ es buscada por las propias autoridades que tienen el mandato de alcanzar la justicia, no les podemos dejar a esas autoridades la solución de un problema de impunidad, porque lo están generando ellas directamente”, enfatiza el académico.
De acuerdo con el docente universitario, en cuatro experiencias concretas se ha involucrado a actores externos -internacionales- en la procuración de justicia en América Latina con buenos resultados, “una de ellas en nuestro propio país, en México, las otras tres en América Central: Guatemala, El Salvador y Honduras”.
Son estos ejercicios de involucrar a actores internacionales “en la búsqueda de que sí haya justicia, en busca que haya investigaciones serias, profundas independientes, y que, por lo tanto, haya sanciones”.
Para Alejandro Anaya, “el factor clave de esos actores es su naturaleza externa, es decir, que investiguen, que busquen esa sanción, pero que al ser externos, se pueda garantizar esa independencia y autonomía de entre los actores internos, que hasta la fecha no solamente no han garantizado la justicia, sino que a propósito, han buscado socavar la verdad y la justicia.
“Esos actores externos contribuirían a romper esa cadena de intereses que está detrás de la impunidad activa, y por supuesto, tener las capacidades y expertise en las investigaciones”, concluye.
