A 22 años del asesinato del periodista y editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco, el gremio periodístico colocó un espectacular que tacha de incompetentes a las autoridades por el caso sin resolver
Con un espectacular dedicado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Baja California (FGE), el gremio periodístico de Tijuana le recuerda a la autoridad que este 22 de junio se cumplen más de dos décadas de impunidad por el asesinato del editor general del Semanario ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco.
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Desde las 19:00 horas de la tarde de este lunes 22 de junio, integrantes del gremio periodístico se dieron cita sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte, en la colonia Libertad, para revelar el cartel que pretende ser un recordatorio constante de la impunidad en el artero crimen del editor del Semanario ZETA.
El imponente cartel, que es un grito mudo por justicia por parte del gremio, muestra una fotografía del periodista tomada en la sala de archivo de este Semanario, donde solía pasar el rato; la imagen va acompañada de sentencias lapidarias que desnudan el fracaso de la justicia en su caso: “FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO. PERIODISTA ASESINADO. 22 AÑOS DE IMPUNIDAD”; mientras que, en el costado izquierdo, un sello tacha directamente la actuación de las autoridades ministeriales con la leyenda: “FGR/FGE INCOMPETENTES”, secundado por las consignas: #NiPerdónNiOlvido, #Justicia y #FranciscoNoSeOlvida.
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Junto a la familia, amigos y compañeros de Ortiz Franco leyeron un posicionamiento dirigido tanto a la FGR como a la FGE, en el que recalcaron la falta de actos de investigación para esclarecer el crimen y la indolencia institucional para corregir sus deficiencias en el caso.
“Ciudadana Ernestina Godoy Campos, Fiscal General de la República, ciudadana María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado de Baja California, Ciudadana María del Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudadano Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Hace exactamente 22 años, el periodista y editor del Semanario ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue ejecutado por un comando armado mientras se encontraba acompañado de sus dos hijos menores de edad; el crimen ocurrió a escasas dos cuadras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Zona Río de Tijuana. Desde ese día, las instituciones del Estado mexicano y de Baja California, responsables de procurar justicia, han sido omisas. No existen detenidos, ni cargos penales contra los autores materiales e intelectuales, a pesar de las reiteradas promesas institucionales de no dejar el caso en la impunidad”.
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“A partir de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios de México, han respaldado formalmente a la familia de Ortiz Franco en la búsqueda de un acuerdo de solución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la reparación integral del daño. Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades actuales ha sido evidente, mostrando un sistemático desdén ante los reclamos de las víctimas. De acuerdo con los registros del Semanario ZETA, el expediente penal integrado por el asesinato de quien fuera su colaborador por más de dos décadas, se encuentra en total estado de abandono, sin que se haya realizado ninguna diligencia ministerial para fortalecer la investigación. Hoy, a través de este espacio público, que fue financiado por periodistas y miembros de una sociedad civil agraviada por la indolencia institucional, les recordamos a las titulares de las Fiscalías que la dilación de la justicia también es una forma de complicidad; la incapacidad para corregir las deficiencias históricas de sus dependencias denota una profunda insensibilidad hacia las víctimas”.
Ante la ineficacia de las autoridades, Sonia de Anda, integrante del Colectivo Yo Sí Soy Periodista, comentó que la intención es hacer más visible el caso, por lo que aprovecharon el espacio ofrecido por un empresario para colocar el cartel, cuyo diseño fue aportado por este Semanario y se imprimió con el apoyo económico del gremio periodístico, que aportó 4 mil 500 pesos.
“Ya no sabemos dónde está el expediente, unos nos dicen que todavía lo tiene la Fiscalía, otros dicen que lo remitieron a la Fiscalía General del Estado. La fiscala cada que se le pregunta dice que va a informar, nunca informa sobre este tema y tampoco responsabiliza la Fiscalía General de la República, y así están. Parece verdaderamente increíble que un crimen que fue tan visible ni siquiera el expediente, que ya pidió la familia, se mantenga solamente con el levantamiento del cuerpo, no le han agregado absolutamente nada”, manifestó Sonia, quien adelantó que este esfuerzo del gremio por mantener la memoria viva del editor de ZETA y exigir justicia por su homicidio irá escalando en visibilidad conforme vayan aumentando los años de impunidad.
Por su parte, Héctor Ortiz, hijo del editor fallecido de este medio, compartió que a más de dos décadas la tristeza, el dolor y, sobre todo, la decepción por la inacción de las autoridades continúan, por lo que agradeció la idea del colectivo para recordar al Estado la falta de justicia en el caso de su padre.
En cuanto a la última información que la autoridad les proporcionó sobre la investigación, Héctor lamentó que no han sabido nada al respecto; sin embargo, mencionó que desde el año pasado la Sociedad Interamericana de Prensa, quien ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana para que las autoridades involucradas reconozcan sus deficiencias, reparen el daño, realicen una disculpa pública y retomen la investigación penal hasta que se esclarezca y los involucrados vayan a juicio, ya se encuentra en una fase resolutiva.
“Esperamos que no pase de este año que se pueda generar una resolución, que se encuentre responsable al estado por las omisiones y que quizás llegue ante la Corte Interamericana después, para que el estado vaya a juicio”, expresó Héctor Ortiz.
¿Quién fue Francisco Javier Ortiz Franco?
Nacido en 1954 en la cuna histórica de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Francisco Javier Ortiz Franco adoptó a Tijuana como su patria chica desde muy joven, cuando emigró junto a su familia a esta frontera. Quienes compartieron redacción, café y batallas con él lo recuerdan como un hombre de una sencillez natural, pero poseedor de una mente jurídica brillante. Su profesión original era el derecho; sin embargo, las leyes pronto le resultaron insuficientes para contener la realidad de una ciudad convulsa, encontrando en el periodismo la trinchera perfecta para canalizar su pasión por la justicia.
Su formación como abogado se convirtió en su mejor arma periodística. Lejos de la improvisación, Ortiz Franco pulió una pluma sagaz con la que exponía las sistemáticas injusticias que atestiguaba en los tribunales. Escribía con la misma soltura de política que de los recovecos del sistema judicial.
Con la metamorfosis violenta de Tijuana, sus textos evolucionaron hacia la investigación profunda del crimen organizado. Francisco se movía como pez en el agua entre los pasillos de las agencias ministeriales y los juzgados penales y civiles. Su rigor técnico y su conocimiento de los códigos le permitieron tejer una sólida red de informantes en el corazón del aparato de justicia; fuentes clave que le revelaban expedientes confidenciales y averiguaciones previas a las que muy pocos tenían acceso, convirtiendo sus páginas en un espejo incómodo para el poder y la delincuencia organizada.
Sin embargo, la vida de Ortiz Franco fue truncada de manera violenta la tarde del martes 22 de junio de 2004 en Tijuana. Cuatro proyectiles impactaron su cabeza, tórax y hombro izquierdo, provocando su deceso. Los perpetradores no solo buscaban acallar su pluma; cometieron el artero crimen frente a los ojos de los hijos más jóvenes del periodista, de apenas 10 y 8 años de edad, quienes presenciaron la violenta ejecución de su padre.
Aquel martes, el periodista había acudido a una clínica de fisioterapia para recibir tratamiento por una semi-parálisis facial. Salió acompañado de sus pequeños y caminó hacia su vehículo estacionado cerca de la confluencia de las calles Río Yaqui y Río Bravo, en la colonia Revolución.
Apenas se acomodaban en la unidad —los menores en el asiento trasero— y el comunicador se colocaba el cinturón de seguridad, cuando una camioneta Jeep Cherokee color negro les cerró el paso. De ella descendió un sicario con el rostro cubierto, quien caminó decidido hacia la ventana del conductor y disparó a bocajarro, asesinando al editor en el acto.
Cometido el ataque, el homicida abordó de nuevo la camioneta, donde lo esperaban sus cómplices, emprendiendo la huida bajo la cobertura de otros vehículos que hacían las funciones de escoltas. La Jeep Cherokee fue abandonada a cuatro cuadras del sitio. Pese a que las detonaciones resonaron a solo dos calles de la comandancia de la Policía Judicial del Estado, la reacción de las autoridades fue tardía y deficiente. Estimaciones oficiales apuntaron a que por lo menos cuatro personas operaron directamente en la ejecución.
La respuesta federal llegó tres días después tras una balacera en la calle Monte Olimpo de la colonia Loma Dorada. Elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Municipal capturaron a una célula del Cártel Arellano Félix (CAF). El grupo estaba liderado por Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, quien fue detenido junto a siete de sus subordinados en posesión de un arsenal. Al día siguiente, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que dicha célula delictiva podría estar vinculada con el homicidio del editor.
Los narcotraficantes fueron trasladados a la Ciudad de México y posteriormente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “La Palma” (hoy Altiplano), en el Estado de México, pero nunca se les vinculó en algún proceso penal por el crimen de Ortiz Franco.
La Procuraduría local optó por el mutismo total y se negó a dar retroalimentación a este Semanario. Ante el silencio cómplice de las autoridades encargadas de la investigación, el equipo de editores y reporteros de ZETA inició sus propias pesquisas de campo. Fue esa investigación independiente la que puso bajo la lupa el último y más peligroso trabajo periodístico de Ortiz Franco: la exposición detallada de las entrañas, nombres y complicidades de la estructura criminal que finalmente ordenó su muerte.
Entre abril y mayo de 2004, Ortiz Franco publicó un reportaje que expuso las fotografías y las identidades de 71 miembros del CAF. Los sicarios y narcotraficantes se habían retratado, compartiendo el mismo saco y corbata, para tramitar credenciales falsas que los acreditarían como agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) —hoy FGE—; un engaño por el que pagaron 70 mil dólares.
Días antes de la publicación del reportaje, el ex policía ministerial José Encinas Filatoff visitó dos veces al editor en su oficina, pues según las libretas del fallecido, el referido personaje era su informante. El dato fue entregado a la PGJE y a su Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (UECO) tras el homicidio, a donde la averiguación previa fue destinada el 29 de junio de 2004; sin embargo, poco después, el asunto fue turnado a la recientemente creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, que ejerció su facultad de atracción y se comprometió a esclarecerlo, lo que acabó en una promesa simulada.
Otra de las teorías del crimen contra el editor de ZETA, es que el presunto autor intelectual es que detrás de la autoría intelectual del crimen podría haber estado el entonces candidato a la alcaldía de Tijuana del PRI, el empresario y millonario casinero Jorge Hank Rhon.
Esto porque, como profesional del derecho, Francisco Ortiz coadyuvaba de manera directa en el análisis periodístico y jurídico del expediente por el homicidio de Héctor “El Gato” Félix Miranda —cofundador de este semanario ejecutado en 1988—. El editor buscaba consolidar los nexos de coparticipación entre los asesinos materiales, Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, con su patrón en el Hipódromo Agua Caliente. A pesar de los indicios que vinculaban los casos, la hipótesis contra Hank Rhon fue diluida por las autoridades investigadoras.
No obstante, las presunciones se centraron inicialmente en las células operativas del CAF comandadas por Manuel Arturo Villarreal, alias “El Nalgón”, y José Briceño, alias “El Cholo”. Ambos lugartenientes de Javier Arellano Félix se vieron directamente afectados por la publicación de las 71 fotografías, pues al parecer los sujetos que se tomaron las fotografías pertenecían a esos grupos. Para ejecutar el crimen, se dijo que estos mandos habrían actuado con ayuda de pandilleros del Barrio Logan de San Diego, California.
La sospecha también recayó en Los Zetas, que había sellado una alianza con el CAF, forjada en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por la cercanía entre Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, que tenían el apoyo de los ex militares de élite. Se dijo que el tirador que ejecutó a Ortiz Franco fue Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder de ese grupo de élite militar.
El operativo criminal, perpetrado a escasas dos cuadras de la comandancia de la PGR en Tijuana, sugirió una evidente protección policiaca para facilitar la huida. Presuntamente, “El Cholo” Briceño condujo la camioneta Cherokee negra utilizada en el ataque. Para 2005, la investigación sumó a Eduardo Ronquillo Medina, alias “El Niño”, miembro del CAF, habría tenido un papel importante vigilando las actividades y movimientos del editor.
Acompañado de dos agentes judiciales, El Niño habría avisado a los sicarios sobre la ubicación de la víctima y dieron cobertura a la escapada de los ejecutores. Otros dos individuos, probablemente judiciales o Zetas, también cubrieron la huida de los sicarios. Detrás de ellos se fueron Ronquillo y todos los participantes rumbo al Bulevar Agua Caliente. Desaparecieron. El Niño fue asesinado el 6 de octubre de 2004 en Tijuana, aunque fue localizado ocho días después junto al cadáver de su medio hermano, Raúl Medina Gutiérrez.
A más de dos décadas del crimen, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas (hoy FEADLE) fracasó en la obtención de resultados, dejando el crimen sin resolver y a la familia de Ortiz Franco sin justicia.
