Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos se estableció el derecho de todas las personas a buscar asilo. El derecho de asilo y refugio mandata que los Estados parte de la ONU -como México- garanticen protección a las personas que han escapado de su lugar de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de sus derechos humanos.
Así, las personas refugiadas son aquellas que han huido de su país debido a temores fundados de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; esto incluye la persecución por parte del Estado y por parte de agentes no estatales (tales como grupos armados, paramilitares y personas de la delincuencia organizada), cuando no se garantiza la protección frente a ese daño.
Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que, cuando alguien huye de actos de discriminación severa o de trato inhumano por el rechazo a aceptar estrictos lineamientos sociales, tiene derecho a que se le tenga en consideración para la condición de refugiada. Por ello, las mujeres perseguidas por negarse a acatar normas o costumbres sociales que generan discriminación pueden acceder al refugio, como las mujeres afganas.
Pues, después de que los talibanes (grupo político y religioso ultraconservador que se rige por una estricta interpretación de la sharia o ley islámica) se apoderaron de Kabul, la capital de Afganistán, las agencias de Naciones Unidas han recibido informes de restricciones a los derechos a la educación y al libre tránsito de las mujeres. Las arraigadas y desiguales relaciones de poder entre los sexos, desencadenan actos de violencia por razón de género que limitan la participación de estas en la vida laboral y académica.
Anteriormente entre 1996 y 2001, bajo el régimen talibán, las mujeres afganas estaban sometidas a restricciones, como la prohibición a acudir a la escuela, de trabajar fuera de casa y de aparecer en público sin un hombre; durante esa época fueron normalizadas las lapidaciones de las mujeres acusadas de adulterio, así como los castigos corporales.
En suma, las mujeres afganas enfrentan grandes obstáculos para la plena realización de sus derechos. De acuerdo con los datos del ACNUR, desde el principio del año, aproximadamente 400,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Alrededor del 80% de las personas afganas que se han visto obligadas a huir recientemente son mujeres y niños.
Asimismo, durante el primer trimestre de este año, la cifra de víctimas mortales entre la población civil se ha incrementado en un 29% en comparación a 2020 y se siguen registrando combates en 32 de las 34 provincias de Afganistán.
Es de elogiarse la noticia reciente de que el Gobierno mexicano ha acogido a cinco integrantes del equipo de robótica de Afganistán que lograron salir de ahí. Así, para la protección de las personas solicitantes de refugio, el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos de protección específica, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Es de señalar también que en Tijuana existe desde hace un par de años una oficina de ACNUR.
Los derechos de las mujeres y niñas deben ir progresivamente hacia adelante, sin discriminación, por ello debemos generar empatía a favor de las mujeres que viven en contextos de violencia y los Estados Constitucionales deben tener consideración para la condición de refugiada a estas personas.
Estamos atestiguando un momento terrible en la historia moderna en medio de un escenario que revictimiza a mujeres y niñas violentadas y estigmatizadas durante generaciones, y condenadas a actos deshumanizantes que siembran terror y desesperanza en familias enteras en Afganistán.
Si bien es un tiempo de solidaridad entre Naciones para con el pueblo afgano, más bien es un tiempo de sororidad para con las mujeres y niñas de aquella parte del mundo; tiempo de empatía para ponernos en el lugar de aquellas a quienes, de un día para otro, un régimen radical y deshumanizante les niega sus derechos fundamentales.
Llamo a la sororidad hacia las mujeres que enfrentan situaciones de discriminación y de opresión; a la empatía para proteger aquellas mujeres que no reciben un trato igual; a seguir las obligaciones generales en materia de derechos humanos para ver a todas las personas sin ningún prejuicio o estigma por su país de origen.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
