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sábado, febrero 17, 2024
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Ayuntamiento de La Paz obstaculizó trámite de pensión a joven discapacitado

Más de dos meses tardó Daniel en obtener las firmas para el trámite del estipendio que le corresponde por la muerte de su madre, quien contrajo COVID-19 en su puesto laboral

Irene Trasviña Mendoza era una empleada del Ayuntamiento de La Paz que se desempeñaba como secretaria de despacho en la oficina del secretario particular del alcalde Rubén Muñoz Álvarez. En enero de este año, falleció por COVID-19, luego que se registrara un brote de contagios en su área. Desde entonces, su familia inició una lucha para que el Municipio reconociera que su deceso fue por riesgo laboral.


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Ana María Mendoza Verdugo, madre de Irene, encabezó la batalla contra autoridades del Ayuntamiento que se negaban a reconocer que la secretaria se contagió del nuevo coronavirus mientras trabajaba. Sin las debidas firmas que avalan el riesgo laboral, el hijo de Irene, que tiene discapacidad, recibiría la mitad de la pensión que le corresponde, en lugar del 100%.

Ana María expone que los jefes inmediatos de Irene insisten en que ella estaba trabajando escalonadamente, sin embargo, niega que haya sido así.

“Ayer nos presentaron un acta donde hay cosas que no son ciertas. Lo último que leí, es que Irene estaba trabajando escalonadamente; Irene estaba trabajando corrido, no escalonadamente. El último día, el 17 de diciembre, llegó a casa con síntomas de gripa y ya no se levantó. Saqué de su teléfono que fue al médico, los síntomas que tuvo. El 24 de diciembre ya la internaron grave”, dijo Ana María ante diversos medios de comunicación.


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Daniel Estrada Trasviña, hijo de Irene Trasviña.

En sus manos tiene las pruebas del contagio masivo que hubo en presidencia en diciembre de 2020, lo que demuestra el riesgo laboral.

Irene tenía un hijo, José Daniel Estrada Trasviña, de 21 años de edad. Nació prematuro, tiene una parálisis cerebral que le afecta en su motricidad. Aunque depende de una silla de ruedas, ha continuado estudiando.

Ya que Irene era el único sustento de Daniel, su abuela comenzó en mayo el trámite para solicitar la pensión que le corresponde y así pagar las fisioterapias que requiere el joven. La negativa principal, acusa, provino del jefe inmediato, Antonio Wilson.

“Quedé aturdida por la muerte de mi hija porque fue muy rápido, me desperté y me di cuenta que no había ni un trámite de nada: ni de la pensión, ni del seguro de vida, ni de la casa de Fovissste que estaba pagando. Hace unos dos meses, me fui a ISSSTE a arreglar lo de la pensión y me mandaron a Medicina del Trabajo, ahí me dieron unos formatos para que los trajera con el jefe inmediato de Irene, que los llenara, los firmara y me diera un acta de hechos de que aquí se contagió”, compartió.

Su hija estaba pagando un pequeño seguro, al que tampoco han tenido acceso, ya que la compañía aseguradora se niega a dispensar, debido a que el Ayuntamiento no cumplió con las aportaciones que le descontaba quincenalmente a la secretaria.

“Le comenté al presidente municipal del seguro de vida, que la aseguradora no me quería pagar porque ellos no pagaron. Quedó muy formalmente hace un mes que lo iba a pagar él, y a la fecha no lo han pagado”, exhibió.

Para evidenciar este caso, ella y sus hijos recibieron apoyo de amigos y familiares, sin embargo, asegura no haber visto intervención del Sindicato de Burócratas de La Paz.

“Aquí anduvo el líder sindical con el problema de los trabajadores que no les pagaban, nomás me saludó, pero me vio invisible”, dijo.

 

AUTORIDADES SE NEGABAN A RECONOCER RIESGO LABORAL

Al ser entrevistado, el secretario particular de presidencia, Antonio Wilson Pérez, manifestó desconocer por qué no se había firmado el documento que solicitaba la familia para el trámite de la pensión.

Al igual que el director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, Humberto Montiel Padilla, se negó a reconocer que la muerte de Irene provino de un riesgo laboral, aunque admitió que sí se registró el brote masivo en las oficinas que dirige.

“De hecho han trabajado escalonado, mitad del equipo una semana y mitad del equipo otra semana. Se les convocó, pero por mi parte les pedí que no regresaran a trabajar hasta el 25 de enero. No hay un documento o algo que nos diga que fue en tal día, tal hora o tal lugar. O tú dime, ¿sabes dónde te puedes contagiar, dónde te contagiaste, a qué hora, quién te contagió y cómo? No lo sabemos”, cuestionó.

Alegó que se trata de un tema jurídico y que las autoridades estaban en la mejor disposición de ayudar a Daniel y a su abuela.

Por su parte, Humberto Montiel Padilla comunicó que hablar de riesgo de trabajo en el caso de Irene será competencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para hacer la evaluación conducente.

“Habría que precisar, no es que sea correcto o incorrecto. Son eventos que nosotros no podemos objetivizar, no es para guardar un equilibrio procesal entre trabajador y parte patronal. Lo que hace el patrón es suscribir un documento donde, dentro del término legal, se pone en conocimiento al Instituto de las causas que pueden ser probables circunstancias de trabajo, pero es justamente una probabilidad, la Ley no vincula a la patronal para reconocer que ciertamente existe un riesgo de trabajo”, declaró.

El acta del caso de Irene surgió de documentos oficiales, en virtud del tratamiento y seguimiento de las reglas sanitarias que se impusieron por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

“Nos basamos en los hechos, en los elementos fácticos que ocurrieron en el momento”, reiteró.

 

TRAS EXHIBIR EL CASO, DANIEL LOGRÓ PENSIÓN DEL 100%

Poco después de la manifestación en el Ayuntamiento de La Paz, Daniel Estrada Trasviña realizó una publicación en redes sociales para dar a conocer que las autoridades accedieron a reconocer el riesgo laboral que enfrentó su madre.

Al firmar los documentos correspondientes, el joven podrá continuar el trámite para recibir una pensión del total del sueldo de Irene.

Los familiares agradecieron a la sociedad paceña que los apoyó en esta lucha por el reconcomiendo por los derechos laborales de Irene.

Autor(a)

Gilberto Santiesteban
Gilberto Santiesteban
Reportero sudcaliforniano, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Me dedico sobre todo a dar voz y cobertura a las causas ciudadanas en mi estado. Ante todo creo en la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluyendo las responsabilidades y retribuciones que estas conllevan.
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