Por las acusaciones de Emilio Lozoya, Ricardo Anaya Cortés
respondió al citatorio de la FGR para comparecer ante un
juez federal por videoconferencia. De su autoexilio el 21 de
agosto, acusó que el Presidente López Obrador lo quiere
“meter a la cárcel”. El mandatario recomendó que no huyera
y que se defendiera “con la fuerza de la verdad”, aunque el
panista no tuvo acceso a la carpeta de investigación. Abogado
refirió que exiliarse es un derecho. Panistas acusan
persecución política
Previo a que la Fiscalía General de la República lo citara a comparecer en razón de que supuestamente recibió 6.8 millones de pesos a cambio de votar por la Reforma Energética de 2013, Ricardo Anaya Cortés optó por exiliarse. Acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo quería meter a la cárcel “por los dichos de un delincuente (el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, quien formuló la denuncia en su contra). Incumplir con el citatorio de la FGR implicaba la posibilidad de hacerse objeto de una orden de captura. Sin embargo, el día de la comparecencia, el panista se valió del formato de videoconferencia para presentarse ante un juez federal destacado en el Reclusorio Norte.
Ante el autoexilio de Anaya Cortés, AMLO había demandado que no se amparara ni huyera. “Que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”, planteó el titular del Ejecutivo en un mensaje vía red social el 21 de agosto. Ello con el pormenor de que el ex dirigente del PAN no había accedido al expediente, tal como observó el abogado Juan Marcos Gutiérrez, quien el miércoles 25 fue consultado por ZETA al respecto.
“Hasta donde entiendo hace unas horas (su defensa) estaba exigiendo todavía acceso a la carpeta; tú puedes aportar pruebas en cualquier momento y una vez imputado puedes aportar ahí algunas evidencias”, refirió el ex diputado federal por el Partido Acción Nacional.
Durante la audiencia, celebrada el jueves 26 por la mañana, y en la que la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR igualmente tuvieron presencia vía remota, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor dio por sentado que Anaya Cortés no había tenido acceso a la carpeta de investigación. De ahí que reprogramara la diligencia para el 4 de octubre. Por otro lado, La Fiscalía señaló que el ex candidato presidencial se hallaba fuera del país. El juzgador indicó que celebrándose la comparecencia en la modalidad virtual, las partes deben encontrarse en territorio nacional para efectos de la conexión correspondiente.
El mismo día de la audiencia, López Obrador opinó en conferencia de prensa matutina que Anaya Cortés debía aclarar si recibió dinero o no de Lozoya Austin. Aseguró que él no tenía algo que ver con la denuncia formulada el 11 de agosto de 2020 por el ex director de Pemex, quien ese año fue arrestado luego de que ejecutivos de la constructora Odebrecht lo señalaran de haber recibido 10 millones de dólares entre 2012 y 2016, a cambio de otorgarle contratos a la empresa brasileña en su calidad de directivo de la paraestatal mexicana. En lo que compete al político chihuahuense, adquirió estatus de testigo protegido y como medida cautelar a enfrentar se le ordenó portar brazalete electrónico.
A propósito de la implicación de Anaya Cortés, quien figura en una lista de 71 personas denunciadas por Emilio Lozoya, AMLO aseveró: “No hay persecución en este gobierno, pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando es el cambio de mentalidad y la no repetición; nunca más todas estas historias que avergüenzan. Imagínense, legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo a particulares”.
Atribuyó a Anaya Cortés vínculos con el ex presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), en cuyo sexenio Lozoya Austin se desempeñó al frente de Petróleos Mexicanos. López Obrador expuso en alusión al panista: “va subiendo, sintiendo, subiendo, le ayuda en todo [a Peña Nieto], a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex lo acusa de recibir dinero”.
En cuanto al consabido expediente, el diputado federal del PAN Juan Carlos Romero Hicks declaró que él y otros legisladores solicitaron acceso al documento y que el subprocurador para la Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, se los negó bajo el argumento de que aún no se contaba con las copias correspondientes, de modo que el legislador panista deploró que se haya solicitado la audiencia cuando la carpeta no estaba disponible para su distribución.
EL AUTOEXILIO “ES UN DERECHO”: ABOGADO
El abogado Juan Marcos Gutiérrez González justificó el exilio al que apeló Anaya Cortés, toda vez que “perseguir la libertad, así te esté buscando la justicia”, constituye “un derecho humano”.
Estimó que exiliarse constituía una alternativa y que “otra opción era presentarse al juzgado”. No obstante, agregó que “todos podemos imaginar que le iban aplicar la fórmula del senador Lavalle, al negar bajo cualquier tontería y con la capacidad de presión que tiene el Ejecutivo sobre un tramo del Poder Judicial, para exigir una prisión preventiva justificada, entre comillas”.
El 13 de abril de 2021, a Jorge Luis Lavalle Maury (ex senador de la República por el Partido Acción Nacional) se le dictó auto de vinculación a proceso, en vista de que presuntamente incurrió en asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ante la presunción de haber sido sobornado por Lozoya Austin en un afán de que aprobara la Reforma Energética.
En el caso de Lavalle Maury, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó la subsistencia de prisión preventiva en tanto durara el proceso.
Gutiérrez González mencionó que, con todo y que “el sistema que tenemos” está “diseñado para evitar la cárcel preventiva lo más que se pueda”, la actual administración “le ha dado mal nombre al Nuevo Sistema Acusatorio Penal y han abusado de la figura tanto para tener libre a personajes como Mario Villanueva, la profesora Elba Esther [Gordillo] y otro grupo de notables como para tener a contentillo en la cárcel a un Lavalle o a Rosario Robles [quien fungiera como secretaria de Estado en el sexenio peñista]”.
A decir del entrevistado, “una fianza, una serie de garantías y una batería de las herramientas que te da la propia ley sería más que suficiente”, sin embargo, dijo que “el trofeo político es tenerlo tras las rejas contrariando el principio de que eres inocente hasta que te demuestren lo contrario”.
Gutiérrez González estimó que “en este país no hay garantías de piso parejo” y explicó que el propio Anaya Cortés “lo ha señalado con un ejemplo que aunque le molesta al presidente es patente”. En tal sentido, aludió a que “hay evidencias (vídeo-gráficas) de los hermanos [de AMLO, Pío y Martín] recibiendo efectivo”, de manos de David León Romero, quien fuera funcionario público en la presente administración federal.
El ex legislador por la Circunscripción 1 comparó: “Acá la diferencia es que se dice ‘se le dio tanto al señor Ricardo Anaya’. ¿Quién lo dice?, un tipo que está acusado y que está negociando su libertad con tal de señalar con el dedo a otros; obviamente su testimonio tiene poca credibilidad, ¿pero dónde están los tales millones?, ¿dónde están expresados en gastos?, ¿en una inversión?, ¿en algo? Para bien o para mal, todo lo que se le acusó durante la campaña del 18 ya quedó aclarado”.
Previo a las campañas de 2018, el aspirante panista había sido acusado de corrupción por el Ministerio Público, sin que llegaran a existir “datos de pruebas suficientes”, de tal forma que en 2019 fue exonerado.
Sobre la presunta entrega de seis millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya por instrucción de Luis Videgaray Caso (ex secretario de Hacienda), Emilio Lozoya declaró que tuvo lugar la primera semana de agosto de 2014, periodo en el que el panista gozaba de licencia como diputado federal.
A propósito, Anaya Cortés publicó en Twitter el 25 de agosto que su voto “fue 8 meses antes de la supuesta entrega, no después”.
“Hay otra incongruencia, otra vez. En primer orden no hay evidencia de tal dinero; segundo, no hay una secuencia lógica en los tiempos, porque el voto que él emitió para la tal reforma ocurre en equis fecha y los presuntos testigos dicen que recibió el recurso seis, ocho meses después; entonces eso no guarda lógica”, opinó Juan Marcos Gutiérrez.
En un comunicado la FGR señaló que Emilio “N” entregó a Ricardo “N” los seis millones 800 mil pesos en la Cámara de Diputados por medio de una persona de confianza, Norberto “N” (Gallardo Vargas, colaborador de Lozoya Austin), y que en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados quedó constancia de que el panista votó a favor de la Reforma Energética.
“Por lo regular un soborno -en su mecánica- es inmediato antes o después; yo no estoy diciendo que es primero el voto o la lana, pero difícilmente te dan seis millones ahorita para que votes dentro de un año o viceversa”, asumió Gutiérrez González.
A decir del entrevistado, “el Ejecutivo no solamente está gobernando desde las (conferencias) mañaneras, sino que esté dictando carpetas de investigación en las mañaneras; lo que sí es inaudito, inaceptable, la intervención del Presidente ya verdaderamente fuera de todo parámetro respecto a lo que le toca a la Fiscalía”.
En cuanto a sus expectativas de la acusación a Anaya Cortés, el litigante expresó: “Insisto en un detalle técnico; mientras no haya una expresión económica o patrimonial en el acusado, es difícil, casi imposible, que pueda prosperar un delito de naturaleza económica. El cohecho, el enriquecimiento ilícito, tiene que haber una coincidencia de valores, tiene que haber un crecimiento patrimonial; no lo hay y tenemos casos en que sí lo hay”.
“PRESIDENTE UTILIZA A INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR”: PAN
El dirigente del Partido Acción Nacional en Tijuana, Luis Rodolfo Enríquez Martínez, aseguró que Andrés Manuel López Obrador trae a Anaya Cortés “entre ceja y ceja, porque evidentemente ve a Ricardo como una posibilidad de ser el próximo candidato, y sin duda el próximo presidente de México. Y le da pavor”.
Consultado por este Semanario, el ex diputado federal por el distrito 6 definió a López Obrador como “una persona vengativa que cuando no cumple sus caprichos utiliza a las instituciones para agredir, para perseguir a quien no piensa como él”.
Criticó que tras las acusaciones de las que se hizo objeto, “el ex director de Pemex está en su casa, a gusto, negociando con el Gobierno Federal, para poder salvarse él e involucrar a quien tenga que involucrar”. Definió a Lozoya Austin como “un instrumento del Presidente de la República para atacar a sus adversarios”.
Consideró que “el PAN va a apoyar a Ricardo Anaya mientras no haya una resolución que acredite que él tiene una responsabilidad”.
La secretaria de Promoción Política de la Mujer en el PAN a nivel estatal, Rosalba López Regalado, consideró que el citatorio a Anaya Cortés tuvo que ver con un “circo”, habida cuenta de que en el Gobierno Federal “pudieran verlo como un posible contendiente que ya recorrió la república, que ya hizo campaña a nivel nacional”.
Afirmó que tal “ha sido la política de Morena” en el sentido de que “quien asume la cabeza trata por lo menos, si no tienen evidencias, de untarle lodo”.
Finalmente indicó que “si tienen los elementos suficientes” para proceder en contra del ex candidato presidencial, los panistas no van a salir a la defensa. “Nunca vamos a defender a nadie que haya cometido un ilícito; siempre vamos a estar viendo por un respeto irrestricto al cumplimiento de la ley, que nadie esté fuera de la ley”, remató.
Olga se fue de la SEGOB, con más pena que gloria
Dejó el cargo tras 33 meses, en los que tuvo una nula operación política, a pesar de que ella era, supuestamente, la encargada de la política interior del país. Su jefe directo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no la dejó ejercer ningún protagonismo, tal como lo hace, con todos los miembros del gabinete del Gobierno Federal.
Ahora deja la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para volver a su escaño en el Senado. “Fueron tiempos intensos”, resumió la ex ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el video de despedida grabado en el Palacio Nacional y publicado en redes sociales junto al titular del Poder Ejecutivo y su relevo en el cargo, Adán Augusto López Hernández, todavía gobernador de Tabasco, que pedirá licencia en pocas horas.
“Intensos porque así es también la gran transformación que usted está encabezando y con la que estoy plenamente comprometida y con la que continuaré desde el Senado”, añadió Sánchez Cordero Dávila tras el anuncio oficial de López Obrador, que admitió que en su momento tuvo que convencerla porque “quería dejar el antecedente de que una mujer pudiera ocupar por primera vez ese cargo”, una funcionaria que “me ha ayudado mucho, la estimo. Ha sido leal”, dijo el Presidente.
En su regreso al Senado, Sánchez Cordero Dávila se perfila como futura presidenta de la Cámara alta, postulada por Morena, cargo desde donde deberá alcanzar acuerdos con los partidos de oposición para sacar a adelante las reformas estructurales pendientes que pretende López Obrador, entre ellas la electoral -ya que tiene una guerra declarada contra el INE y el TEPJF-, además de que la Guardia Nacional pase a ser de la Sedena, y, otra, con la que se buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La política interior de este país tendrá una visión distinta, la de los ojos de una mujer”, afirmó Sánchez Cordero Dávila el 1 de diciembre de 2018, durante la toma de posesión de su nuevo cargo. Se convertía así en la primera mujer en alcanzar la SEGOB, luego de que también fuera también la primera ministra de la SCJN -entre 1995 y 2015- y antes, en 1984, la primera mujer notaria en México. Sin embargo, su promesa de implementar una perspectiva de género en la agenda oficial no rindió frutos, ni siquiera dentro de los movimientos feministas, que se lo volvieron en contra, a ella y a su jefe, quien las descalificó y las tildó de ser utilizadas y/o manipuladas por políticos conservadores.
Otra raya al tigre fue que no pudo manejar la política migratoria, ello a pesar de que el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB. No obstante, el que manejó todo ese tema fue el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que tuvo que lidiar con Donald Trump que orilló a una crisis diplomática con EE.UU., que amenazaba con imponer duros aranceles a las exportaciones mexicanas.
La ministra en retiro tampoco dio resultados en seguridad pública, ya que López Obrador ordenó desmantelar la Policía Federal (PF) -que dependía de la SEGOB-, corporación a la que tildó de corrupta, por haber sido creada por Genaro García Luna, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, su némesis. Sánchez Cordero Dávila tampoco logró un sustancial avance en materia de derechos humanos.
La gota que derramó el vaso fue que se le cayó el periodo extraordinario para la revocación de mandato, que ella operó a petición del político tabasqueño. Antes se le había venido abajo la ampliación de mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Y así se fue, sin pena ni gloria. “Y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho”, le dijo el Presidente López Obrador, para luego abrazar a “su compañero entrañable”, su “paisano”, su “amigo”, Adán Augusto, el nuevo secretario de gobernación.
