Tijuana lidera el censo, con 20 mil unidades, seguida de Ensenada y Mexicali
Luego que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que próximamente se regularizarán los llamados autos chocolate, Alejandro Velasco Paredes, director del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec), señaló que incrementó “considerablemente” el número de personas que acuden a registrar su vehículo en situación irregular de procedencia extranjera.
Al cierre de esta edición -jueves 8 de julio-, el Invec había censado alrededor de 44 mil 600 unidades de modelos que oscilaban entre los años 1990 y 2016 en todo el territorio bajacaliforniano. La mayoría, con una antigüedad mayor a nueve años.
Tijuana es el municipio con más unidades registradas, con alrededor de 20 mil; seguido de Ensenada (10 mil 500), Mexicali (9 mil 500), Playas de Rosarito (2 mil 874) y Tecate (mil 751).
Según uno de los funcionarios que lo atiende, el incremento se ha observado en el Módulo del Invec de la colonia 20 de Noviembre de Tijuana, ya que antes de la gira de López Obrador a Baja California, hacían hasta 30 registros y “ahora, de 50 a 70”.
Los conductores que deseen registrar su vehículo deben presentar licencia vigente, comprobante de domicilio, el auto para la toma de fotografías y revisión de serie, así como el título del mismo, dar un correo electrónico y pagar mil pesos.
El ciudadano Miguel Ángel González acudió al módulo para registrar su camioneta Jeep Liberty modelo 2008, la cual adquirió hace tres meses. Se pronunció a favor del censo, aunque por el trámite previó gastar 2 mil pesos. Mil que cuesta el censo y otro tanto para “sacar la aseguranza (sic)”.
González no ha podido importar su camioneta porque le cobran más de dos mil dólares, “a los carros que sí pasan, como los de 2013, les están cobrando mil 300 dólares, yo pago los mil 300, pero como mi carro es viejo, me quieren cobrar mil dólares más y no es justo, por eso veo bien la regularización del Presidente”, compartió con ZETA.
En declaraciones a este Semanario, el director del Invec aseguró que, si bien la regularización anunciada por López Obrador es aparte, “va de la mano” con el censo y será “un requisito para el tema de la regularización el que estén censados, el Instituto solo ve el tema del censo y, ya cuando venga la regularización, lo primero que van a pedir es que estén en el censo, que sean parte de la gente que ya tenemos detectada, que se ha registrado y tenemos sus datos”, complementó Velasco Paredes.
Versión que contrasta con la del secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan, quien ha afirmado que el censo y el programa de regularización son cosas distintas y “no tiene nada qué ver una cosa con la otra”, y que no es necesario estar inscrito en el censo para acceder al programa de regularización.
El 5 de julio, el Ayuntamiento de Tijuana y el Invec signaron un convenio de colaboración con el fin de contribuir “en la protección del patrimonio de los usuarios, así como de mitigar la polución del aire”.
En dicho evento, la alcaldesa de Tijuana, Karla Patricia Ruiz Macfarland, comentó que siempre le ha apostado a la regularización: “Este es el primer paso para todas aquellas personas que tienen vehículos conocidos como chocolate, y de cometer alguna infracción, para que nuestros elementos viales reconozcan con el engomado que los represente, que no son robados, que sí tienen dueño y pueden ser reclamados”.
A propósito, Alejandro Velasco explicó que el convenio entre la institución que dirige y el Ayuntamiento, es para intercambiar información y “que el Municipio reconozca el certificado que nosotros damos, y puedan circular libremente los autos que estén censados en Tijuana”.
Situación que viola descaradamente el Anexo 8 de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, celebrado entre los gobiernos Federal y del Estado en 2016, con el que la entidad se comprometió en la vigilancia de mercancías de procedencia extranjera, incluyendo los vehículos. Además de transgredir la Ley Aduanera.
Como se recordará, tras la creación del Invec, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, pidió anular la Ley que crea al Instituto o al menos invalidar 17 de los 30 artículos que la conforman, mediante una acción de inconstitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el Estado invadió competencia federal.
Entre los argumentos que esgrimió la Consejería Jurídica para pedir la invalidación de la Ley que crea el Invec, está justamente que el censo da lugar a la expedición de los medios de identificación vehicular, “infiriéndose de lo anterior un exceso por parte del Congreso local de sus funciones legislativas, invadiendo ámbitos competenciales, al ser una potestad federal la regulación de autos de procedencia extranjera, así como cualquier cobro relacionado con los efectos de bienes extranjeros, quedando prohibido a los estados cualquier forma de recaudación en este sentido”.
Sobre el dinero recaudado por el Invec por el censo (más de 44 millones de pesos), Velasco Paredes aclaró que se va al Estado, “todavía no tenemos determinado para qué va a utilizarse, ya dijo el Presidente que se va a quedar aquí en el Estado para obras, para educación, todavía no se determina eso”, reiteró.
En la edición anterior de ZETA se informó que Guillermo Rosales Zárate, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), había solicitado una audiencia con el primer mandatario mexicano para esgrimir sus argumentos, en aras de que reconsidere la regularización; sin embargo, hasta el 7 de julio no hubo respuesta por parte de Palacio Nacional.
