Los números de los que hablaremos corresponden al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, así que serán porcentajes promedio, porque la cantidad de diputados de cada partido en los Congresos aún se está definiendo.
Pero si atendemos los números y la historia reciente, Morena aún puede tener su mayoría absoluta que le permita controlar la presidencia del Congreso por tres años.
Sin embargo, para las reformas constitucionales en el ámbito nacional, que requieren mayoría calificada, sí tendrá más problemas. En el periodo anterior debía convencer, atraer o comprar la voluntad de 19 o más legisladores de partidos opositores. El próximo trienio será más complicado o más oneroso, al necesitar 55 diputados adicionales, más o menos.
En este marco, los legisladores aventureros podrán vender más caro su amor. O de verdad, ponerse trabajar para que, primero, el parlamento sea un poder, y después, puede ser aliado, pero jamás cómplice de un gobierno ante el cual se someta sin cumplir su función de supervisión y contrapeso.
Tras los resultados del 6 de junio, en términos reales, no se puede decir que el movimiento que tiene como cabeza al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya perdió su mayoría absoluta, esa mitad de las 500 curules más uno, porque aún puede conseguir esos 251 diputados en la Cámara de Diputados.
Recordemos que en 2018 los ciudadanos tampoco le concedieron la mitad de los votos de la Cámara. Morena logró 187 escaños, pero alcanzó la mayoría absoluta a través del “chapulineo”, después que 29 legisladores del PT, 31 del PES y cinco del PVEM se pasaron a la bancada del partido oficial, logrando así los 251 votos.
Con los sufragios de sus partidos satélite, el PT y PES, llegó a los 304. Con el PVEM de su lado, podía adicionar otros once. Al final, solo necesitaba convencer a otros 19 para lograr sus reformas constitucionales o de “gran calado”, como las llama AMLO.
Este 2021, PRD y PES perdieron representatividad, pero según los expertos, Morena alcanzará entre 190 y 203 escaños. Con estas cifras, de entrada, ya tuvo números ligeramente mejores que hace tres años. Para la mayoría absoluta necesitaría que sus partidos satélites le donen alrededor de 50 diputados o que estos den el brinco. En 2018 se agenció 65 votantes extras, así que no es tan descabellado.
En el ámbito federal, aunque el panorama en términos de servilismo parlamentario mejoró en cuanto a lo que es posible, con todo y las cuentas alegres de panistas y priistas que hablan de un equilibrio de fuerzas, la verdad es que el partido en el gobierno aún está en posición de abusar del poder. De cambiar la Constitución violentando las leyes existentes y el Estado de Derecho, con el apoyo de los serviles de otros partidos a quienes evidentemente los ciudadanos deberán tener bajo la lupa.
En Baja California los votos dejaron las cosas simples y claras: todo para Morena, a pesar de todas las veces que el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su Congreso intentaron violentar la Constitución, dándole trabajo extra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Podrán hacer lo que les venga en gana porque, para reformas constitucionales, tiene 17 y necesitan 18 votos. Obvio, sus decisiones siempre podrán terminar ante la SCJN, como ha sucedido.
Para empezar, repiten diputados que nunca se opusieron al gobernador: Víctor Navarro, del Distrito 2; Gloria Miramontes, del 13; Julia González Quiroz, del 10; Claudia Agatón, del 16 Y Ramón Vázquez por el 12. Él llegó a suplir a Catalino Zavala y en su toma de posesión estuvo presente el gobernador Bonilla, así que mida el Lector las lealtades.
Entre los que repiten, destacan dos diputados que obtuvieron una buena cantidad de votos, quedando en segundo lugar: Cesar Vázquez en el Distrito 7, quien con 29 mil 600 votos, alcanzó el 54.43 % y va por su tercer trienio en el presupuesto legislativo; y Juan Manuel Molina en el Distrito 5, que con apenas 19 mil 500 sufragios, obtuvo el 54.9% y va por su cuarto periodo -con diferentes partidos-. Ha sido el encargado de moldear, cabildear y negociar todas las propuestas legislativas bonillistas.
Los mejores números los alcanzó -en el PREP- Aracely Geraldo en el Distrito 14, quien con más de 30 mil votos y el 61% de las preferencias, también repite.
Los nuevos son: Manuel Guerrero, fundador de Morena, por el Distrito 1; en 2019 intentó ser postulado a diputado federal sin éxito, y fue electo dirigente del Sindicato de Burócratas de Mexicali hasta febrero de 2023. Alejandra Ang (ex regidora morenistas) estará en el 3 y Michel Sánchez Allende en el 4, ambas ex funcionarias con la nueva gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
César Adrián García quien trabajó en el ayuntamiento del priista Jorge Astiazarán y era regidor de Morena en Tijuana antes de lanzarse por la diputación del Distrito 6; Sergio Moctezuma, quien se dio a conocer en la organización civil, Procuraduría de los Derechos del Consumidor y dejó la Secretaría del Trabajo para buscar la candidatura del 8.
También el ex senador Marco Blásquez por el 9, trabajador de PSN, empresa de Bonilla; Evelyn Vázquez, operadora y coordinadora en la Secretaría de Bienestar Tijuana, a quien le destacaron sus vínculos indígenas para suplir al Ismael Burgueño, opositor del gobernador; Rocío Adame en el 15, ex secretaria de organización, consejera estatal, fundadora de Morena, lopezobradorista desde 2006 y quien aspiraba a la alcaldía de Rosarito.
Finalmente, Dunnia Montserrat Murillo López llega con 56% de la votación sin hacer campaña, después que Miriam Cano fuera retirada por usurpar una candidatura indígena.
Con este resultado, solo les interesa un voto de los plurinominales, para tener los 18 de la mayoría calificada.
Aunque lo que viene parece demasiado obvio. De nuevo toca a la sociedad organizada -que sabe que el poder absoluto corrompe absolutamente- cuestionarlos y vigilarlos, reclamarles si usan su voto como moneda de cambio, o si se oponen al Estado solo en favor de intereses político-partidistas.
Y respaldarlos, si por algún poder superior, deciden oponerse “con toda fuerza y convicción” a las violaciones “flagrante, innecesaria y absolutamente revertible” de la Constitución, como argumentó el morenista Porfirio Muñoz Ledo al rechazar, en abril de 2021, frente a la reforma que implica la extensión de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
