De entre los 48 detenidos por delitos electorales, algunos decidieron hablar a cambio de criterios de oportunidad. Mencionaron que los reclutaron, que les ofrecieron dinero y los organizaron para inhibir el voto. En Mexicali, el grupo de choque sumaba más de 100 participantes. Las cabezas que dejaron en las casillas de Tijuana correspondían a cadáveres congelados. Versiones de los capturados coinciden con los datos de inteligencia que ubican a los cuates Vera Ayala, hijos del jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon como “operadores políticos”, y el uso de delincuentes al servicio de Jesús Alexander Sánchez Félix “El Ruso” en la jornada de violencia electoral
Los apellidos de los hermanos Vera Ayala, Jorge Mario y Jerónimo, y el nombre de la empresa Caliente, salieron a relucir en las investigaciones iniciadas por los delitos electorales cometidos el 6 de junio en Baja California.
Pese a que parte de la información está manifiesta de manera oficial en las carpetas de las indagatorias, y se respalda con trabajo de Inteligencia, se pudo saber que el dato fue puesto en duda por el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
Esto, aunque hace cuatro años el Ministerio Público investigó a los gemelos como unos de los sospechosos del ataque con arma larga perpetrado en su contra el 10 de noviembre de 2016, por un amparo que salió mal, llevado por abogados de “El Titi” en contra de los hermanos Jerónimo y Jorge Vera Ayala por el delito de posesión de armas.
Los gemelos son hijos de Antonio Vera Palestina, sentenciado a 25 años de prisión y liberado en 2015 por el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, cometido en abril de 1988. Vera era el jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon al momento del crimen contra el periodista, posición a la que regresó tras ser liberado.
La violencia electoral en los comicios de 2021 abarcó desde el robo hasta la quema de urnas y papeletas, disparos en inmuebles donde la ciudadanía ejercía el sufragio, agresiones físicas a funcionarios electorales y el depósito de restos humanos en algunas casillas o en las inmediaciones de las mismas.
El objetivo de la violencia: inhibir el voto y, de ser posible, causar suficientes problemas en el 7% de las urnas, como para anular la elección.
En este caso necesitaban que se invalidaran las votaciones en 348 de las 4 mil 977, y de acuerdo con el fiscal general de Baja California, “solamente hubo hechos delictivos en 14 de ellas”, lo cual los dejó muy lejos de su objetivo.
Pero más allá del optimismo del fiscal compartido con el gobernador, que calificó la violencia como incidentes menores, es un hecho que en la historia electoral reciente de Baja California, de 1989 a la fecha, no ha habido otras elecciones con mayor demostración de violencia en la entidad.
Los planes eran ejercer mayor violencia, “pero se desinflaron” después de la captura de 28 personas en la casa ubicada entre Oaxaca y Cócorit en el fraccionamiento Misión de San Diego, en el que los detenidos revelaron que les estaban pagando para generar miedo y llevarse las urnas -500 pesos a los de a pie- y mil pesos a los que pusieran su carro. Operaban desde diferentes casas y eran alrededor de 120 los reclutados como parte del grupo de choque.
En Mexicali, donde la alcaldesa suplente ha denunciado irregularidades cometidas por la administración de la hoy gobernadora electa, Marina Ávila -lo que le ha generado distanciamiento con el gobernador y con Morena-, los policías municipales están siendo investigados por las autoridades integradas a las Mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad, al tener informes de que en ciertas zonas, los municipales recibieron la orden de replegarse y no hicieron presencia en las áreas de conflicto hasta pasado el mediodía.
“Por eso la mayoría de las capturas las hicieron los mismos ciudadanos que estaban en las filas o los funcionarios de casilla. O la aprehensión de los 21, incluidas seis mujeres y cuatro menores de edad, con 19 autos, que fueron capturados por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad Investigación porque el helicóptero del Estado les dio seguimiento”, explicó un agente.
La nave fue utilizada para temas de seguridad en la Capital, luego de movilizar a varios funcionarios a Mexicali relacionados con actividades políticas.
Según información vertida en el proceso, los hombres capturados presuntamente tenían una clave para entregar a policías municipales -en caso de ser sorprendidos- para que fueran liberados en caso de que los detuvieran, pero al ser aprehendidos por ciudadanos y procesados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), fueron asegurados y procesados.
INVESTIGAN A POLICÍAS Y VENDEDORES DE DROGA DE “LOS MAYOS”
Durante la jornada de violencia electoral ocurrida en Mexicali el domingo, también fue aludida la participación de policías municipales corruptos, ligados a grupos delictivos que sirven a Jesús Alexander Sánchez Félix “El Ruso”, lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada, de quien aseguran, tuvo por lo menos dos reuniones con uno de los ahijados del empresario, haciendo las veces de “operador político” y le habría prometido al narcotraficante protección de la Fiscalía General del Estado si el candidato a gobernador, Jorge Hank Rhon, se convertía en titular del Poder Ejecutivo.
Ninguno de los capturados refiere haber recibido dinero, instrucciones o tenido contacto directamente del ex alcalde de Tijuana y ex residente del Centro de Reinserción Social El Hongo, “pero todos los caminos conducen al hipódromo”, ironizó un investigador al recordar la frase del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, al referirse a la investigación del homicidio en 1988 de Héctor Félix, codirector fundador de ZETA.
Las mismas versiones advierten que la principal razón por la que el grupo que intentó violentar las elecciones, se acercó a “El Ruso” porque es el que ejerce mayor control sobre los policías locales y estatales de la Capital bajacaliforniana, y por la evidente disponibilidad de delincuentes menores que sirvieran como carne de cañón.
“Acordaron con ‘Los Mayos’, pero igual lo hubieran hecho con ‘Los Chapitos’ si estos tuvieran mayores ligas con las autoridades, porque en Tijuana los actos violentos se generaron en diferentes zonas donde predominan diferentes células de diferentes cárteles”, expuso un investigador de las áreas de Inteligencia de las Mesas de Coordinación, quien afirma, los jóvenes Vera siguen siendo investigados por personal de seguridad en ambos lados de la frontera como sospechosos de estar relacionados con grupos dedicados al trasiego y venta de enervante, ya que les compran mercancía que cruzan a Estados Unidos con mulas ciegas.
LOS VERA AYALA
De acuerdo con los antecedentes, Jorge Vera Ayala se mantiene en calidad de prófugo, investigado por el homicidio de Martín Camacho, un sanluisino asesinado en 2010 en Tijuana después de llegar a pagar el rescate por el secuestro de su cuñada. El hombre fue muerto con una de las 88 armas localizadas en la propiedad de Jorge Hank en 2011, y el retrato hablado de uno de los plagiarios de la mujer -quien también fue ejecutada- correspondía a la fisonomía de Jorge Mario.
Para evadir una orden de aprehensión dictada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco en 2012 por el delito de delincuencia organizada, causa penal en la que su hermano gemelo Jerónimo Javier fue exonerado por una mala integración de la averiguación previa, en el caso de Jerónimo, fue detenido en febrero de 2012 en Guadalajara, acusado por el testigo protegido Carlos Vázquez, “Angélica”, de traficar droga con su hermano y esconderla en el Hipódromo Agua Caliente de Tijuana -en la misma causa penal que su hermano, 155/2012 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales-. Y como se mencionó, lo liberaron 15 meses después. También en 2017 fue sentenciado a una pena de tres años de prisión y 70 días de multa por delito electoral de “alteración del registro federal de electores, de los listados nominales o la expedición ilícita de credenciales para votar”, fue juzgado tardíamente porque en 2012, al ser detenido mostró una credencial electoral falsa, a nombre de Sergio López López, para tratar de evadirse de la orden de aprehensión en su contra.
Se amparó alegando que no fue notificado, perdió ese proceso, aunque igual, por no tratarse de un delito grave, no debió ingresar a prisión.
Apenas en enero del año en curso, entre la noche del día 7 y la madrugada del 8, Jerónimo fue detenido y liberado por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, quienes lo confundieron con su hermano y este los acusó de privación ilegal de la libertad. Y a partir del 6 de junio, será nuevamente investigado como sospechoso de incitar y promover delitos electorales.
LA MISMA VERSIÓN QUE EL GOBERNADOR
El domingo 6 de junio, cuando inició el robo de urnas en Mexicali, los primeros comentarios entre los grupos de oposición fueron “son ellos mismos”, en referencia a Morena. Argumentaban que estaban generando el voto de miedo para que la gente no optara por Hank y recordaron las habilidades del ex priista y actual secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, como “mapache electoral”. Término coloquial aplicado en política para quienes organizan robo de urnas, el voto de muertos, urnas embarazadas, acarreo de votantes y el cambio de votos por despensas y entrega de apoyos sociales.
En el tema de inseguridad, recordaron cómo en junio de 2008, cuando Rodríguez era ministro de Justicia de Chiapas y el General Salvador Cienfuegos fungía como Comandante de la VII Zona Militar, dos toneladas de cocaína presuntamente confiscada a “El Mayo” Zambada se convirtieron en leche en polvo.
Además, recordaron que tras recibir una amenaza en video atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación el 31 de marzo, en su conferencia mañanera, el gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla Valdez declaró: “Están muy preocupados en el cártel porque estemos cobrando el agua (a deudores); todos sabemos que es Jorge Hank, pero además les digo una cosa: yo lo señalo como cabeza de este grupo criminal en el Estado. O sea, yo siento que Jorge Hank está detrás, no nada más de estos criminales, sino de todo operativo, inclusive del alto índice de criminalidad que existe en la entidad, porque, como dice el comentario, ‘todos los caminos llevan al Hipódromo’.
“Pienso que Jorge Hank está detrás de todo esto y de los altos crímenes y homicidios de Baja California, pero de muchos años. El hecho que no estuvo en el gobierno no quiere decir que no operó una célula criminal en todo el Estado. Es el verdadero generador de violencia, trajo los ‘comandos negros’ cuando era presidente municipal, juró que iba a ser gobernador y entonces sí que nos agarren confesados”, dijo el mandatario sin presentar algún elemento de prueba.
Situación que generó que el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, advirtiera que lo denunciaría penalmente por haber “sobrepasado la raya”, y reclamó: “Ha habido muchísimos señalamientos, se ha metido con cuestiones personales, poco honorables, y está utilizando recursos públicos para poder denostar la figura del candidato a gobernador del PES”.
LOS DELITOS
Los morenistas desestimaron las sospechas sobre el secretario general, advirtiendo que los actos violentos sucedidos en Mexicali y Tijuana fueron en zonas donde las encuestas y tendencias advertían que la votación favorecería ampliamente a Morena. A lo anterior se suman las versiones de los detenidos que mencionan a empleados de Caliente y que en el caso del grupo capturado en Tijuana existe el dato de que un policía corrupto, ligado a la misma empresa, presuntamente contactó con los agentes aprehensores para pedir la cortesía de que los liberaran.
El día de la elección, 47 personas fueron detenidas solo el domingo, 42 en Mexicali -21 en un solo grupo- y cinco en Tijuana. Fueron procesados en diez carpetas de investigación, ocho corresponden a Mexicali y dos a Tijuana.
Además, se registraron 41 denuncias sin detenido: 18 en Mexicali, 12 en Tijuana, nueve en Ensenada y dos en Rosarito. Las denuncias fueron: cuatro por violencia de género, uno por uso de recursos públicos de programas sociales durante el proceso; uno por condicionar el voto; dos por proporcionar datos falsos; uno por ejercer presión para votar o abstenerse; cuatro por compra de votos; un funcionario partidista haciendo propaganda; un proselitismo en fila de votantes; siete por apoderarse o destruir documentos electorales; uno por difundir encuestas.
Asimismo, se atendieron siete robos, tres daños en propiedad ajena, dos daños en propiedades por incendio y un abuso sexual.
En materia electoral, el delito que se imputó en la mayoría de los casos fue la violación al Artículo 7, el cual establece:
“Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
En sus fracciones:
“IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.
“XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla”.
En el caso de los 48 detenidos, el plan es solicitar prisión preventiva oficiosa para todos ellos. Al cierre de esta edición, jueves 10 de junio, había sido concedida en las primeras cuatro carpetas que se presentaron ante un juez en Mexicali, en las cuales 25 hombres y seis mujeres quedaron bajo resguardo, 31 en dos días.
Sin embargo, la penalidad promedio por tales delitos es de tres años, por lo cual, de ser sentenciados culpables, podrán purgar en libertad.
