Representantes de agrupaciones policiacas mostraron abiertamente su inconformidad en contra de la Secretaría de Salud, al priorizarse la salud de los internos de los diversos centros de reinserción social de Baja California, por encima de la de más de ocho mil agentes que conforman el estado de fuerza de la entidad.
En entrevista y en misivas, Antonio Navarrete Castillo, presidente de la Fraternidad Policiaca, y Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Confederación de Asociaciones de Policías de Baja California, se mostraron inconformes ante la medida implementada por el sector salud del Estado, y consideraron que el gobierno considera a los uniformados como personas de “quinta clase”.
El presidente de la Federación comentó que en el estado han fallecido 54 policías a causa de la COVID-19, y consideró a sus compañeros como la segunda línea de batalla, justo detrás de médicos y enfermeros, debido a que mantienen un contacto directo con la ciudadanía, y con ello se encuentran vulnerables a contraer la enfermedad.
Por su parte, Antonio Navarrete Castillo, recordó que en Mexicali van 13 decesos relacionados a la pandemia; de ellos, el 85 por ciento forma parte de su agrupación mutualista, por lo que han tenido que otorgar varios apoyos en gastos fúnebres y a sus familiares, para atender esta situación.
“A lo mejor… yo no discuto que pudieran tener razón dentro de un tema de estrategia de salud pública el vacunar a los internos (penitenciarios), pero la verdad no sabemos en qué basaron esta estrategia; son muchos los clamores, puesto que los agentes son unos de los principales ejes de batalla y la sociedad lo sabe”, refirió el ex comandante de la Policía Municipal, quien aseguró que sus compañeros requieren sentirse protegidos y motivados por parte del Estado, pero no lo han sentido así.
El domingo 2 de mayo, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, anunció que durante la jornada de vacunación sobraron un total de 17 mil dosis, por lo que decidieron comenzar una campaña para el personal y los internos de los centros penitenciarios de la entidad.
Esta decisión se da luego de varios conatos de motín que se han generado dentro de las cárceles de Tijuana y Mexicali.
