El gobierno de Jaime Bonilla entregó por adjudicación directa un contrato por 66 millones de pesos (sin IVA) a la empresa Gestión de Activos Circulantes SC, por asesoría jurídica, contable, financiera, fiduciaria, bursátil y de finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda, con el fin de obtener “en el menor tiempo posible” uno o varios créditos por 3 mil millones de pesos. El detalle es que el contrato fue signado el 22 de febrero de 2021 entre el entonces oficial mayor, Adalberto González Higuera (hoy secretario de Hacienda), y el representante legal de la empresa, Luis Jesús Ruiz Palma. Es decir, dos meses antes de que legisladores de Morena, PT, PVEM y sin partido, avalaran endeudar al Estado por 20 años, sin especificar a dónde irá el recurso, ni ahondar en la situación financiera de Baja California, en la que la administración de Bonilla ya acumula 3 mil 700 millones de pesos de deuda de corto plazo que tendrá que pagar en julio próximo. Es más, el contrato con la compañía fundada en Chihuahua, se suscribió 24 días antes de que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, enviara la iniciativa para solicitar la autorización del Congreso. Según el contrato, entre las tareas del proveedor está realizar el proyecto de decreto legislativo con exposición de motivos. El pago a la empresa consiste en una comisión del 2.2% sobre el monto del financiamiento que finalmente obtenga y formalice con instituciones bancarias que resulten ganadoras de la licitación. A los 66 millones se sumará el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es la segunda vez que el gobierno de Bonilla Valdez paga a un despacho para gestionar deuda. La primera sucedió a principios de 2020, cuando pagó a Marco Moreno Mexía alrededor de 100 millones de pesos por asesoría financiera y legal para refinanciar la deuda de largo plazo del Estado por 12 mil millones de pesos.
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