La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, así como la Especializada en el Combate a Delitos Electorales, dejaron de ser una promesa para convertirse en otro membrete. El miércoles 21 de abril, el Poder Legislativo aprobó una iniciativa del gobernador que finiquita la autonomía de ambas instituciones para volverlas parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado, ente que constitucionalmente cuenta con autonomía, pero que en la actualidad dirige Guillermo Ruiz Hernández, compadre de Jaime Bonilla Valdez
Parece que la palabra “autonomía” no se la da bien a la clase política bajacaliforniana emanada de la Cuarta Transformación, y en lo que se evidencia como otro retroceso, el Congreso del Estado -de mayoría morenista- aprobó reformas y abrogación de dos leyes orgánicas, para terminar con la independencia de las nacientes fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y en Atención de Delitos Electorales.
Con 19 votos a favor y 4 en contra, el miércoles 21 de abril se decidió poner fin a su funcionamiento y adherirse a la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente comandada por el abogado Guillermo Ruiz Hernández, compadre del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
El movimiento se da durante un proceso electoral que representa la antesala del fin del mandato bonillista, que durante año y medio ha emitido repetidas acciones en contra del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), estructura dedicada a la creación de políticas públicas y de acciones preventivas y sancionadoras contra actos ilícitos cometidos por servidores públicos, misma que no ha podido iniciar operaciones por las presiones del Ejecutivo estatal.
Además de molestia en diversos sectores, la decisión culminó en la renuncia del fiscal especializado en Atención de Delitos Electorales, Carlos Barboza Castillo, quien, en congruencia, entregó su renuncia la tarde del jueves 22 de abril, a escasos dos días de cumplir cinco meses en el cargo.
Baja California es una de las dos entidades federativas que no cuenta con una Fiscalía Anticorrupción, institución que fue presidida durante 32 días por la abogada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien dimitió por falta de apoyo del Poder Ejecutivo, pero al poco tiempo se incrustó en la nómina gubernamental como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.
La votación quedó 19 votos a favor por parte de los diputados Juan Manuel Molina García, Julia Andrea González, Miriam Cano Núñez, Ramón Vázquez Valadez, Eva Gricelda Rodríguez, Rosina del Villar Casas, Víctor Hugo Navarro, Jesús Enrique Sánchez Limón, María Luisa Villalobos Ávila, Evangelina Moreno, Aracely Geraldo Núñez, Gloria Araceli Miramontes, Elí Topete Robles, de Morena; Víctor Hugo Gutiérrez, del PRD; Javier Robles Aguirre, del PRI; Julio César Vázquez Castillo y Claudia Agatón Núñez, del PT; y los diputados sin partido Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda.
En contra: María del Carmen Armenta Sarabia, Loreto Quintero Quintero, del PAN; Juan Carlos Rábago, del PBC; y Víctor Morán Hernández, de Morena. Este último, anterior alfil del gobernador que ahora se ha manifestado a favor de la campaña de Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario.
LA REFORMA
El 23 de marzo, ante el Poder Legislativo, se presentó la iniciativa de reforma del gobernador Jaime Bonilla Valdez a los artículos 3, 9, 28, 29 y 10 Transitorio; así como la adición de los artículos 24 BIS y 24 TER de la Ley Orgánica de la FGE y la abrogación de las leyes orgánicas de las fiscalías Anticorrupción y contra los Delitos Electorales.
El documento pasó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, donde se analizó y se convirtió en el Dictamen 86, el cual fue subido a pleno el miércoles 21 de abril.
El texto de 53 páginas refería la urgencia de terminar con la autonomía de ambas fiscalías, basándose en el Artículo 21 de la Constitución Mexicana, que define como único ente facultado para investigar delitos, ejercer acción penal, solicitar juicios abreviados, entre otras cuestiones relacionadas a la procuración de justicia, es exclusivamente responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas responsabilidades y facultades son “indivisibles”, por lo que otra institución puede replicar sus funciones en materia de delitos.
Partiendo de dicha premisa, consideraron inconstitucionales a las dos fiscalías, la primera -Anticorrupción- al no contar con autonomía técnica y operativa, facultades que no le otorga la Constitución estatal; además de que no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio, por lo que no es una institución independiente, pero tampoco forma parte de la FGE.
Misma aseveración hizo el abogado y secretario ejecutivo del SEA, Luis Irineo Romero, en diciembre de 2019, cuando se aprobó la iniciativa para crear la Fiscalía Especializada por el mismo grupo de legisladores, pero entonces hicieron caso omiso.
Referente a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales se estableció prácticamente lo mismo, pues si bien es considerado un ente autónomo y de orden público, carece de facultades para este tipo de acciones.
“Es totalmente contraria a la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que dicha Ley establece un órgano constitucional autónomo, el cual no se encuentra contemplado en la Constitución Política en comento, por lo cual su regulación se encuentra afectada de nulidad, dado que su naturaleza no se encuentra sustentada”, refiere el análisis del Legislativo.
Bajo esos argumentos, el Congreso del Estado determinó abrogar las leyes orgánicas que regían el funcionamiento de las instituciones para volverlos parte de toda la estructura de la FGE. La única diferencia es que ambos cargos tendrán un periodo de operación por cuatro años y serán electos por el Congreso del Estado, a propuesta del Poder Ejecutivo, pues bajo ese supuesto permanece en la Constitución local.
Sin embargo, la influencia de los fiscales general y central, serían directas jerárquicamente, por lo que la investigación recaerá directamente en la institución titulada por Guillermo Ruiz Hernández.
Cabe mencionar que este esquema es similar al que mantiene la Federación, pues ambas fiscalías se desprenden de la FGR, cuyos resultados no son precisamente los mejores, toda vez que el último informe presentado al Senado, de enero de 2019 a marzo de 2021, la institución refiere haber iniciado mil 657 carpetas de investigación por actos relacionados con cohecho, pero solo se emitió determinación en 662 (poco menos del 40%); 275 fueron desechadas por incompetencia y en 195 se decidió no ejercer acción penal, solamente 27 fueron judicializadas y una se apegó al criterio de oportunidad, según narra el informe de gestión, siendo peculado el delito más concurrido dentro de la administración pública.
“FUI ELECTO PARA UNA ENTIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA”, DICE BARBOZA Y SE RETIRA
Poco menos de 24 horas después de la aprobación, el fiscal Carlos Barboza Castillo presentó su renuncia al frente de la atención de Delitos Electorales, en lo que llamó un “acto de congruencia”, al haber sido electo para una entidad pública autónoma, no para una dependencia.
Durante poco menos de cinco meses de ostentar el cargo, Barboza recopiló mil 926 observaciones, seis fichas técnicas y dos actas circunstanciadas, además de ocho denuncias relacionadas con violencia política de género.
Referente a la justificación jurídica por la que se determinó cambiar el esquema de las fiscalías, el ahora ex funcionario aseveró: “Hay que revisar el segundo párrafo (del Artículo 21), el constituyente federal determinó que la acción penal le puede generar a particulares, la pregunta es cómo un particular sí puede y las fiscalías especializadas no, cuando entonces debería, en interpretación, la facultad de las fiscalías ser agente del Ministerio Pública con todas las facultades, y el Artículo 69, 70 y 71, que la FGE y Anticorrupción y la Electoral, son ministerios públicos, pero decidieron tomar otra determinación”.
Abogados de diversos sectores, se manifestaron en contra de la modificación a ambas fiscalías, pues se dan en un escenario electoral con tintes meramente políticos.
Joel Blas Ramos, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE), consideró que el argumento del Artículo 21 constitucional, es una interpretación limitada y con una doble intención, pues es claro que, aunque el Ministerio Público es el encargado de la investigación de los delitos, “en derecho hay materias que se cocinan aparte: Transparencia, Derecho Agrario y Electoral; tan es así que tenemos tribunales electorales con sus propias funciones”.
A su juicio, el proyecto de las fiscalías estaba en el Congreso desde los primeros días del gobierno de Bonilla, pero tardaron más de un año en sacarlo, cuando ya existía un análisis de viabilidad constitucional en ambos temas.
Por su parte, el abogado Guillermo Rivera, del despacho De la Peña&Rivera, aseveró que el Poder Legislativo echó por la borda un trabajo ciudadano que llevó varios años de gestación, al intentar crear una estructura autónoma dedicada a combatir la corrupción.
“Lo que hicimos fue dotarlo de una autonomía, pues sí vienen del mismo rango que las fiscalías, pero para asegurar el funcionamiento se le dotó constitucionalmente de autonomía presupuestaria para que no hubiera que una fiscalía sea castigada, dándole más o menos recursos, así como al SEA lo tienen detenido”, ejemplificó.
El experto consideró que la autonomía de esas fiscalías no fue recurrida ni impugnada por entes externos, tal y como ocurrió con los integrantes del SEA, los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucionales por no recibir emolumentos.
“Se podría corregir este tema, hay un dictamen que da una viabilidad jurídica donde la autonomía era válida, nunca hacen un dictamen de 2016, entonces está mal lo que hicieron los otros diputados, no es una nueva reflexión, no atacaron la validación. Si el día de hoy dices, ‘Pues qué dijo el legislador para validar esa autonomía de la FGE’, este dictamen fue un dictamen constitucional, a diferencia de este, que fue reglamentaria”, opinó.
Por su parte, el presidente de la Barra de Juristas de Mexicali, Elías Flores Gallegos, comentó que, si bien parece tener sustento y no en el fondo pareciera que hubo algo de razón en la reforma, la realidad es que la intención de Jaime Bonilla Valdez es meramente política, con un trasfondo autoritario.
“En el fondo sí tienen razón, ahí sí, el único detalle es que al estar concentradas en la FGE, el control y la toma de decisiones son del fiscal general, ellos mismos investigan sus propios actos de corrupción, se convierten en juez y parte, y ese es el espíritu de la reforma: tener el control total de este tipo de actos, y ellos determinar si hay delitos y no, te conviertes en un inquisidor y conviertes en delincuente a quien tú quieres”, refirió el abogado, además de cuestionar que dicha reforma se lleva a cabo en periodo electoral.
El Congreso del Estado otorgó un plazo de 30 días para que la FGE desarrolle un reglamento para ambas instituciones, lo cual resulta irónico partiendo del hecho que quedan poco más de 40 días para que concluya el actual proceso electoral.
