A partir del 19 de julio, el gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez, comenzó a devolver dinero a por lo menos quince empresas que lograron un amparo contra el incremento de la sobretasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, también conocido como Impuesto sobre Nómina.
Por orden del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez el Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado cambió de residencia. De estar a un costado del Palacio Municipal de Tijuana, en una céntrica y accesible área de la ciudad en Zona Río, se movió adonde se localiza el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), pese a la inconformidad de los trabajadores del gobierno y los ciudadanos, por la distancia que tendrían que recorrer hasta la nueva ubicación, la falta de rutas de transporte público hacia ese punto y el tiempo que les tomaría llegar.
Parece que la palabra “autonomía” no se la da bien a la clase política bajacaliforniana emanada de la Cuarta Transformación, y en lo que se evidencia como otro retroceso, el Congreso del Estado -de mayoría morenista- aprobó reformas y abrogación de dos leyes orgánicas, para terminar con la independencia de las nacientes fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y en Atención de Delitos Electorales.
“Ingeniero Jaime Bonilla Valdez ponte hacer (sic) tu trabajo y deja de estar peleando como malandro, y por atención en Guillermo Ruiz Hernández, El Titi Ruiz el Fiscal General de Baja California porque junto con Hiram Sánchez Zamora traen un desmadre, se trajeron a Carlos Flores después del culiacanazo, acuérdense que ustedes son de Tijuana, y tienen su zona de confort aquí, no quieran perder su tranquilidad y su vida por jugarle a…
