Jaime Bonilla Valdez, suma una nueva derrota legal a su accidento gobierno. Esta vez, se trata de los amparos concedidos a empresas contra el incremento de la sobretasa de Impuesto sobre Nómina. El boquete económico por la ola de amparos contra siete impuestos creados o que fueron incrementados en diciembre de 2019, podría ascender a 2 mil 400 millones de pesos, lo cual presionará las arcas de la próxima administración estatal
A partir del 19 de julio, el gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez, comenzó a devolver dinero a por lo menos quince empresas que lograron un amparo contra el incremento de la sobretasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, también conocido como Impuesto sobre Nómina.
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El importe reembolsado varía, dependiendo de lo que cada empresa pagó a la Hacienda estatal en función de la cantidad de trabajadores con los que cuenta y del total de su nómina. En los casos que ya comenzaron a ejecutarse las devoluciones, el monto oscila entre 400 mil y 800 mil pesos por cada compañía.
En otros asuntos, la devolución sería millonaria, pero aún no se ejecutan todas las sentencias de los jueces federales porque estas fueron impugnadas por el Congreso local y el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Colegiado, comentaron abogados consultados por ZETA, quienes dijeron que existe 90% de probabilidad de que en dicha instancia (la última) se seguirán ratificando las sentencias de los jueces de Distrito.
En opinión del litigante Jorge De Hoyos Walther, el que los jueces federales hayan declarado inconstitucional el incremento de la sobretasa del Impuesto sobre Nómina -ratificada por el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito- de alguna manera pone un límite a la creación de gravámenes por parte del gobierno.
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Si bien, el mandatario estatal y el Congreso local tienen la facultad de crear e incrementar impuestos, “no lo pueden hacer de forma arbitraria, por berrinche o de contentillo, sino que tiene que estar bien sustentado”, aseguró De Hoyos Walther.
De acuerdo con el abogado, esto no fue lo que pasó en diciembre de 2019, y por ello hay una doble responsabilidad política: la del Poder Ejecutivo estatal, que es el que propuso la iniciativa para incrementar los impuestos, y la de los diputados que la avalaron pese a tener irregularidades técnicas.
Por su parte, Juan Marcos Gutiérrez, ex subsecretario de Gobernación, señaló que por el incremento de los impuestos injustificados debe haber responsabilidades administrativas, penales y patrimoniales. Sin embargo, aun cuando los diputados avalaron estos abusos al votar una Ley indebida, no hay una sanción directa.
No obstante, si un impuesto causó daños y perjuicios a las empresas, si por el pago de un impuesto embargaron a una compañía, quebró o incumplió con otro compromiso, se podría analizar la viabilidad de la demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, en la cual se tiene que probar que hubo un daño objetivo directo causado, “como cuando te choca una patrulla y demandas al gobierno para que te pague los daños”, ejemplificó el litigante.
JUECES SEÑALAN INJUSTIFICADO AUMENTO DE IMPUESTOS
En diciembre de 2019, Jaime Bonilla Valdez envió una iniciativa de Ley de Ingresos 2020 que contempló reformar el artículo 3 para aumentar de 0.63 a 1.20% la sobretasa del Impuesto sobre Nómina, misma por la que el Gobierno del Estado estimó captar 600 millones de pesos adicionales solo en 2020.
Actualmente, los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito, han amparado a las empresas contra el incremento de la sobretasa del Impuesto sobre Nómina, y ordenado a la Secretaría de Hacienda estatal devolver las cantidades que a la fecha cobró a las quejosas por ese concepto.
Además, determinaron que las empresas amparadas pagarán la sobretasa vigente en 2019 antes del incremento, es decir, de 0.63%. Con ello se prevé que disminuya la recaudación del impuesto respecto a lo estimado por el gobierno.
Uno de los argumentos esgrimidos por los jueces federales para conceder el amparo, radica en que el legislador “no justificó debidamente” la sobretasa al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, lo cual infringe lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Mexicana.
El abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña detalló que los jueces federales declararon que la sobretasa no tiene una justificación extra fiscal, ya que el Ejecutivo “simplemente indicó que esa sobretasa va a ser utilizada para la educación media superior, pero nunca justificó por qué va a ser utilizada y cómo es que el Impuesto a la Educación Media Superior que existe desde hace años, no les alcanza para cubrirla”.
En ese sentido, Jorge De Hoyos Walther abundó que la autoridad tuvo que sustentar en términos financieros por qué el recurso que se destina a la educación media superior no es suficiente, y por qué es necesario aumentarlo, así como cuál es el déficit que se planea cubrir y cuáles los planes nuevos para la educación media superior: “Toda esa tarea fue la que no se hizo, más bien fue una decisión unilateral, sin mucho sustento financiero, decir que se va a aumentar el impuesto”.
Para justificar el incremento de la sobretasa, el Ejecutivo estatal proporcionó datos de 2008 “completamente incongruentes” con las necesidades en materia educativa de 2019.
En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de 2020, hicieron un copy paste de un viejo documento del Gobierno del Estado, en el que explican por qué aumentarán la sobretasa y literalmente vienen datos de diez años antes. “Ni siquiera se hizo la tarea de actualizar el documento”, añadió De Hoyos.
BOQUETE ASCENDERÍA A 2 MIL 400 MDP
Como se recordará, en la sesión del 31 de diciembre de 2019, legisladores de Morena y partidos afines también incrementaron la tasa del impuesto de hospedaje, a espectáculos y a casinos, y crearon un impuesto ambiental a gas y gasolinas, así como a casas de empeño.
En los primeros días de 2020, la confrontación con la iniciativa privada por el alza de gravámenes llevó a Jaime Bonilla Valdez a declarar que los empresarios “chillaban más que un puerco atorado en un cerco”.
En febrero de 2020, comenzaron a interponerse los primeros amparos contra el incremento de la sobretasa del Impuesto sobre Nómina, así como en contra de otros gravámenes. Las sentencias definitivas de estos se determinarían en 2021 y 2022, causando un desbalance presupuestal sobre todo para la próxima administración, que tendrá que devolver lo cobrado incorrectamente.
El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías estimó que, de ganarse el 100% de los amparos presentados por los siete impuestos impugnados por medio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), incluyendo los de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), el gobierno estatal podría regresar hasta 2 mil 400 millones de pesos.
“No lo tiene que regresar todo en un momento, sino que a medida que se va ganando el amparo, va regresando el dinero”, dijo Solís Farías, lo cual ocurriría en el transcurso de varios meses, ya que los juicios de amparo se resuelven en diferentes momentos y unos avanzan más rápido que otros.
Sobre los amparos contra el impuesto a los hidrocarburos, el abogado Juan Marcos Gutiérrez recordó que en diciembre de 2019 se estableció un impuesto de la primera mano para los importadores del 5% y otro impuesto al menudeo por 5%.
Posteriormente, el gobierno hizo una reforma con la que a partir de mayo de 2020 deja sin efectos el primer impuesto y disminuye a 2.5% el impuesto al menudeo de gas y gasolina; sin embargo, dicha reforma “no liquidó, no mató, ni ordenó devoluciones por lo cobrado de enero a abril”, y contra eso es que siguen vigentes los amparos que se van a ganar.
No existe una cantidad de lo que podría devolverse a las empresas que ganen los amparos, ya que en algunos casos lograron una suspensión con la que pagaron una fianza en lugar de entregar el impuesto al Estado, lo que no implica un reembolso.
En ello coincide Rubén Márquez, presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali (Onexpo), quien reveló, ya comenzaron a salir algunos amparos en favor de las empresas del sector.
Gutiérrez previó que donde “sí habrá muchas devoluciones, es en los asuntos del agua, ahí donde cobraron a la malagueña”. Apuntó que los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado van despacio, porque dicha institución tiene poco presupuesto y se resolverían hasta mediados de 2022.
“Han sido muy pocos los que entraron al juicio, precisamente habida cuenta de las acciones arbitrarias y revanchistas del gobierno de Jaime Bonilla, pero en la medida que ya se está yendo, se espera que cesen esas actitudes y se impulsen más esos juicios, que lamentablemente para el nuevo gobierno, se van a resolver en su gestión y será el nuevo gobierno el que tendrá que hacer esas devoluciones o compensaciones”, advirtió.
Al 21 de julio de 2021, por las auditorías del agua de la empresa Fisamex, el gobierno estatal recaudó mil 717 millones 333 mil 949 pesos; 9.7 millones más que la semana anterior.
COMPENSACIÓN POR FALTA DE RECURSOS DEL GOBIERNO
Francisco Rubio Rangel, quien preside el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, vio con beneplácito los amparos concedidos y las sentencias que obligan al gobierno estatal a devolver lo que recaudó incorrectamente; sin embargo, se mostró escéptico respecto a si el Ejecutivo estatal tiene el recurso para hacer todas las devoluciones de los juicios de amparo que pierda.
“No creo que tenga el dinero, porque estamos viendo que no pagaron 191 millones de pesos del FIMEM (Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California), porque dicen que no hay dinero. Están pidiendo prestado a los municipios porque no hay dinero, están haciendo estas auditorías y cobranzas del agua de Fisamex porque dicen no hay dinero”, expuso el titular del CCE Tijuana.
El abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña concordó con lo anterior, y previó que el Gobierno del Estado podría buscar compensar el dinero que deberá devolver con los montos que las empresas tengan que pagar, pero “como es un amparo, es más difícil para ellos excusarse ante el juez, entonces, lo más seguro es que sí devuelvan, aunque van a tardar en hacerlo”.
En tanto, su colega Solís Farías destacó que el Gobierno del Estado está obligado a acatar la resolución de los jueces, ya que, de no hacer las devoluciones, se ordenaría la destitución y consignación ante el Ministerio Público.
De los amparos contra la sobretasa del Impuesto sobre Nómina que ya fueron resueltos y en los que se determinó la devolución (de alrededor de 300 presentados mediante el CCE), puntualizó que el Gobierno del Estado “está cumpliendo con el reembolso de esas cantidades”.
