Del secretario de Seguridad, Pedro Cruz Camarena, la organización Artículo 19 refiere que “estigmatiza y revictimiza”. La brutalidad policíaca quedó documentada en cuatro casos, tres arrestos y un intento de extorsión, en un caso llevaron al borde de la asfixia a un detenido y dejaron herido a otro. CEDH ha registrado 41 quejas contra oficiales municipales durante 2021
En las últimas dos semanas, policías municipales de Tijuana a cargo del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, cometieron detenciones arbitrarias, violentaron los derechos humanos, estigmatizaron y revictimizaron por lo menos a cuatro personas con distintos perfiles.
Estas agresiones no solo fueron perpetradas por elementos de seguridad en cumplimiento de su deber, también por parte de Cruz Camarena, quien, como autoridad, en distintas entrevistas a medios de comunicación se ha referido de manera despectiva hacia las víctimas, estigmatiza a periodistas y revictimiza a los detenidos.
Los elementos a su cargo hicieron uso excesivo de la fuerza en por lo menos tres arrestos y un intento de extorsión documentados por ZETA, violando los protocolos para efectuar arrestos, la presunción de inocencia de los detenidos y sus derechos humanos.
Los casos documentados por este Semanario destacan la brutalidad de la autoridad de seguridad en contra de un chofer de servicio de transporte privado por aplicación con discapacidad, al negarse a pagar una extorsión a los elementos policiacos.
En los otros casos se trata de jóvenes que por su apariencia física fueron detenidos con brutalidad, uno de ellos al borde de la asfixia, cuando se dirigía a comprar tortillas, y a otro dejándole severas lesiones en el cuerpo mientras ejercía su derecho constitucional del libre tránsito por la ciudad.
Se documentaron dos casos más, en los que se intentó arrestar a un periodista mientras realizaba una transmisión en vivo para el canal de noticias en el que trabaja y el entorpecimiento y agresión contra de un fotoperiodista mientras realizaba el levantamiento gráfico de un accidente vial en el que se encontraba involucrado un elemento de la Policía.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, durante 2021 se han registrado 41 quejas contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, a cargo del ex piloto aviador de aerolíneas comerciales, Pedro Cruz Camarena.
La CEDH detalló que los derechos humanos presuntamente más vulnerados por esta secretaría, son el Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Trato Digno, Derecho a la Legalidad y Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.
Durante enero se presentaron 13 quejas, 16 en febrero, once en marzo y, dos en los primeros días de abril, informó la CEDH ante una solicitud de información realizada por este medio de comunicación.
En 2020, la organización internacional Artículo 19 documentó tres agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad municipales de Tijuana; este año llevan dos.
En entrevista para ZETA luego de asumir el cargo (13 de febrero), Cruz Camarena reconoció la falta de capacitación de los elementos policiacos y exhortó a la población a denunciar cualquier acto indebido por parte de la Policía Municipal. Dijo que sería implacable con aquellos que faltaran al uniforme.
Además, se comprometió a capacitar y orientar a la corporación para evitar abusos de autoridad, acciones arbitrarias, ilegales y violatorias de derechos humanos durante las detenciones o arrestos, comprometiéndose a dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CEDH en materia de prevención y erradicación del abuso policíaco.
En ese periodo, trabajaba en la modificación del Protocolo sobre Uso Razonado de la Fuerza, para garantizar que todos los agentes municipales cuenten con las herramientas y capacitación necesarias para desempeñar sus funciones de manera segura, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.
“ME DETUVIERON Y GOLPEARON POR MI ASPECTO, SIN QUE ME DIJERAN CUÁL FUE MI FALTA”
A las 22:00 horas del domingo 14 de marzo, Óscar Flores fue detenido por un policía motorizado en la Zona Centro de Tijuana, a la altura del Antiguo Palacio Municipal. Fue sometido, golpeado y esposado. Posteriormente, un elemento de la policía a bordo de una camioneta pick-up de la corporación arribó al lugar, lo puso sobre el suelo, le colocó una arrodilla en la nuca, le apretó las esposas y lo subió a la unidad.
Al llegar al C4, en su declaración de los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Flores declaró que bajó de la unidad llorando por la impotencia ante la detención arbitraria que sufrió, mientras los elementos de la Policía se burlaban de su estado emocional.
Lo pusieron contra la pared y lo golpearon con un objeto que describe como contundente, dejándole lesiones en cintura, estómago y tórax. Posteriormente lo ingresaron a una celda y durante el tiempo que estuvo ahí (36 horas) le negaron una pastilla para calmar el dolor y la gastritis. Denunció que, al momento de la detención, los elementos le retiraron su mochila y no se la devolvieron al ser liberado.
Óscar presentó una denuncia ante la FGE por abuso de autoridad y lo que resulte en contra de quienes resulten responsables. Acudió a Sindicatura Municipal, donde no admitieron su queja.
“AYÚDENME, ME ESTÁN GOLPEANDO”
El 27 de marzo, un chofer de transporte privado por aplicación, de nombre Armando Alvarado, fue detenido por dos oficiales de la Policía Municipal mientras transitaba por la colonia Mariano Matamoros. Los oficiales le marcaron el alto, indicándole que se trataba de una inspección porque una de las ventanas de su unidad está polarizada.
Le solicitaron documentos y Armando cuestionó la razón de la detención, la respuesta de los policías fue “Te vamos a remolcar el carro” sin más explicación.
Ante esta acción, el chofer decidió llamar al 911 para dar el reporte de la acción que se estaba suscitando. Los policías se molestaron y le pidieron que colgara porque “ahorita nos vamos arreglar”.
Armando colgó el teléfono, acto seguido, otro de los policías lo tomó del brazo y se lo torció. Fue esposado de una mano y posteriormente golpeado hasta tirarlo al suelo; en ese punto, el oficial lo pateó en repetidas ocasiones.
Ante la agresión policiaca, el chofer pidió auxilio gritando “Ayúdenme, me están golpeando”. A los minutos llegó otra unidad de la Policía Municipal, habló con los elementos que se encontraban en el lugar, después le solicitó al conductor que retirara la película de polarizado de su auto y se retirara.
Sin embargo, Armando no tenía la facultad física para retirarse del lugar, ya que presenta una discapacidad en uno de sus pies y su otra extremidad estaba lastimada por la golpiza que le propinaron los policías municipales. El oficial tercero que llegó al punto se retiró, dejando a la víctima sin solicitar la presencia de una unidad médica.
En ambos casos, además de haber presentado denuncia ante la FGE por abuso de autoridad y lo que resulte en contra de estos elementos de la Policía Municipal, interpusieron su respectiva queja ante la CEDH.
“AYÚDENME, NO ESTOY HACIENDO NADA”
A través de redes sociales, se dio a conocer un video en el que un hombre de 26 años de edad fue agredido por la Policía Municipal de Tijuana, posteriormente se informó que este intento de arresto fue cometido el 30 de marzo, cuando acudió a un local comercial a comprar tortillas durante su hora de descanso laboral.
En la tortillería ubicada en la colonia Alemán de la delegación Centro, Erick Santiago Sámano Quiroz fue increpado por los elementos de seguridad, quienes hicieron uso de la fuerza en su contra sin razón aparente y sin que los oficiales le indicaran el porqué de su arresto.
Dos policías intentaron esposarlo dentro del local, pero Erick se resistía. Los agentes procedieron a someterlo con exceso de fuerza, le aplicaron una llave al cuello con el brazo para asfixiarlo y así inmovilizarlo. El joven gritaba “No hice nada, no hice nada, ayúdenme”.
Erick Santiago denunció que los elementos de seguridad tomaron fotografías de sus documentos personales y le quitaron el dinero que tenía en ese momento, además, acusó que fue amenazado por los oficiales si decía o denunciaba algo.
POLICÍAS Y CAMARENA “ENTORPECIERON Y ESTIGMATIZARON LA LABOR PERIODÍSTICA”: ARTÍCULO 19
El 31 de marzo, una integrante de la Policía Municipal y un oficial de Tránsito retuvieron a Said Antonio Rodríguez Martínez, reportero de Televisa Tijuana, mientras hacía una cobertura en vivo a la entrada de la Plaza Monumental en Playas de Tijuana.
Al siguiente día, en entrevista pública, Pedro Cruz Camarena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, culpó al periodista por la agresión.
Mientras que la noche del 6 de abril, policías municipales obstruyeron la labor policiaca del reportero gráfico Margarito Martínez mientras documentaba un accidente automovilístico en el que presuntamente se encontraba involucrado un elemento de la Policía Municipal. Los policías presentes en el lugar le impidieron realizar su trabajo.
Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, señaló que por un lado identifican que los cuerpos policiales no tienen un análisis claro con óptica de derechos humanos y a la libertad de expresión y acceso a la información.
“En el caso de Margarito se muestran acciones del uso de fuerza física en contra del periodista, y en el de Said Rodríguez hay una estigmatización por parte de la autoridad. En lugar de proteger la libertad de expresión y simplemente corregir, estigmatizan la labor de los comunicadores”, comentó Cárdenas Casillas a ZETA.
Agregó que no había necesidad de culpar al periodista, ya que genera un discurso en el que la autoridad no solo se justifica, sino que estigmatiza al periodista y eso no debe ser.
“La misma autoridad (Cruz Camarena) lo dice en una entrevista, sí hubo una falta de coordinación y comunicación entre autoridades, pero al final vuelve a generar el peso de la agresión sobre la víctima; en ese sentido vemos que se culpabiliza a las personas agredidas por la Policía”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la constitucionalidad de una detención en flagrancia no depende exclusivamente de que la persona efectivamente se haya encontrado en flagrancia, sino que debe examinarse la manera en que se descubre o conoce la comisión de un delito flagrante, “por lo que si no existe evidencia que justifique la creencia de que al momento de la detención se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito flagrante, debe decretarse la ilegalidad de la detención”, concluyó el representante de Artículo 19.
