Durante poco más de 18 de los 24 meses que será gobernador constitucional de Baja California, la presencia territorial y el acceso a la información del ingeniero Jaime Bonilla Valdez no ha sido generosa y empeoró con la veda electoral.
Reportes de transparencia de seis meses de la agenda (consultar “Bonilla, un gobernador virtual”, nota publicada por ZETA el 19 de febrero de 2021), evidencian que no ha cumplido con su promesa de “más territorio, menos escritorio”. Porque en un semestre, de 470 actividades, solo 77 se hicieron en calle y 37 de estas fueron Jornadas por la Paz principalmente en Tijuana. Solo en 37 ocasiones visitó los otros municipios y la mayoría de sus jornadas laborales concluyeron antes de las 14:00 horas.
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En año y medio, el gobernador también ha dejado claro que la comunicación que le gusta es de una sola vía, disfruta dar su versión al mundo.
El mandatario habla de transparencia porque ofrece conferencias en redes sociales, donde, a pesar de la gran oportunidad de manipular la información, el receptor parece estar obligado a aceptar como verdad lo que escucha, porque la oportunidad de abundar o cuestionar está limitada a la voluntad de Bonilla o de “Mauro”, quien maneja las proyecciones y parece decidir cuáles preguntas responderán los funcionarios y el Ejecutivo estatal durante la transmisión. Olvídese de la contra pregunta si un tema no queda satisfecho, pero la información podía ser menos accesible.
En un acto de oportunismo, en poco más de dos semanas, la administración bonillista ha aprovechado la veda electoral, primero para minimizar la ya de por sí corta agenda pública; después, para evitar explicar y justificar a detalle el onceavo crédito por 3 mil millones de pesos, solicitado en los últimos cuatro meses, que compromete recursos federales a 20 años; y finalmente, para no dar la cara durante los tres motines padecidos en el Centro de Reinserción Social de Tijuana los días 13 y 14 de abril.
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A partir del 4 de abril, Bonilla suspendió sus conferencias y dejaron de distribuir la agenda.
En apego a lo establecido en la legislación, “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Pero el pretendido respeto a la veda del mandatario ha sido selectivo, porque tras enfatizar que la Ley le permite seguir declarando, decidido a hacerlo, pero solo los temas que le acomodan y en los contextos que le son amigables.
El 13 de abril, publicó la declaratoria de expropiación del club privado Campestre, y el miércoles 14 prefirió explicar su versión en Milenio, un medio de comunicación nacional.
En el programa del periodista Alfredo Álvarez que se transmite vía redes sociales, el viernes 16, Bonilla también habló del Campestre, de la elección y de candidatos reciclados- quemados, asegurando que él ha dado resultados como gobernador.
Del tema de la cantidad y mala calidad de comida que originó el motín en la “Peni”, le dijo a Álvarez que se debe a competencia entre las empresas porque próximamente vienen las licitaciones de contratos. El problema es que el 12 marzo, el gobernador y los diputados le entregaron la mencionada proveeduría de alimentos a la empresa La Cosmopolitana en un contrato por cinco años.
Por otro lado, aunque no se está distribuyendo agenda, el mismo viernes 16 de abril, firmado por Redacción, el periódico El Mexicano publicitó que Bonilla entregó 450 lotes -de 120 metros cuadrados-, cada uno por 100 pesos, a la agrupación Antorcha Campesina: “En su breve mensaje -por las restricciones de la veda electoral, dijo-, el mandatario estatal se concretó a decir que su compromiso ha sido, desde que asumió el mandato el 1 de noviembre de 2019, estar cerca de la gente…”.
Después, el 18 de abril, el diario El Imparcial presentó otra nota de entrega de terrenos del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi); 150 predios -de un total de 316- a familias asentadas en Mirador Valle que también pagarán 100 pesos por lote. El acto se había realizado un día antes.
El lunes 19, el mismo medio publicó una video entrevista del mandatario hablando del Club Campestre, el traslado de oficinas del Gobierno del Estado, los cobros de agua, los tandeos y la COVID.
El domingo 18, Bonilla decidió reaparecer en la mañanera vía Facebook, que en temporada electoral se trasmite desde la página oficial de Gobierno del Estado, para responder a las críticas en redes sociales de la tarde previa. Declaró que prefería acudir a un partido de beisbol en San Diego después de su horario laboral -el juego fue a las 18:00 horas- “a meterme a una cantina, como la del Campestre, por ejemplo, a ahogarme…”.
El propósito de la veda es garantizar las condiciones de equidad e imparcialidad en el proceso electoral, su aplicación no elimina la obligación que tiene el Estado de cumplir en materia de transparencia y acceso a la información, principios a los que el góber está fallando, al evadir el delicado tema de la deuda
La veda tampoco suspende el deber del ingeniero Bonilla de seguir gobernando, pero mientras este asegura que sigue al pie del cañón, en los últimos veinte días, en términos de trabajo de calle, los únicos ciudadanos que -aparentemente-lo han visto, son los representantes de las 600 familias agradecidas que oportunamente recibieron un lote.
Esta aplicación selectiva de la Ley Electoral, obstaculiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y el control de la gestión pública, facilita los abusos de los funcionarios públicos y abre la puerta a la corrupción.
