Al depender las entidades federativas en más del 90 por ciento de las transferencias de recursos federales, con recaudación de ingresos propios muy limitada –excepto la CDMX- no solo por las condiciones de desarrollo de la entidad, también por la escasa voluntad recaudatoria de los entes subnacionales y locales, se han convertido en dependientes del esfuerzo fiscal federal a través del SAT. Esa debilidad de las finanzas locales ha provocado que en situaciones como la caída de participaciones en 2009 o la crisis sanitaria derivada del COVID, muchos de los estados, al no contar con recursos para enfrentar contingencias como los desastres naturales o humanos, recurren a contratar más deuda o reestructurar el plazo del servicio de la misma.
Por ello la deuda bancaria y bursátil de los estados, creció de 2012 a 2018, 80 por ciento, y al cierre de 2020, sólo 5.5 por ciento más respecto al año anterior. Su monto es hoy de 637 mil millones de pesos. Por otra parte, la caída de participaciones en 2019 y 2020, además de los gastos extraordinarios por la contingencia sanitaria, fueron compensados con recursos del FEIEF.
Un comentario relevante que ratifica la tendencia de la desigualdad en el modelo de desarrollo seguido desde los años ochenta, por el gobierno del presidente de la Madrid, esto es la polarización de las diferencias de desarrollo y productivo entre las propias entidades federativas y la extrema pobreza en más de la mitad de los municipios del País.
Desde hace algunos años cinco estados concentran la mitad de la deuda total de ese orden de gobierno: estos son la CDMX, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Estado de México, en circunstancias muy diferentes derivadas de sus ingresos. Se observa ello en su servicio, esto es amortización e intereses, así como en las reprogramaciones que solo alargan los plazos para pagarla, quitando recursos escasos a la inversión productiva y al gasto social.
Un 30 por ciento adicional incluye a Coahuila, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Sonora, de tal forma que sólo 12 entidades federativas concentran cuatro quintas partes del endeudamiento de estados y municipios. La deuda, ojo, no es un tema subnacional, sino de unos cuantos.
Sin entrar al análisis de las causas del endeudamiento en cada uno de ellos, de la variación de 2019 a 2020 alrededor de tres quintas partes, corresponden a estados que cambiarán de gobierno este año, por los déficits que arrastran.
Por su parte, la deuda municipal, un poco más de 40 mil millones de pesos al 2020, apenas es el 6% de la deuda de las entidades federativas; se concentra también en unos cuantos de los 2500 municipios del País: 30 significan el 53% de la misma, destacan Tijuana, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y León Guanajuato, como las cinco ciudades más endeudadas del país.
La deuda no es mala necesariamente, ya que bien contratada y gastada no representa un problema. Lo malo es que no siempre es así, en algunos casos son altas tasas de interés en las que se pactan, lo que implica una renta mensual a las administraciones futuras.
Una condición básica es la transparencia respecto a su destino, la gente debe estar enterada porque va a pagar intereses, para beneficio de quien.
Si bien las reestructuras ayudan al alargar los plazos, las deudas tarde o temprano se deberán pagar, claro ya no apostamos a que lo hagan nuestros hijos, sino las generaciones futuras.
De ahí la relevancia de la convocatoria de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Ramírez Cuellar, para integrar un grupo de trabajo para la transición hacendaria, con el fin de analizar temas como la realización de una segunda Convención Nacional Hacendaria, la reforma fiscal y la reforma de pensiones entre otros temas.
