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jueves, febrero 15, 2024
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Grupo Caliente denuncia “avalancha de actos ilegales” del gobierno de BC por cuestiones políticas

El Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC) incautó precautoriamente y de forma ilegal 208 máquinas de juego y “determinará absurdamente” un crédito fiscal “millonario” a un empleado (persona física) del Grupo Caliente, denunciaron representantes de la empresa, quienes acusaron que la acción de la autoridad estatal pretende perjudicar a Jorge Hank Rhon, candidato del PES a la gubernatura y quien es presidente de dicha empresa.

Aunque no precisaron el monto del crédito fiscal que se le fincará al gerente de la sucursal Hipódromo donde se incautaron las 208 máquinas de juego el pasado 11 de marzo de 2021, los ejecutivos aseguraron que desde el decomiso Grupo Caliente presentó la documentación (pedimentos, cartas de ensamble, entre otros) que acredita la legal estancia de las 947 que fueron objeto de revisión.


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“Estos señores indebidamente calificaron que la documentación exhibida de 208 máquinas no cumplía con lo que a su criterio exige la ley, pero en ningún momento debieron hacer esa calificación es ilegal”, señalaron Ramón Serrano, Marco Milán y Carlos Vizcaino, en conferencia de prensa virtual, celebrada este 16 de abril de 2021.

Ante lo que consideraron una “avalancha de actos ilegales” por parte del gobierno estatal y algunos municipios, la empresa buscará un amparo. Además, dijeron que ya notificaron a la Secretaría de Gobernación (dependencia federal encargada de regular juegos y sorteos) de la situación, así como al SAT federal.

La mayoría de las máquinas incautadas son rentadas por lo que las compañías arrendatarias son terceros afectados, quienes también podrían interponer acciones legales. “Desde que inició esto se les informó la manera en cómo está actuando la autoridad y que se deben tomar medidas independientemente que Caliente desde el principio al comparecer el procedimiento le manifestó al SAT de BC que dichas máquinas son arrendadas, por lo tanto propiedad de terceros, y que esos terceros tienen interés legítimo”, abundaron.


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Vizcaíno añadió que el actuar con fines políticos del gobierno estatal encabezado por Jaime Bonilla Valdez afecta económicamente a las empresas, y existe preocupación en las más de 4 mil empleados de la compañía.

 

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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