Con 23 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen con el que se rechaza la Cuenta Pública 2018 del gobierno de Playas de Rosarito, penúltimo año de la gestión de la otrora panista Mirna Rincón y quien ahora se desempeña como directora del Servicio Nacional del Empleo en el estado.
En la sesión de este 9 de abril de 2021, los legisladores aprobaron el dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público sin que hicieran algún comentario.
El dictamen -al que tuvo acceso ZETA- señala diversas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Entre ellas, destaca que efectuó erogaciones por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios por 7 millones 062 mil 533 pesos, de los cuales 6 millones 389 mil 034.82 pesos fueron amparados con recibos simples, y no con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), incumpliendo la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
El Ayuntamiento tampoco aseguró las mejores condiciones en la adquisición de “llantas” para su flotilla y adjudicó de manera directa dicha compra a favor de un mismo “proveedor”, por un importe total de un millón 378 mil 138 pesos.
“Evidenciando la falta de un programa anual de adquisiciones que permita proyectar las compras del ejercicio a través del procedimiento licitación pública, a efecto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento”, expone el dictamen.
A la administración de Mirna Rincón se le señaló una erogación por un millón 200 mil pesos para arrendar vehículos propiedad de los regidores, habiéndoles pagado un importe de 120 mil 000 pesos anuales, a favor de cada uno de los 10 Regidores con los cuales celebró contrato de arrendamiento, estableciéndose como contraprestación la cantidad de 10 mil 000 mensuales.
“Los pagos efectuados están respaldados con recibos simples y no con la expedición del correspondiente Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)”. Además, no se retuvo el Impuesto Sobre la Renta ni el Impuesto al Valor Agregado. Incumpliendo disposiciones fiscales.
Otra irregularidad señalada es que los contratos por prestación del servicio de vigilancia policiaca no cuentan con información completa que permita validar cuánto cobró el Ayuntamiento.
Algo similar ocurrió con lo recaudado (28 millones 756 mil 117 pesos) del Impuesto sobre Alumbrado Público, mediante la CFE, ya que según el dictamen no fue posible verificar la correcta determinación del cobro ya que el Ayuntamiento no contó con documentación que respalde la base de los contribuyentes.
