El 18 de mayo de 2019, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) diez promesas de campaña, con las cuales pretendía iniciar la Cuarta Transformación en Baja California.
Pese a que fue electo para un gobierno de dos años, la necedad del ingeniero se impuso y algunos de los compromisos los firmó para cumplirse en un periodo superior al de su mandato.
Aunque la Ley indica a los gobernantes que deben emitir un informe de cumplimiento de promesas anual, el equipo de Bonilla desairó al IEE e incumplió con la transparencia.
Dentro de las diez promesas presentadas, no viene absolutamente nada sobre gravámenes a combustibles, a hoteles o a aplicaciones de entrega de comida o transporte privado; tampoco la entrega masiva e irregular de placas de taxi, expropiaciones o atentados a la propiedad privada… En fin, ninguna de las acciones que han manchado la primera administración de Morena en Baja California.
El documento entregado, indica que Bonilla Valdez se compromete a “brindar seguridad social y paz para todos”, para lo que destinaría entre 1 y 50 millones de pesos, a cumplirlo en más de dos años.
En materia de homicidios dolosos y feminicidios, en 2019 Baja California registró 2 mil 626 crímenes, mientras que en 2020 se superó la cifra al alcanzar 2 mil 654. Para empeorar la situación, la estrategia de seguridad de Bonilla provocó que otros municipios incrementaran sustancialmente los decesos, como Mexicali, donde la pugna entre agrupaciones delictivas ligadas al Cártel de Sinaloa, ha llegado a 208 homicidios.
También prometió “desterrar la corrupción de Baja California” en un periodo de uno a dos años, pero al final, lo único que ha hecho es mantener la impunidad en los actos de cohecho, como el caso de los moches, donde tres de sus funcionarios -Cynthia García Soberanes, Jesús Núñez Camacho, y Amador Rodríguez Lozano- estuvieron implicados en el supuesto cobro de sobornos para favorecer a empresarios mexicalenses en la entrega de concesiones y servicios del Poder Ejecutivo. Sin mencionar una considerable cifra de contratos turbios en el Sector Salud a empresas -presuntamente- fantasma o en propiedad de funcionarios estatales.
De igual forma, se comprometió a generar “políticas públicas para la equidad, inclusión y alto a la violencia de género”. Sin embargo, las cifras de violencia familiar y feminicidios permanecen altas, además que el propio mandatario ha dedicado varias de sus mañaneras para descalificar a mujeres ajenas a su grupo, por medio de clichés, estereotipos y una serie de actos que representan violencia política en razón de género. Sin olvidar que su Oficialía de Partes, digo, Congreso del Estado, rechazó la reforma constitucional para permitir el matrimonio igualitario en la entidad.
Otra de sus promesas es generar un “gobierno dedicado al pueblo”, que aparte de mejores condiciones para los ciudadanos, ofreció un sistema de salud universal; la pandemia dejó claro que esto no era una realidad.
Otra de las propuestas es “finanzas sanas y no más derroches”, que podría solucionarse en un periodo máximo de dos años, poniendo así “fin a la deuda pública corrupta y al derroche irresponsable”. Pues resulta que actualmente, el titular del Poder Ejecutivo del Estado busca endeudar a Baja California por 3 mil millones de pesos más, pese a que el año pasado solicitó una reestructuración ante el Legislativo y ahora aspira a un financiamiento para expropiar el Club Campestre de Tijuana, lo cual no parece más que un derroche.
Bonilla Valdez también garantizó que habría un “impulso a la creatividad y el desarrollo integral de la juventud bajacaliforniana” … sin comentarios.
En otro de los puntos, prometió un “desarrollo urbano y ciudades dignas”, para lo cual habría “certeza jurídica de la tierra” y una controlada urbanización del Estado; para ello se requerirían más de dos años. Y como es conocido, es poco o casi nulo el trabajo de infraestructura en las ciudades de la entidad.
Otro compromiso más, fue que BC sería “un Estado de conocimiento”, para lo cual se crearía un “espacio propio de tecnología, investigación y desarrollo”, pero el gobernador en turno no hizo un solo proyecto relacionado con actividades tecnológicas y de investigación.
El último punto entre sus propuestas, es la generación del “empleo y fomento al dinamismo económico”, por medio de programas de inversión, retención, generación de empleos y apoyo a emprendedores; pero en lugar de ello, Jaime Bonilla Valdez fijó una mayor tasa al Impuesto sobre Nómina, en los combustibles y en las plataformas de traslado de personas y alimentos, entre otras cuestiones, con lo que causó grandes afectaciones, sobre todo en el periodo de pandemia, el cual podría justificar las complicaciones para un mejor desarrollo económico.
Al final, todas las promesas de Bonilla fueron incumplidas, y, por el contrario, estableció un gobierno de ocurrencias que utilizó todo el poder de la administración pública para hacer política… y de la mala.
