Sobre el feminicida Pedro Martínez Castro, pesaba un largo historial de reportes y denuncias penales relacionadas con violencia intrafamiliar, incluso estuvo detenido por secuestro y fue liberado por un Juez Calificador. A cinco meses del crimen, persisten irregularidades en el caso
Un día antes de que Lucero Rubí Ojeda Huerta fuera asesinada por su ex pareja en el Centro de Salud de la delegación de Vicente Guerrero en Ensenada, su agresor la privó de la libertad, y aunque ella reportó la agresión, un Juez Calificador lo liberó por mil 500 pesos.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha señalado que no se encontraron las actas de los reportes que la joven de 26 años realizó previo a su asesinato.
Conforme avanzaron los hallazgos, Sindicatura Municipal inició un proceso administrativo que derivó en la suspensión de cuatro agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) asignados a la delegación San Quintín.
El crimen ocurrió la mañana del jueves 24 de septiembre de 2020, cuando Lucero Rubí llegó a su área de trabajo como promotora social en el Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero. Su ex pareja, Pedro Martínez Castro, la esperaba dentro con un arma de fuego, con la cual le quitó la vida y posteriormente él se suicidó.
Sobre Pedro pesaba un largo historial de reportes y denuncias penales relacionadas con la violencia intrafamiliar que sufría Rubí en San Quintín, así como medidas de restricción. Un par de días antes del homicidio, se registraron dos episodios de agresión que fueron ignorados por la autoridad. El primero, cuando Pedro llevó a Rubí a una playa del poblado, donde la retuvo desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con repetidos ataques físicos, verbales y sexuales.
“La tuvo retenida, la lastimó mucho porque le metió la pistola a la boca”, describió una miembro de la familia Huerta. Cuando regresó a su casa, ella reportó los hechos a la delegación municipal, quienes atendieron el llamado realizando la detención de Pedro. Sin embargo, horas más tarde el Juez Calificador en turno interpuso una multa de mil 500 pesos.
Martínez fue puesto en libertad y en cuestión de horas perpetró el feminicidio. De esta omisión se desató el proceso administrativo en contra de los elementos de seguridad.
DESLINDAN A JUEZ CALIFICADOR
Información de la DSPM da cuenta que, en la última sesión de la Comisión Interdisciplinaria, sus integrantes pusieron sobre sobre la mesa la situación de los policías.
Edgar Salgado, vocero de la corporación, señaló que la suspensión de los elementos, tres hombres y una mujer, se mantendrá vigente mientras transcurra la investigación como lo establece el reglamento.
Los agentes que están bajo investigación administrativa, son Aarón Huerta Torres, Desiderio Barragán Ruiz, Mireya Gómez Morán y Jorge Adán Leyva García.
Hasta el momento Sindicatura Municipal no contempla una sanción en contra de los jueces, que en esa zona son Jorge Alberto Mendoza González y Miguel Antonio Batalla Palacios.
NIEGAN REPARACIÓN DEL DAÑO
La familia de Lucero Rubí continúa con las protestas para reclamar justicia.
En los últimos cinco meses han realizado audiencias con las autoridades para exigir la reparación del daño para proteger la salud y educación del menor -hijo de Rubí- que quedó huérfano.
Angélica Huerta, hermana de la occisa, realizó una serie de peticiones a distintas dependencias de gobierno para que aporte a la educación del niño. Entre otros apoyos, han solicitado computadoras y becas. Es todo lo que han recibido como reparación del daño.
Explicó que al momento de su muerte, Lucero Rubí tenía activo un contrato con el Sector Salud de Baja California, como promotora de los programas.
La institución dirigida por Alonso Pérez Rico, les aseguró que una semana después de cometido el crimen, el dinero se depositaría en una cuenta bancaria, sin embargo, “han pasado cinco meses y no tenemos nada, les hablamos y no dan respuesta”.
Angélica hizo recuento de una de las reuniones y compartió documentos de las mismas.
De acuerdo con la familia, la Secretaría de Salud se comprometió a pagar los gastos funerarios y la indemnización, sin haber cumplido hasta el momento.
CUMPLIÓ AMENAZA DE MUERTE
La hermana de Lucero Rubí comentó cómo era su vida antes de la tragedia.
Describió la manera en que era acosada por la pareja vía telefónica y en el mismo domicilio. Era tanto el hostigamiento que optó por mudarse de casa junto con la familia para evitar el acoso. Tiempo antes, incluso dejó de manejar su vehículo porque Pedro le cerraba el paso en la vía pública.
El día del asesinato, él llegó al Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero, con uniforme de enfermero; el guardia de seguridad lo dejó ingresar para después esconderse en el baño.
Por seguridad, la familia de Rubí se hacía cargo de trasladarla del trabajo a la casa, pues las amenazas eran muy fuertes.
Cuando Pedro encontró la oportunidad, interceptó a su víctima, apuntándole con el arma y disparando en dos ocasiones; al verse rodeado, decidió quitarse la vida.
Lucero Rubí hizo varias demandas a las que no se dio seguimiento, con el argumento de no haber pruebas necesarias
“Cuando tenía algo que ver, él fue y la llevó, pero la tenía amenazada, le metió la pistola a la garganta. Hablaron a la Policía, lo detuvieron; ni una hora, estuvo todo el tiempo el Juez Calificador y desapareció el acta. Yo era la que manejaba, ella no quería y en repetidas ocasiones rebasando carros, ella vivía en mi domicilio, él pasaba y gritaba”, recordó Angélica.
Pedro, quien trabajaba como chofer de unidades de carga pesada en la empresa agrícola de Los Pinos, tiene más familia en San Quintín.
Según los familiares, el hijo menor de ambos se encuentra en buen estado de salud, recibiendo apoyo psicológico de la Unidad de Víctimas de la fiscalía.
“Es algo que no se le desea a nadie, no queremos que no pase lo mismo con otra persona, por eso estamos haciendo esto”, describió la hermana de Lucero Rubí, en espera de justicia y que paguen aquellos que no hicieron bien su trabajo.
JUEZ FEDERAL “ATORA” CASO
Testigos del asesinato están convencidos de que hubo más implicados.
En declaraciones hicieron afirmaciones sobre un sujeto que trasladó al asesino al Centro de Salud, y se mantuvo estacionado en la vía pública esperando a Pedro.
ZETA consultó a la Unidad de Delitos contra la Vida, donde afirmaron que no hay más personas que figuren en la investigación como coautores. La autoridad está en espera de que el juez federal les permita el acceso a las telecomunicaciones de ambos teléfonos, imputado y ofendida, con la finalidad de saber si Pedro tenía algún cómplice.
Respecto a la posible mala actuación de los policías municipales, al no tener en poder las actas de los reportes, dijeron que como fiscalía solicitaron al coordinador de la Unidad de Investigación en San Quintín copias certificadas de las carpetas con Número Único de Caso 0201-2020-09216, 0201-2020-11572. La primera instruida por el delito de lesiones agravadas, y la segunda por privación ilegal de la libertad, ambas en agravio de Lucero Rubí Ojeda Huerta y en contra de Pedro Antonio Martínez Castro.
La información obra dentro de la carpeta de investigación 0201-2020-12323 instruida por el delito de feminicidio.
SE ACUMULAN CASOS DE FEMINICIDIO EN BC
En el año que mataron a Lucero Rubí, se cometió el mayor número de homicidios del cual se tenga información en Ensenada, con 420 casos; 40 corresponden a mujeres.
Por el modo en que se cometió el asesinato, 25 podrían ser considerados feminicidios.
Información dada a conocer por el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, indica que en materia de feminicidios, en los cinco municipios de Baja California se han judicializado a 15 personas y vinculado a proceso a 12 personas en el año en curso.
Resaltó que en este 2020 se clasificaron como feminicidio las conductas que así se vieran, pues en otros gobiernos el crimen en contra de una mujer primero se iniciaba como homicidio y después se catalogaba si era necesario.
“Se investigan desde un inicio como feminicidios, esto nos ha dado buenos resultados”, reconoció el funcionario en rueda de prensa celebrada el martes 9 de marzo.
En los primeros meses de 2021, 20 personas han sido consignadas por las 32 víctimas que se han registrado.
