Los socios del Club Campestre ya iniciaron con procesos de amparo para evitar que este espacio sea expropiado como lo pretende el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien en repetidas ocasiones ha amenazado con realizar dicha acción en contra del club social y deportivo.
La aprobación de un amparo por parte de un juez, promovido por Ignacio Ochoa Alldredge, uno de los socios del Club, le abrió la puerta para que cada uno de los 800 socios pueda proceder bajo este recurso legal y defender su patrimonio, de igual manera los dueños de predios y negocios en los alrededores del Campestre que se verían afectados por dicha acción del gobernador.
Cabe recordar que el jueves 18 de marzo ya un juez federal resolvió a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, A.C. la suspensión de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble.
Sin embargo, este lunes 22 de marzo la firma De Hoyos y Avilés (DHA) informó a través de un boletín de prensa que uno de sus socios, que también es miembro del exclusivo club de Tijuana, habría promovido un amparo en lo individual para frenar el intento del gobierno del estado para expropiar.
“Ignacio Ochoa Alldredge, miembro del Club Campestre y socio de nuestra firma, en forma reciente promovió un amparo en contra de los actos del Gobernador. El juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, bajo expediente 180/2021”, informó.
En el documento se destaca que la resolución del Juez de Distrito, con la aceptación del amparo, constituye un precedente importante, ya que reconoce el derecho de los miembros del Club a defender por sí mismo sus derechos constitucionales, apelando al interés legítimo de los socios.
“Con este importante precedente judicial, se abre la puerta para que cada socio del Club Campestre inicie su propia defensa. El juzgador concluyó que los miembros del Club Campestre Tijuana, sí cuentan con interés legítimo para solicitar el amparo, ya que el acto expropiatorio afectará su derecho fundamental de propiedad, así como otros derechos humanos, como el libre desarrollo a la personalidad, derecho la salud, a la cultura física y práctica del deporte, a un medio ambiente sano, y de acceso a la cultura”, explican en el boletín.
En el boletín enviado por DHA se informa que el juez resolverá si otorga la suspensión de los actos reclamados, para que no se tomen las instalaciones del Club Campestre, en una audiencia fijada para el día 26 de marzo de 2021.
Ante esto ZETA busco al promovente del amparo, Ignacio Ignacio Ochoa Alldredge, quien detalló que en su calidad de asociado del Club Campestre de Tijuana, se ve afectado su patrimonio, por el valor que tiene su acción, la cual pagó para ser miembro, además de diversos derechos constitucionales, principalmente el de la propiedad privada.
Señaló que independientemente de que el Campestre se pueda defender solo bajo la figura del interés jurídico, él apela a su interés legítimo, ya que la acción de expropiar el campestre, por parte del actual gobierno, también lo perjudica en lo individual.
Además, reveló que al igual que él varios de los socios ya comenzaron a interponer amparos para evitar que el titular del ejecutivo atente contra su patrimonio.
Ignacio Ochoa Alldredge indicó que para que realice el proceso de expropiación, el gobierno del estado debe apegarse a la ley, generando una garantía de audiencia previa al acto de expropiación.
Esto quiere decir que antes de que se realice el acto, el ejecutivo estatal debe generar una audiencia previa, donde el dueño de la propiedad se defienda y exponga los motivos por los que sería improcedente la expropiación, para que luego un juez determine si es o no valida la acción.
El también abogado señaló que amenazar con expropiar y hacerlo sin el apego a las leyes, generaría un gran impacto económico, porque genera incertidumbre financiera y los inversionistas que tienen aquí sus empresa y naves industriales, podrían dejar de invertir en el estado y buscar otras opciones.
“Esta acción nos perjudica a todos. No puede andar diciendo mentiras. Solo genera incertidumbre, acabando con la inversión. Además el gobernador debe pagar una indemnización a los socios si quiere expropiar, no puede hacerlo sin pagar. El campestre sí tiene su título de propiedad”, aseguró.
Por su parte Jorge de Hoyos Watlher, socio de este despacho, aseguró que desde el gobierno del estado se están generando actos ilegales, manipulando los registros históricos de la propiedad del Rancho Tijuana.
“Se están preparando actos ilegales, no solo la expropiación como tal. Funcionarios del Gobierno están modificando registros históricos de la propiedad del Rancho Tijuana, para justificar de esa manera su conducta ilegal. Es importante que la sociedad Tijuanense se defienda ante tales actos arbitrarios”, acusó.
