La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmaron un acuerdo por el blindaje electoral de la dependencia pública en el actual proceso 2020-2021, a propósito de las campañas políticas que están por iniciar en Baja California.
El titular de la Seproa, Salomón Faz Apodaca, y el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Eliel Vargas Pulido, signaron la carta de compromiso con el fiscal electoral de Baja California, Carlos Barboza Castillo, este viernes 19 de marzo.
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En el documento quedó establecido que el director de la CESPT se compromete a cumplir con lo que disponen las leyes vigentes en materia electoral durante el proceso electoral en curso, en el cual habrá de renovarse el gobierno de Baja California, así los Ayuntamientos, el Congreso local y, en concurrencia con el ámbito federal, las diputaciones.
Vargas Pulido asentó que en su condición de servidor público garantiza “a la sociedad en general, que se implementarán las acciones preventivas necesarias, para que los recursos y programas” de la paraestatal “no sean utilizados con fines políticos-electorales”.
Indicó que “habrá cero tolerancia” con quienes infrinjan la ley, de manera hizo un exhorto a los servidores públicos en su totalidad a conducirse con apego a la normatividad vigente.
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El instrumento de blindaje implica que parte de la fiscalía el compromiso tiene que ver con el diseño y la impartición de cursos destinados a los servidores en el ánimo de que conozcan las conductas estipuladas como delitos electorales e infracciones.
El titular de la FEBC, Carlos Barboza Castillo, refirió a ZETA que con el blindaje electoral las entidades públicas protegen a su personal y a la entidad misma con el compromiso de “no destinar recursos públicos, materiales humanos, financieros con fines electorales”, en tanto que la Fiscalía se encarga de mostrar “lo que la ley electoral, tanto penal como ordinaria señala, para que no cometan ningún tipo de conducta que viole el adecuado desarrollo de la función electoral”.
En el caso de la Seproa, informó que el miércoles 24 de marzo se impartirá el primer taller al que acudirán “directivos de todo el estado y el personal operativo”. Detalló que se tratará de una sesión semipresencial, en vista de las medidas precautorias que hay que guardar por la pandemia de coronavirus COVID-19.
En tal sentido mencionó que “la idea es hacer cuantas (sesiones) sean necesarias para poder cubrir a todos los de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y para la Comisión Estatal de Servicios Públicos”.
Precisó que fue la propia Seproa la instancia que procuró el acercamiento para implementar el blindaje.
Según abundó, a partir de que la Fiscalía empezó a implementar el programa de blindaje con el municipio de Tijuana, la Seproa solicitó que se procediera de la misma manera con su personal.
“El municipio de Tijuana fue el primer Ayuntamiento con el que hicimos blindaje electoral, ellos (Seproa) se dieron cuenta en los medios y me contactaron y fue como les diseñamos este programa específicamente”, manifestó el fiscal.
Agregó que el martes y el miércoles comenzó a implementarse en Tecate y Rosarito respectivamente y que antes de que finalice la semana, se hará lo propio en Mexicali.
A decir del titular de la FEBC, algunos diputados también se han acercado con la Fiscalía para efectos de instruir en la materia a sus respectivos equipos de colaboradores e igualmente el esquema de blindaje ya se implementó en la Dirección de Comunicación Social del Estado.
Barboza Castillo, remarcó que lo idóneo es que los talleres en general terminen de impartirse un día antes de que arranquen las campañas electorales, que para el cargo de gobernador tendrán lugar a partir del 4 de abril, fecha con la que inicia la fase de contienda en Baja California.
“Nosotros queremos concluir el 3 de abril para ya concentrarnos 100% en el tema de investigación y persecución”, remató.
