En agosto de 2020 se reanudaron paulatinamente las actividades en los Juzgados Civiles y Penales, con personal y horarios limitados; sin embargo, esto poco favoreció al combate del rezago en la aplicación de justicia y resolución de casos judicializados, refieren los litigantes
Las suspensiones de actividades en el Poder Judicial, derivadas de las restricciones sanitarias por la enfermedad COVID-19, así como los paros laborales de los trabajadores burócratas en Juzgados Civiles, ha mermado la aplicación de justicia.
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De acuerdo con lo expresado por representantes de colegios y barras de abogados, son cientos los casos que se encuentran detenidos, atentando así contra el derecho a la procuración de justicia de las víctimas de delitos que han sido judicializados.
Tal es el caso de la joven Alina Mariel Narciso Tehuaxtle (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), detenida en diciembre de 2019 por el homicidio de su entonces pareja sentimental. Ella permanece en prisión en espera de que su proceso avance.
La madrugada del 12 de diciembre de 2019, Alina Mariel disparó en cuatro ocasiones en contra de su pareja, Luis Rodrigo Juárez Arellano, en presunta defensa personal, luego que este la agrediera físicamente y amenazara con matarla. Ambos eran policías activos de la entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.
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Conforme al testimonio compartido por la propia Alina Mariel, a su abogado y a su madre, la señora Socorro Tehuaxtle, Luis Rodrigo la sometió a violencia de género desde el primer día de su relación sentimental. “Nunca quiso denunciar, aunque varias compañeras y amigos se lo aconsejaron, ella no quería tener problemas porque sabía que lo iba a seguir viendo en el trabajo”, comentó su madre a este Semanario.
recluida en la penitenciaría
desde diciembre de 2019
La pareja se conoció mientras laboraban en el Distrito Centro a mediados de 2018, iniciaron una relación casi al instante y unos meses después decidieron rentar juntos un departamento en el fraccionamiento Santa Rosa de la delegación Playas de Tijuana, en la misma vecindad donde Alina vivía con su madre y su hermano.
A pocos metros de distancia, la señora Socorro se mantuvo al pendiente de su hija y fue testigo de los constantes problemas que experimentaba la pareja, principalmente provocados por las inseguridades y problemas del hombre; una tarde de octubre, la joven le compartió que se separaría de Luis Rodrigo y le pidió que la acompañara a retirar sus pertenencias del departamento. También solicitó apoyo a sus compañeros policías para que la custodiaran, por el temor que le tenía a su entonces novio.
La señora Socorro aseguró a ZETA que la proximidad de las viviendas permitió que Luis Rodrigo coincidiera en varias ocasiones con su hija, por lo que a las pocas semanas y bajo la promesa de que buscaría ayuda profesional para solucionar su problema de adicciones, Alina accedió a retomar su relación.
La situación de violencia de género por la que atravesaba Alina era bien sabida dentro del Distrito Centro, la mayoría de sus compañeros conocían los problemas de adicciones que tenía su pareja y en reiteradas ocasiones le aconsejaron dar fin a la relación para no terminar afectada, sin embargo, no la notificaron a sus superiores y después del homicidio pocos han accedido a rendir declaración a favor de la joven.
Alina Mariel fue detenida en el momento, aunque no existiera la flagrancia del delito y puesta a disposición de las autoridades; recibió la vinculación a proceso el 18 de diciembre de 2019 por el delito de homicidio calificado previsto con ventaja y recibió como medida cautelar la prisión preventiva. Cuando se iba a celebrar la audiencia intermedia, se pospuso por la suspensión de actividades aplicada a raíz de la contingencia sanitaria.
SISTEMA JUDICIAL ESTÁ COLAPSADO: ABOGADO
“La justicia no es pronta ni expedita en estos momentos. Ahorita las instituciones del Sistema Judicial están colapsadas, por un lado, está la incompetencia, y por el otro lado, COVID-19”, expresó el abogado Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, presidente de la Asociación Mexicana de Abogados en Baja California.
Respecto al caso de Alina Mariel, dio una breve opinión general: existen elementos suficientes para sustentar que actuó en defensa propia en contra de su pareja sentimental, quien presuntamente la sometió a violencia de género durante su relación.
En opinión del abogado, se debe reestablecer poco a poco el ritmo de trabajo de los Juzgados para que tanto el caso de la joven policía como cientos más avancen y se aminore el rezago que provocó el cierre de actividades por la pandemia.
En agosto de 2020, luego de varias manifestaciones por parte de los colegios y barras de abogados, el Poder Judicial acordó retomar actividades con personal y horarios limitados. En ese momento no era posible siquiera un 50% de la digitalización del sistema de justicia, por lo que pocas audiencias se han celebrado de manera virtual.
Recientemente, el Sindicato de Burócratas convocó a un segundo paro de labores (el primero fue en el mes de octubre), ante el argumento que el Poder Judicial no cumplió con las condiciones anteriormente acordadas para salvaguardar la integridad de los trabajadores.
Cruz Manjarrez comentó que estas acciones fueron irresponsables e incluso se cometió el delito de obstrucción de la justicia al colocar cadenas y candados en las puertas de los Juzgados Familiares, donde los burócratas realizaron un acto de manifestación.
La suspensión de actividades se mantuvo por un día. La representación sindical y la autoridad judicial se reunieron el miércoles 24 de marzo y lograron establecer acuerdos para no afectar a los procesos en marcha. Uno de estos, mantener el horario mixto en los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles en Tijuana, esto es, que se atienda después del mediodía, con la posibilidad de modificar los horarios hasta que cambie el color del semáforo sanitario a Verde.
“Pero mientras este tipo de casos como el de Alina, se quedan atorado, muchas víctimas de delitos tienen un año esperando una resolución, casos de violencia de género, cuestiones de pensiones alimenticias y otros delitos que afectan la estabilidad de los detenidos, no encuentran justicia”, comentó el abogado penalista.
Por su parte, el Poder Judicial argumentó a este Semanario que no existe rezago en los procesos y, en la medida de lo posible, se ha avanzado en los casos judicializados, sin dejar de procurar la integridad tanto de empleados como de usuarios, con el fin de prevenir contagios de coronavirus en sus instalaciones.
