Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aceptó la solicitud de que Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga-, sea citado a declarar durante el proceso que se sigue contra la ex funcionaria federal, a quien se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de la ex titular de la SEDESOL y de la SEDATU, informó que, además, Villar Ceballos aceptó 38 datos de prueba y 12 testimonios más para la siguiente etapa del juicio, por lo que sería este martes 30 de marzo, cuando se dicte auto de apertura a juicio oral.
“Los medios de prueba que nosotros hemos ofrecido y consideramos fundamentales, nos ha sido admitido por el juez la declaración de Emilio Zebadúa, con la finalidad de que se presente y declare aquí, y que hable respecto de la firma de convenios, y la responsabilidad que tenía, pero principalmente lo que se argumenta sobre las irregularidades que hay para la presentación de los distintos comprobables”, dijo el abogado de Robles Berlanga.
“Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa, que para nosotros se convierte en un testigo muy importante, pues de acuerdo con la teoría del caso de esta defensa, consideramos que radica en él por mandato de ley y porque así lo establece la propia Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Servicio Público, la responsabilidad en la firma de lo convenios”, abundó el litigante.
“Y, en su caso, si había alguna irregularidad previa a la firma, él tendría que haberlo comunicado a Rosario Robles, esa información no existe. La revisión que se hace de la cuenta pública se realiza dos años después de que se ejerció el presupuesto”, detalló el abogado de la ex funcionaria federal.
Mendieta Valdés detalló que dentro de los testigos denegados se encuentra David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Javier Guerrero García, ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la SEDESOL.
El 4 de agosto del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Robles Berlanga y de Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la SEDESOL y la SEDATU, durante el Gobierno de Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la ASF, mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
EMILIO ZEBADÚA SE OFRECE A SER TESTIGO PROTEGIDO DE LA FGR
Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para así “revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó el 2 de noviembre del 2020, el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.
Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal […] Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la SEDATU y la SEDESOL fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal, también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
LA ACUSACIÓN CONTRA EMILIO ZEBADÚA
La Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y la SEDATU, durante la titularidad de Robles Berlanga- ante la FGR, por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
Según el diario Reforma, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del 2018, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
El 30 de julio del 2019, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio del 2019, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 60 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre del 2019, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial, que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre del 2019, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.
Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.
El pasado 24 de junio del 2020, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.
El fallo judicial obligaba a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumentara sobre la procedencia de la misma.
¿QUIÉN ES EMILIO ZEBADÚA?
Zebadúa González fue consejero ciudadano del ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Luego, en 2006, manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.
Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). No obstante, el 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.
