El 11 de febrero, la Sala Regional de Guadalajara emitió una sentencia a favor de las acciones afirmativas para los pueblos indígenas en Baja California, con lo que tienen derecho a ocho posiciones en la contienda electoral 2020-2021. Situación que ha sido impugnada por el Partido Acción Nacional, al generar incertidumbre a los participantes y partidos políticos
Participar en el proceso electoral 2020-2021 en Baja California, no ha sido tarea fácil para los integrantes de los pueblos indígenas en la entidad. Para lograrlo, han recurrido a distintas instancias electorales locales y federales, topándose con negativas a sus peticiones, y al avanzar en estas, se han enfrentado a los partidos políticos. Como Acción Nacional (PAN), donde no quieren darles los espacios que solicitan; y a Morena, que busca registrar a sus candidatos como representantes indígenas cuando no son validados por la comunidad.
Hasta el momento, el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha publicado dos dictámenes: el Número 7, aprobado el 30 de noviembre de 2020; y el número 10, aprobado el 1 de febrero de 2021. Con estos lineamientos se pretendió dar certeza política tanto a las mujeres, como a los pueblos indígenas y a grupos vulnerables como las juventudes, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+, a través de acciones afirmativas aplicables en el actual proceso electoral.
Sin embargo, el camino ha sido complicado particularmente para la comunidad indígena, porque ambos dictámenes fueron impugnados. El Dictamen 7, con el que los pueblos indígenas alcanzaron ocho posiciones en el actual proceso electoral en Baja California, dos diputaciones y seis regidurías (una en Tijuana, Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, y dos en Ensenada), fue impugnado por el Partido del Trabajo (PT), PAN, Movimiento Ciudadano (MC), Partido de Baja California (PBC) y un grupo de ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.
Esas impugnaciones fueron interpuestas por considerar que no hubo un análisis adecuado por parte de los consejeros del IEE al momento de emitir los lineamientos que otorgaron ocho posiciones a las poblaciones indígenas en el Congreso local y los ayuntamientos.
Los partidos políticos inconformes alegan que es injusto darles lugares como diputados de representación proporcional, al no existir candidatos indígenas por mayoría relativa, lo que vulnera el objetivo de la representación proporcional con la que los partidos pequeños tienen acceso a espacios parlamentarios.
De igual manera, señalaron que se vulneran los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, certeza, representación política de la voluntad popular y el derecho de autodeterminación de los partidos políticos. También, pidieron que las cuotas que se solicitaban en el Dictamen 7 no fueran rígidas, sino flexibles, y se hicieran efectivas únicamente para cargos a nivel municipal y no en el Congreso local.
Por otra parte, se manifestó que las acciones afirmativas otorgadas a los pueblos indígenas vulneraban a otros sectores de la ciudadanía, como el de los jóvenes. En el caso de la comunidad LGBTTTIQ+ interpusieron recursos de inconformidad en los que se puso de manifiesto que no fueron tomados en cuenta para otorgarles las acciones correspondientes para incluirlos en la contienda electoral 2020-2021.
Dichas inconformidades dieron como resultado que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) pidiera al IEE analizar las acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas, comunidad LGBTTTIQ+, juventudes y personas con discapacidad, y emitir nuevos lineamientos en los que se incluyeran a todos los grupos vulnerables.
Ante esta sentencia, el IEE emitió el Dictamen 10 el lunes 1 de febrero, con el que dio una posición para regiduría por municipio y una para diputación en alguno de los 17 distritos a los pueblos indígenas; una posición en municipio o diputación para juventudes; una para personas con discapacidad y una para la comunidad LGBTTTIQ+.
Aunque este dictamen fue bien recibido por los grupos interesados, como es el caso de la comunidad LGBTTTIQ+, representantes de los pueblos indígenas no estuvieron de acuerdo con lo que determinó el dictamen, ya que provocó que se les redujeran los lugares que habían ganado a nivel municipal y en el Congreso local. Por ello, esperaron la respuesta de la Sala Regional de Guadalajara, donde previamente habían interpuesto un recurso de impugnación.
La respuesta se dio el 11 de febrero y en la sentencia se concedió la razón a los pueblos indígenas, por lo que se solicitó al IEE reponer los artículos 20 y 30 del Dictamen 7, en el que se le otorgan las ocho posiciones, dos diputaciones y seis regidurías a nivel estatal. Ante esta sentencia, el PAN impugnó nuevamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
PUEBLOS INDÍGENAS, EN DESACUERDO CON PARTIDOS POLÍTICOS
Edgar Montiel Velázquez, activista en asuntos indígenas en Baja California, compartió con ZETA que los trabajos para alcanzar las acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas, surgen en agosto de 2018, cuando la defensoría pública para pueblos y comunidades indígenas, cercana al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo una aproximación con él.
Tras ese primer contacto, en septiembre de ese año estableció comunicación con el IEE para consultar las medidas compensatorias que este implementaría en favor de las comunidades y pueblos indígenas para el proceso electoral 2018-2019. De aquella consulta recibió como respuesta que no se tenía contemplada ninguna clase de acciones para respaldar a la comunidad indígena.
Para el 24 de octubre de 2018, Montiel Velázquez interpuso un recurso de inconformidad para solicitar que se analizaran y evaluaran las acciones a implementar por el IEE, con las que se diera la oportunidad de participación a los pueblos indígenas en el proceso electoral. El 11 de diciembre de ese año, la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del IEE, emitió el Dictamen 1, con el que desestimó implementar acciones compensatorias a favor de los pueblos indígenas porque no se cumplía el criterio porcentual de representatividad.
Ante tal respuesta, el activista interpuso un recurso de inconformidad ante el TJEBC, quienes ratificaron lo dicho por el IEE, por lo que continúo en la siguiente instancia -Sala Regional de Guadalajara-, donde interpuso un juicio ciudadano. Sin embargo, esta instancia validó lo dicho por el TJEBC.
No conforme con la respuesta, el 10 de febrero de 2019 solicitó una reconsideración de la sentencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes resolvieron con la revocación de las sentencias del TJEBC y el Dictamen 1 del IEE. Igualmente, solicitó que en el siguiente proceso electoral, el IEE aplicara acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, ya que al ser un grupo vulnerable, no se debe tomar en cuenta solo el porcentaje de representatividad.
Tras estos antecedentes de trabajo, aprovechó para denunciar que desde el inicio del proceso electoral, el 6 de diciembre de 2020, partidos como PAN, PT, PBC y MC impugnaron la acción afirmativa aprobada el 30 de noviembre en el Dictamen 7, con la que se permitía que los pueblos indígenas tuvieran derecho a dos posiciones en las planillas para diputaciones en los 17 distritos y una posición para regidurías en cada municipio, con excepción de Ensenada, donde son dos.
Explicó que durante esa impugnación se adhiere como interesado para que se resuelva su inconformidad, ya que el IEE permitió que los partidos políticos puedan ponderar las posiciones y justifiquen por qué Ensenada no entra como municipio indígena, y no había estadística sólida sobre el sector indígena en BC.
Montiel Velázquez detalló que con la sentencia del 8 de enero por parte del TJEBC, se agregó la posibilidad para que grupos como el de las juventudes, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+, también tuvieran acceso a las acciones afirmativas por la que los representantes de los pueblos indígenas estuvieron trabajando en los últimos dos años.
“El tribunal da apertura a las personas con discapacidad y para el grupo LGBTTTIQ+, no tengo nada en contra con ellos, que quede claro, pero desde el concepto que entró al tema de la acción afirmativa, y todo el proceso inicial respecto al tema de la participación de la población indígena, los grupos indígenas están catalogados, sectorizados. Están en cierta referencia numérica, cuantitativa, cualitativa, tienen su propia idiosincrasia, usos y costumbres, tienen ciertos factores que avalan el uso de la acción afirmativa a comparación del grupo LGBTTIQ, las juventudes y las personas con discapacidad; son muchos aspectos que no reúnen para englobarlos en la acción afirmativa”, refirió el activista.
Respecto al Dictamen 10, el último en ser votado por el Consejo General del IEE, dijo estar en desacuerdo porque les quitaron una posición a nivel diputación y uno a nivel ayuntamientos, por lo que interpusieron un recurso de impugnación ante el TJEBC, la Sala Regional de Guadalajara y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recuperar los dos puestos que habían alcanzado en el Dictamen 7.
Situación que alcanzaron con la sentencia del Sala Regional de Guadalajara. al expediente SG-JDC-15/2021.
Por otra parte, señaló que el TJEBC desvirtuó parte de lo que dictaba el Dictamen 7, ya que deliberó que la población indígena que vive en San Quintín, no tiene derecho a ser votada por la situación que vive el poblado en proceso de ser un nuevo municipio, por lo que deberán esperar hasta 2024 para participar en el proceso electoral. El activista descalificó esta acción, al violentar los derechos políticos de quienes viven en la localidad que representa el mayor número de población indígena nativa en Baja California.
PAN BC, EN DESACUERDO CON SENTENCIA DE SALA DE GUADALAJARA; POSPONEN ELECCIÓN INTERNA E IMPUGNAN
Enrique Méndez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, confirmó que el 14 de febrero interpusieron un recurso de reconsideración ante la Sala Superior porque no están de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara.
“Vamos a esperar una respuesta de la Sala Superior porque interpusimos un recurso, ya que no estamos de acuerdo con que a estas alturas estén cambiando estas reglas que nos traen incertidumbre para los participantes, para los partidos en este próximo proceso electoral; estamos a unos días de que se cierren los registros y que todavía se estén dando estos cambios, nos pone en una situación complicada”, declaró el dirigente estatal del PAN.
Añadió que es un tema que compete a todos los partidos políticos, no únicamente a Acción Nacional.
En el mismo sentido, compartió que decidieron cancelar la elección interna prevista a celebrarse el domingo 21 de febrero, para elegir a los precandidatos en diputaciones y regidurías, por lo que podría darse el domingo 28, una vez que tengan respuesta de la Sala Superior, a la cual se apegarán.
Ante este escenario, el activista de en asuntos indígenas Edgar Montiel Velázquez, opinó que Acción Nacional no está abonando a la vida democrática y solo demuestra la poca inclusión con la que cuentan, pero recordó que las acciones afirmativas no son un tema nuevo, sino un proceso que lleva más de dos años en que se ha trabajado, por lo que no hay justificación en decir que desconocían el tema, porque tienen un representante del partido dentro del IEE.
“Esas son viejas prácticas porque Acción Nacional, a como se han comportado en los últimos años, ya no tienen ideología, ya no tienen un valor ético. Es claro que es una comunicación facciosa de los procesos y no van a abonar nada a su propio partido, porque ni siquiera tienen la certeza de lo que está pasando por su propio desconocimiento; creo que están jugando con su militancia”, sentenció Montiel.
Referente a postulaciones que ha hecho Morena en sus elecciones internas, en la que personajes como la diputada local Montserrat Caballero se ha autonombrado parte del grupo indígena, detalló que van a ser muy cuidadosos para que los aspirantes a una candidatura tengan el respaldo de algún grupo indígena en BC.
“Si me preguntas, nunca he visto la participación de la diputada Montserrat Caballero dentro del activismo en asuntos indígenas, desde mesas de trabajo, foros, no he tenido referencia alguna, salvo por estar en esa posición política. Puede decir que viene de un estrato indígena, pero siendo lo más honesto, nunca se ha visto, en comparación de otros compañeros líderes, su activismo en pro del tema indígena”, puntualizó.
COMUNIDAD LGBTTTIQ+ CELEBRA ACCIONES AFIRMATIVAS QUE LES PERMITE PARTICIPAR EN CONTIENDA
En opinión de Claudia Elsa López Sanz, coordinadora de Colectiva Diversa en Ensenada, ex candidata a diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática y una de las integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ que interpuso un recurso de inconformidad al Dictamen 7, por considerar que se vulneraba su derecho político electoral para ser votada y que los lineamientos eran limitativos e insuficientes para garantizar la participación de las minorías en el proceso electoral, había medidas vagas e imprecisas en su alcance en cuanto a la participación de las minorías, quedando solo como un exhorto para que los partidos políticos tomaran en cuenta a la comunidad y ellos decidieran si tomaban en cuenta alguna candidatura, pero no como una obligación de que se les incluyera.
A partir de lo anterior, celebró que el Dictamen 10 votado por el IEE incluya a la comunidad que representa para que tengan un cargo en los ayuntamientos o a nivel diputación en alguno de los 17 distritos, ya que sienta un antecedente en la entidad federativa.
“Es una acción sin precedentes en el Estado, ya ponerlo como obligación es una gran recepción, porque somos algo más que una cuota, somos personas que pertenecemos a grupos que hemos sido vulnerados históricamente y que para subsanar esa deuda histórica, nosotros y nosotras mismas tenemos que buscar estos espacios”, destacó López Sanz.
Pese a que es un solo espacio al que tendrán derecho, consideró que es un trabajo que se dará poco a poco, por lo que seguirán en la lucha para que en los procesos electorales venideros, se les pueda ampliar el número de lugares tanto a nivel diputaciones como en los municipios.
