ASF exhibe a la 4T, AMLO la desacredita

Hacienda destroza auditoría de desempeño sobre el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, pero reconoce que ascendió a 163 mil 540.7 millones de pesos. cifra 63.5% mayor a lo que estimó el Gobierno Federal. Presidente pide al Congreso investigar a la Auditoría Superior por “informe tendencioso”. Colmenares comparecerá ante el Congreso el lunes 1 de marzo

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Sobreprecios, gastos sin justificar ni comprobar, pago a beneficiarios de programas sociales que ya fallecieron y nombramientos en cargos que no cumplen con perfiles ni la experiencia requerida, son algunas de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cuenta Pública 2019.

La tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalía Superior no solo da cuenta de irregularidades en la administración de la Cuarta Transformación -similares a las cometidas en sexenios pasados-, sino que también hace señalamientos sobre el ejercicio de recursos de las 32 entidades federativas y los municipios, así como de los poderes Legislativo y Judicial. En total, el monto observado asciende 67 mil 498 millones de pesos.

Nunca antes un jefe del Poder Ejecutivo federal -como esta semana lo hizo López Obrador- había desacreditado la información de la ASF, cuya fiscalización en años anteriores permitió conocer irregularidades que dieron origen a escándalos como “La Estafa Maestra”.

AUDITOR DEBE DEJAR EL CARGO: ACADÉMICO

La labor de la auditoría de la Cuenta Pública 2019 -que arrojó 2 mil 606 recomendaciones, 139 solicitudes de información y más de mil promociones de responsabilidad administrativa- quedó en entredicho cuando la propia ASF admitió en un comunicado una “deficiencia metodológica” e “inconsistencias en la cuantificación” de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), sin precisar los errores cometidos ni proporcionar un nuevo cálculo al que -en principio y plasmado en papel- estimó en 331 mil 996 millones 517 mil pesos, que significan 232% más que lo proyectado por el Gobierno Federal.

El comunicado de la ASF fue difundido la noche del lunes 22 de febrero, a horas que el Presidente politizara el tema, afirmando que los datos de la Auditoría eran incorrectos y “exagerados”, que él tenía “otros datos” y que el máximo organismo fiscalizador del país “le estaba dando mal la información” a sus adversarios y no debía “prestarse a esas campañas”.

Al mediodía del lunes, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, adelantaba que no se cerraba a reconocer si había un error y que había instruido a diversas áreas a revisar la auditoría de desempeño de la cancelación del NAICM, cuyos resultados estarían el mismo día o al siguiente, lo que culminó en el comunicado de la ASF la noche del 22.

La postura de Colmenares Páramo fue criticada por su antecesor Juan Manuel Portal, quien consideró que “habían doblado” al actual auditor, y aseguró en diversas entrevistas radiofónicas que un error de ese tamaño “no es posible, salvo que el auditor no haya revisado el informe” antes de publicarse.

Incluso aseguró que si estuviera en los zapatos de Colmenares renunciaría, y evocó sus declaraciones de 2018, en las cuales aseguró que cuando él fue auditor había despedido a Colmenares Páramo “porque no entregó los resultados que se esperaban”, tras dos años de trabajar en la institución.

En opinión del profesor Martín Vera Martínez, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Colmenares Páramo “debe dejar del cargo” para que la ASF la encabece alguien “incuestionable”, porque al admitir el error sin haberse transparentado los cálculos, quedó en entredicho la “certeza” del órgano como “contrapeso del gobierno”.

“No es un asunto nada más de la institución, de un empleado público, sino de credibilidad de todo el país”, e igualmente, catalogó como “histórico” que la ASF haya reculado de una auditoría como sucedió el lunes pasado.

En su opinión, el actuar de Colmenares Páramo fue para “salvaguardar el pellejo político” y sus afirmaciones contribuyen a confundir a la población, justo ahora, en que “estamos en una guerra contra los organismos autónomos, y esto descalificaría fuertemente a la ASF, que es digamos el órgano que estaba fuera de sospecha”.

Además, “debe descartarse cualquier posibilidad de manipular la situación para desgastar al máximo organismo fiscalizador”, ya que lo que está en juego es la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en la administración pública del país, así como la independencia de la ASF como un organismo con autonomía técnica y de gestión.

En la perspectiva del catedrático, debe reconocerse el proceso para llegar a los resultados de la ASF, toda vez que el organismo hace un plan de auditorías que se aprueba un año antes, en el que se describe a quién y cómo se va a revisar, “entonces aquí parece un asunto de tipo político”.

Recordó que en marzo de 2018 el proceso en el que se nombró a Colmenares Páramo como auditor superior -a propuesta de Morena- fue “falto de credibilidad”, ya que al parecer hubo un acuerdo entre ese instituto político y el Partido Revolucionario Institucional para que la Cámara de Diputados lo avalara con 377 votos a favor.

Para el académico, la presión de la opinión pública también debería obligar a la Cámara de Diputados a cuidar el proceso en que se eligiera un nuevo auditor.

Durante la gestión de Colmenares Páramo al frente de la ASF han sido cambiados nueve titulares de diez áreas relevantes. Destacan los nombramientos de Claudia Sofía Corichi García (hija de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García) como titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales; e Isaac Rojkind Orleansk como titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, quienes participaron en el proceso legislativo en el que se designó a David Colmenares Páramo como auditor por un periodo de ocho años.

HACIENDA ASEGURA QUE COMETIERON “ERRORES BÁSICOS”, PERO CIFRAS ELEVAN COSTO DEL NAICM

Luego que la ASF reconociera “inconsistencias en la cuantificación” de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, divulgó un video en Twitter, en el que destrozó el informe del organismo fiscalizador y aseguró que en un primer análisis, “cuando menos el 75 por ciento de lo reportado respecto a la cancelación del NAICM, es erróneo”.

“En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fue la no utilización de criterios contables básicos, y criterios financieros extraordinariamente elementales, eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada y por ello nosotros no sabemos muy bien (risa) a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”, acusó Herrera.

Aunque en el video de poco más de 6 minutos, el funcionario federal descalifica lo hecho por la ASF, reconoce que el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco asciende a 163 mil 540.7 millones de pesos; cifra que es 63.5% mayor a la que había esgrimido anteriormente el Gobierno Federal (100 mil millones de pesos).

Los 163 mil 540.7 millones de pesos contemplan costos no recuperables por 78 mil 127.2 millones de pesos (inversión ejercida en la construcción de 70 mil 497.4 millones de pesos y terminación anticipada de contratos por 7 mil 629.8 millones de pesos); además de costos financieros por 84 mil 915 millones de pesos (liquidación de Fibra E, 34 mil 027.2 millones y recompra de bonos emitidos con intereses y comisiones por 50 mil 887.8 millones de pesos) y costos por asesoría y representación legal por 498.5 millones de pesos.

Empero, Herrera desconoció los 168 mil 455.8 millones de pesos que corresponden a los bonos que siguen en circulación y que según fueron emitidos en 2016 y 2018, “de tal manera que ya eran deuda del Estado mexicano”, por lo que -en la lógica del funcionario- no debieron contabilizarse por la ASF.

Al respecto, el profesor Martín Vera Martínez apuntó que los criterios contables pueden variar dependiendo de quién hace la auditoría, pues podría haber criterios que consideren que sí debe incluirse, de ahí la relevancia de que las dependencias observadas y la ASF sigan trabajando por los canales oficiales y conforme a la Ley, en lugar de que se viertan descalificaciones mediáticas.

TREN MAYA, CON SOBREPRECIOS

En las 336 cuartillas del informe de la ASF hay diversas observaciones a proyectos y programas insignias de la 4T que han sido opacadas por la disputa en el cálculo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la cual podría definirse con la creación de un grupo de trabajo del Comité de Ética de la ASF (al que se invitó a la Secretaría de Hacienda y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México).

El miércoles 24 de febrero, David Colmenares adelantó que ya fueron separados temporalmente dos auditores que hicieron el trabajo.

Entre las observaciones hechas a proyectos de infraestructura impulsados por AMLO destaca el monto de 156 millones 106 mil 025 pesos que deberá aclarar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por la ejecución del Tren Maya.

Una de las irregularidades señaladas a Fonatur es la integración incorrecta de precios unitarios por 50.3 millones de pesos y la duplicidad de pagos a personal directivo y técnico, lo cual generó un pago indebido de 8.9 millones de pesos en el contrato de Ingeniería Básica número C-TM008/2019.

La ASF también señaló que Fonatur contrató a “costos altos” servicios de asesoría legal económica-financiera para la estructuración del Tren Maya, sin considerar que tenía la posibilidad de solicitar dicha asesoría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con experiencia en temas ferroviarios.

Una irregularidad adicional fue el pago de 15 millones de pesos etiquetados para el Proyecto del Tren Maya, sin que Fonatur presentara la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la realización del estudio de telemetría.

Además, “no acreditó contar con los entregables de los servicios para justificar el gasto por 20.7 millones de pesos” correspondientes al acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos por la Asistencia Técnica para la Ejecución del Proyecto denominado Tren Maya.

En respuesta, el Fonatur -dirigido por Rogelio Jiménez Pons- tildó las irregularidades señaladas como “malentendidos”, reiterando que “en tiempo y forma” dieron respuesta a todas las observaciones de la ASF.

Otro proyecto de infraestructura con observaciones fue la refinería Dos Bocas, cuyo monto observado asciende a 75 millones 591 mil pesos. La mayoría (70.7 millones) se debieron a la diferencia entre obra pagada y la ejecutada, además de 2.1 millones de pesos por pagos duplicados y 2.7 millones por el uso de maquinaria contratada.

Mientras que a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le señaló 236.4 millones de pesos por Estudios de Pre Inversión para la Construcción de un aeropuerto mixto cívico-militar y la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en el Estado de México, debido a la falta de documentos que justificaran la adquisición de 49 predios aledaños a la terminal aérea.

Otra irregularidad detectada por la ASF, fue la contratación de una empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para la realización de estudios técnicos, añadiendo que el proyecto no cuenta con concesión de Comunicaciones y Transportes, incumpliendo así la Ley.

POR ACLARAR MÁS DE 3 MIL MDP EN SEGALMEX

La ASF observó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo público descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 3 mil 300 millones de pesos por diversas irregularidades, entre estas, la falta de documentos que amparen la compra de trigo panificable (516.7 millones de pesos); no acreditar la existencia física de maíz y frijol en el rubro de inventarios (mil 496.2 millones); así como la entrada a centros de acopio de frijol adquirido (551.3 millones) ni de productos de la canasta básica a almacenes Disconsa (94.4 millones de pesos).

Segalmex tampoco acreditó haber recibido 34.7 millones de costales, 87 mil 129 tarimas ni envases de PET por los que pagó en conjunto 349.3 millones de pesos.

El ente pagó en exceso 51.1 millones de pesos, correspondientes a mil 520 productores de trigo panificable por el diferencial del precio de garantía de 27 mil 702 toneladas, las cuales excedieron el tonelaje permitido de 100 toneladas por productor, entre otras irregularidades.

SFP SE RESISTE A SER FISCALIZADA

En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF reveló que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de combatir la corrupción en México, “mostró resistencias y en algunos casos, negación” para el desarrollo de operaciones de fiscalización.

Entre las irregularidades observadas, se encuentra el que currículum de 49 funcionarios públicos, 21 “no contaron con información actualizada” y hubo personas designadas en plazas de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control sin la experiencia requerida.

Además, se identificó a funcionarios que no tienen el perfil requerido para ocupar los órganos de Control Interno, como el caso de la titular del OIC en Administración Portuaria Integral Dos Bocas, SA de CV, en cuyo currículum vitae manifestó tener experiencia en cargos de secretaria de gerente, asistente ejecutiva de gerencia y auxiliar particular del Ministerio Público.

También se determinó que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad (PNCCIMGP) 2019-2024 no estuvo vigente en 2019, dado que la SFP no realizó ninguna actividad, arguyendo que dicho plan se encontraba en la primera fase de implementación.

DESORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN SECRETARÍA DE CULTURA

En palabras de David Colmenares Páramo, la dependencia tiene “un problema de falta de organización administrativa”, por el que la titular, Alejandra Frausto, debe aclarar mil 701 millones de pesos.

Una de las irregularidades radica en que la dependencia no acreditó 190 millones de pesos por la contratación de tres empresas de outsourcing. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por 727.8 millones de pesos, por haber pagado erogaciones de ejercicios anteriores sin contar con autorización, y de 16.6 millones por el arrendamiento vehicular sin contar con evidencia que acredite que se prestó el servicio, entre otras.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO PAGA A BENEFICIARIOS FALLECIDOS

La ASF observó 57 millones de pesos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro por diversas irregularidades, como el pago de 68 beneficiarios que ya habían muerto, por un monto estimado en 482 mil pesos.

Otra irregularidad fue la duplicidad de registros de los beneficiarios de este con otros programas sociales, que permitió que 3 mil 371 jóvenes recibieran apoyos por 51 millones 213 mil pesos, pese a que se creó para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tampoco acreditó la entrega de las constancias a 422 mil 734 becarios capacitados durante12 meses ni cuáles fueron las habilidades técnicas y blandas que los becarios adquirieron o fortalecieron, señala el informe dado a conocer el 20 de febrero.

La ASF detectó que 57 mil 418 centros de trabajo incorporados en el programa no presentaron su RFC, en total se dieron de baja a 197 de los 195 mil 454 centros de trabajo que participaron en el programa por no localizarse, soborno a Servidores de la Nación y falsificación de documentos, entre otras anomalías.

Por último, en Becas para el Bienestar -otro programa insignia de la administración de López Obrador-, la ASF observó 263 millones de pesos, y a los Servidores de la Nación, 562 millones de pesos, ambos manejados por la Secretaría del Bienestar.

FGR y la 4T van por García Cabeza de Vaca 

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reveló el dato el 23 de febrero, al asegurar que agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), quienes presentaron la petición de declaración de procedencia y la ratificaron.

García Cabeza de Vaca estaría implicado en dos casos, uno de estos vinculado a la carpeta de investigación de Emilio Lozoya Austin y los presuntos sobornos de Odebrecht en la Reforma Energética en el sexenio anterior. El otro lo lleva a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especializada en crímenes trasnacionales, por presuntos delitos en Estados Unidos.

En el asunto de Odebrecht, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló a diversos ex senadores de la República y ex diputados federales, entre ellos al ahora gobernador de Tamaulipas que, como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, le extorsionaba y presionaba.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, garantizó transparencia en el procedimiento que sigue a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de nexos con el crimen organizado: “No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo, el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos, para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia”.

Por su parte, el miércoles 24 de febrero el mandatario García Cabeza de Vaca arribó a la Cámara de Diputados, luego que la FGR solicitara su desafuero tras anunciar una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

El mandatario se dirigió directamente a las oficinas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente a la Secretaría General del Palacio de San Lázaro, para asegurar que nunca ha violado la Ley y que se orquesta una embestida política en su contra.

“Quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal exijo, poder contar con los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada”, expresaría Francisco García Cabeza de Vaca.

“Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal”, advirtió posteriormente.

La asociación Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó al gobernador tamaulipeco y denunció que un uso “político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del Estado de Derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no”. (Redacción ZETA)

Gobierno de EU pide a México mantener “libre inversión” en sector energético

El Gobierno de Estados Unidos instó a México a mantener una atmósfera de “libre inversión” en materia energética, a horas que la Cámara de Diputados aprobara en lo general el dictamen que modifica la Ley de la Industria Eléctrica, con la que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie J. Chung, refirió un encuentro virtual entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el que EU instó a México a “escuchar a los accionistas, a las empresas del sector privado y a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de libre inversión y transparencia para que las empresas sigan invirtiendo” en nuestro país.

El miércoles 24 de febrero, el dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica fue turnado al Senado de la República, donde deberá discutirse y en su caso aprobarse en un plazo no mayor a 30 días. Ello, luego que el pleno de la Cámara de Diputados lo aprobara sin que los legisladores le cambiaran “ni una coma”.

En una sesión maratónica que duró más de 16 horas, diputados de Morena y partidos afines avalaron el dictamen en lo general y particular, con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, tras rechazar 412 reservas o propuestas para modificar el dictamen de la iniciativa preferente enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de febrero.

El dictamen establece que se modificará el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas para darle prioridad a las hidroeléctricas de la CFE. En segunda prioridad se despacharán las centrales eléctricas de CFE que utilicen energía nuclear, geotérmica, así como aquellas plantas de ciclos combinados y termoeléctricas.

Después se despachará a las plantas que generen electricidad mediante energías eólica y solar de empresas privadas, y en el último término, a las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares.

Además, impone a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la obligación de revocar permisos de autoabastecimiento en los casos en que hayan sido obtenidos mediante fraude a la Ley.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, expuso que la reforma tendrá un impacto inflacionario, al elevarse en 63 mil millones de pesos los costos de suministrar electricidad, lo que significaría un alza aproximada del 17% en el costo del suministro eléctrico.

El líder empresarial anticipo que se prevén litigios internacionales y amparos colectivos contra la reforma al violentar la Constitución y el T-MEC, lo que desincentivaría la inversión ante la incertidumbre jurídica. (Julieta Aragón Domínguez)

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