En 2020, se interpusieron 404 quejas contra policías por abuso de la fuerza y otros excesos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El secretario de Seguridad, Pedro Cruz Camarena, acepta que hace falta capacitación y regular el uso de la fuerza. Alejandro Monreal, defensor de agentes, justifica que los oficiales trabajan en condiciones precarias, en el abandono
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Una tarde de viernes, mientras Miguel transitaba por la calle Primera para incorporarse a la Avenida Revolución en la Zona Centro de Tijuana, fue detenido por un par de policías municipales sin alguna razón aparente, una “revisión de rutina”. Los elementos de la corporación de seguridad le quitaron su cartera y su teléfono, mientras él se encontraba sometido.
Luego de unos minutos, colocado sobre la camioneta de la Policía, Miguel fue reincorporado y le regresaron casi todas sus pertenencias. El efectivo de su cartera ya no estaba y no podía reclamar a los oficiales, para evitar ser trasladado a la Estancia Municipal de Infractores en la colonia 20 de Noviembre.
Miguel contó a ZETA que esto le ocurre con frecuencia, por su aspecto suele ser detenido por elementos de Seguridad Municipal de Tijuana, sin que infrinja alguna norma.
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“Hay veces que desde lejos veo la panel y, como ya soy cliente, mejor le saco la vuelta. Lo que pasa es que como ven a alguien con tatuajes, como en mi caso, luego, luego te paran y te quieren levantar por nada, solo por la pinta que traigo”, contó.
Así como a Miguel, le ocurre a cientos de personas en todo Baja California, específicamente en Tijuana. Las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) contra la Policía Municipal provienen de la población migrante, personas en contexto de vulnerabilidad y adicciones, sobre todo jóvenes.
Durante 2020, la CEDH registró 404 quejas relacionadas con la Seguridad Pública Municipal en la entidad, la mayor parte, 252, concentradas en Tijuana, incluyendo seis expedientes abiertos de manera oficiosa para investigar el uso de la fuerza durante intervenciones policiales.
Ante este organismo hay 28 quejas presentadas ante la Policía Municipal de Tijuana por tortura y 100 quejas por detenciones arbitrarias por parte de la misma corporación solo durante 2020.
Entre los expedientes abiertos de manera oficiosa por la CEDH, figuran casos como el sucedido en marzo del año pasado, cuando una persona perdió la vida durante una detención en el Bulevar Salvador Rosas Magallón; en junio, el caso de un hombre que murió por el impacto de trece disparos por parte de agentes municipales.
No se puede ignorar la detención policiaca con uso excesivo de la fuerza de cinco jóvenes que se manifestaron el 26 de septiembre para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014; tampoco la violencia con la que se reprimió la manifestación feminista del 28 de septiembre.
Para el presidente de la CEDH, Miguel Ángel Mora Marrufo, estas prácticas son históricas y sistemáticamente invisibilizadas. De acuerdo con su experiencia, independientemente del gobierno en turno, las detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad siempre están presentes con más del 10% de las quejas interpuestas ante la CEDH.
El ombudsperson subrayó que en las estadísticas encontraron hechos violatorios de Derechos Humanos como detenciones arbitrarias, abuso policial y ejecuciones extrajudiciales; los principales derechos presuntamente vulnerados fueron la seguridad jurídica, el trato digno, la legalidad, la integridad y seguridad personal.
Mora Marrufo dijo a ZETA que tampoco se trata de solo exigirles a los elementos de la Policía que mejoren sus prácticas, sino que la exigencia va directo a sus mandos superiores para que mejoren sus condiciones laborales y humanas, capacitaciones y mejores prestaciones, a fin de disminuir este tipo de acciones.
Gilberto, de 50 años, se encuentra en contexto de vulnerabilidad y sufre dependencia a los opioides sintéticos. Generalmente deambula por la Zona Norte y la canalización del Río Tijuana. Sus trabajos van desde ayudar a cargar bultos en el Mercado Hidalgo o en las pescaderías, hacer limpieza de banquetas o algunos mandados.
Fue deportado cuando tenía 35 años, cruzó a Estados Unidos a los 8 años, su familia es de Michoacán, pero cuando fue retornado a nuestro país, ya no tenía familia en México; trató de adaptarse a Tijuana y en el proceso se enganchó con la heroína. Sobrevivir en la calle lo hace blanco fácil de los policías municipales.
“Nos paran a cada rato, nos quieren quitar el dinero y si nos llevan para la comandancia luego, luego nos dicen: ‘Vamos a llevarte con un médico para que te certifiquen para ver cómo andas, si andas bien, te vienes; si no, ya sabes, te vas a quedar unas horas’. Otras veces lo paran a uno y no le caemos con una feria a los placas, pues luego, luego te quieren sembrar algo: O si no quieres poner una conecta o algo, también te golpean o te quieren poner algo para mandarte adentro luego, luego… y pues está canijo”, compartió con este Semanario.
María de Lourdes Angulo Corral, directora de la asociación civil Verter, comentó que los elementos de Policía detienen y trasladan a las personas por sospecha, ya sea por su apariencia o por traer jeringas. Sin embargo, portar esos utensilios no es un delito ante ninguna autoridad.
“Todos los días llegan contando que les quitaron las jeringas, sean usadas, nuevas; se las quitan, se las rompen, les quitan dinero y nada más se están escondiendo de los policías porque saben que los van a ver y, si les hace falta cubrir la cuota, pues se llevan a los que encuentren”, expuso.
“También pasa mucho que les preguntan ‘¿Traes tus jeringas?’ y ellos responden que no, entonces los esculcan y resulta que se pican y ya es golpiza garantizada. Y eso está implicando que ellos también se infecten de hepatitis C, VIH, quizá no es tan alta la probabilidad, pero está el riesgo”, alertó la entrevistada.
La falta de capacitación a los elementos de seguridad también impacta en su salud, como lo refiere Angulo Corral; la falta reglamentación en los procesos los pone en riesgo de contagio de enfermedades, lo que también resulta en una mayor agresión en contra del detenido.
“Pincharse con una jeringa es un riesgo laboral, tendría que existir un protocolo que seguramente no lo conocen. Son súper agresivos y sí llega a pasar eso, es un pretexto más para golpearlos sin motivos o porque nada más tenía 50 pesos”, concluyó.
Pedro Cruz Camarena, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reconoce la falta de capacitación de los elementos policiacos. El funcionario solicita a la ciudadanía denunciar cualquier acto violatorio y capturar imágenes para que el órgano interno de la secretaría lo investigue.
En entrevista para ZETA, indicó que en este tipo de actos observa un campo de oportunidad para capacitar a los policías, “se hizo un estudio muy interesante de cuando van, por ejemplo, en persecuciones, la adrenalina que el policía genera, cuando inclusive sienten miedo porque va a chocar y va ahí o le disparan; se genera un alto grado de adrenalina y al momento en que detienen a la persona hay un instinto biológico de descargar la adrenalina y se convierte en una agresión, que puede ser hasta una ofensa, un robo o un golpe”, excusó.
Ante tal escenario, existe un entrenamiento especializado para el manejo de la adrenalina, de una contención de la reacción después de que atrapan a un individuo y, en los siete meses que tendrá de gestión, buscará implementarla. Además de comprometerse a dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CEDH en materia de prevención y erradicación del abuso policíaco.
Cruz Camarena añadió que trabaja en la modificación del Protocolo sobre Uso Razonado de la Fuerza para garantizar que todos los agentes municipales cuenten con las herramientas y capacitación necesarias para desempeñar sus funciones de manera segura, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.
Consultado por este Semanario, Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación Policial de Baja California, atribuyó este tipo de acciones por parte de los uniformados a la precaria condición laboral y la falta de actualización de los policías.
Afirmó que el gobierno estatal debería generar políticas públicas integrales para defender el número de casos y quejas en contra de las corporaciones des seguridad por violación a diversos derechos humanos. En dicha estrategia se debe plantear primordialmente el mejoramiento de las condiciones en las que trabajan los policías y la constante capacitación.
“Desgraciadamente, es muy fácil para los gobiernos atacar la corrupción despidiendo policías o buscando la manera de cómo correrlo o suspenderlos, pero a un policía en malas condiciones laborales, con necesidades de bienestar familiar, con bajos salarios, sin sistema de jubilación, sin apoyo funerario, entre otras carencias, lo orillan a que cometa este tipo de acciones, que son reprobables en cualquier contexto”, detalló.
“Nos hace falta mayor capacitación a las policías, definitivamente, no tenemos capacitación continua, nos hace falta más sentido de pertenencia para estar en las corporaciones para brindar un mejor servicio. Sí, estamos fallando”, admitiría Monreal.
A la par, la mejora o implementación de políticas públicas integrales debe considerar el contexto del policía y el Gobierno del Estado brindar las herramientas para una mejor ejecución de la labor del policía, “esto debe ser a nivel estatal, darle las herramientas al policía de cómo actuar en cada uno de los casos que intervenga, el gobierno debe invertir en esto para que mejore el trato, tanto en la capacitación como en mejorar las condiciones laborales; porque un policía con estos beneficios trabaja mejor”, reflexionó el representante de la Federación Policial.
