El año pasado inversionistas vendieron posiciones por 257 mil 238 millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos; esto significa “la mayor salida de capitales desde que hay registro”, señaló la senadora del Partido Acción Nacional, Gina Cruz Blackledge.
Al hablar sobre la nueva ley de la Industria Eléctrica y sus repercusiones en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la legisladora blanquiazul aseguró que la reforma a la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión desincentiva la inversión y contraviene cinco tratados internacionales suscritos por México, entre los que destaca el T-MEC.
“Se va contra el principio Ratcher que significa que una vez liberalizado un sector, como el de la industria eléctrica no se puede volver a cerrar”, apuntó. Por otro lado, dijo, se violenta el Capítulo 24 de Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es la protección al ambiente y la prevención de un peligro contra la vida o la salud humana a través de la reducción de emisiones contaminantes.
Adicionalmente, se viola el Capítulo 14 referente a Inversión al darle un trato discriminatorio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) con relación a inversionistas de América del Norte.
“La cancelación retroactiva de contratos y sus consecuencias pueden ser considerados como actos expropiatorios, por lo cual los inversionistas de cualquier sector podrán recurrir a un procedimiento y solución de controversias inversionistas-Estado”, indicó.
Durante su participación en la sesión del Grupo 21 Cruz Blackledge aseguró que la reforma a la industria eléctrica de AMLO viola los artículos 4, 14, 25, 27 y 28 constitucionales. Así como leyes secundarias como la Ley Federal de Competencia Económica, Ley General de Cambio Climático y Ley de Transición Energética.
Recordó que la pretensión de la 4T es revertir la reforma energética de 2013 en la que a Pemex y a CFE cambiaron a empresas productivas con consejeros, director general que debe rendirle cuentas a un consejo de administración, en aras de alentar y dar certidumbre a las inversiones en proyectos de infraestructura. Todo ello, debido a que México está produciendo combustóleo de mala calidad que no sabe qué hacer con él, acusó.
De acuerdo con los datos que presentó la legisladora blanquiazul, de 2010 a 2020 el porcentaje de capacidad instalada de las empresas privadas pasó de 14.2 por ciento a 31.8%.
En cuanto a la posibilidad de que el presidente envíe una iniciativa para cambiar la Constitución, Cruz Blackledge señaló que por el momento en el Senado “no es factible” aprobar una iniciativa constitucional para cambiar la política energética del país, la cual requeriría mayoría calificada de 2/3 partes, así como de la mayoría de las Legislaturas.
“Las violaciones que se han hecho por parte del presidente de la república a la Constitución y a las leyes secundarias son reiteradas y preocupantes”, manifestó la legisladora, quien agregó que también preocupa el daño que se está causando a las finanzas públicas.
“Por ello propuse que tanto la violación a la Constitución, como el daño patrimonial al Estado, sean causas de destitución del presidente de la república”, refirió la legisladora, quien se pronunció por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantenga congruente sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para que quede suspendida.
“Pero si la Corte cede a las presiones será el último eslabón de esta triste ruta hacia el autoritarismo que tanto puede causar a nuestro país”, añadió.
