El 16 de marzo las instalaciones gubernamentales de Zona Río dejaron de funcionar oficialmente, a pesar de que las nuevas ubicaciones no están listas para atender a los ciudadanos que requieran hacer un trámite
El 12 de marzo las puertas del Centro de Gobierno del Estado -ubicado en la Zona Río desde los años setenta- se cerraron definitivamente; fue hasta el martes 16 que las autoridades divulgaron oficialmente las nuevas sedes para atender a los ciudadanos, aunque sin especificar si ya tenían la capacidad para cumplir con los trámites.
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En los primeros días del mes de marzo los movimientos de las dependencias estatales se agilizaron, quedando dispersas en distintas zonas de la ciudad. El mayor descontento surgió entre los empleados, debido a que el desplazamiento se dio sin un consenso con ellos mismos, y con falsas promesas de que se cumplirían sus condiciones antes del cambio.
Los adscritos a la Oficialía Mayor deben esperar a que las instalaciones del quinto piso del World Trade Center estén listas, pues se tuvo que acondicionar el área que no constaba con sistema de ventilación ni con las separaciones para las distintas coordinaciones que ahí van a laborar.
Antes del martes 16, los empleados de base -en su mayoría burócratas- organizaron una manifestación para exponer de nueva cuenta su inconformidad, aseguran que esta información se filtró rápido a la oficina del gobernador Jaime Bonilla y en ese mismo fin de semana les giraron la instrucción de no presentarse a laborar en las instalaciones y trabajar desde casa, mientras gente externa seguía haciendo la mudanza.
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Aun así, un grupo de burócratas se apersonó en las instalaciones y las encontraron cerradas, al igual que usuarios que no tenían información sobre las nuevas sedes para realizar sus trámites. En las ventanas apenas se vislumbraban un par de cartelones pegados por dentro, que informaban las ubicaciones de las dependencias.
“Los anteriores gobernadores han respetado este Centro de Gobierno y este gobernador, actualmente por un capricho, quiere donar este edificio que es del pueblo a la Universidad. Creemos que esto es injusto”, expresó uno de los trabajadores.
Vamos a defender este edificio: Rector
El jueves 18 de marzo oficialmente se entregó el edifico del Centro de Gobierno del Estado a la UABC, en un evento que no fue incluido en la agenda del gobernador ni divulgado por la propia Universidad, sin embargo, fue delatado por una transmisión en vivo que realizó el propio equipo de Bonilla.
Después del acto protocolario, Jaime Bonilla le mostró parte del edificio a Daniel Valdez, rector de la UABC; al finalizar el gobernador egresó de las instalaciones e inmediatamente se subió a su vehículo, expresándole a su equipo: “¿dónde están los burócratas inconformes?”.
Por su parte, el rector brindó unos minutos a este Semanario para informar sobre el proyecto que parte de este acto y para aclarar que no se trata de una “donación”, sino de un “acuerdo de cambio de destino” que promulgó Bonilla y que fue publicado en una edición especial del periódico oficial del estado ese mismo jueves.
Adelantó que se espera que en el siguiente semestre, el 2021-2, queden listas las instalaciones para recibir a 1 mil 130 jóvenes del tronco común de la Facultad de Medicina y Psicología; estimó que se requiere una inversión de 80 millones de pesos para modificar la estructura del edificio y otros 40 millones para equiparlo.
Al cuestionarles si no teme que haya una repercusión legal sobre este acto, dado a que distintos grupos han interpuesto amparos para detener el proceso, señaló que la UABC cuenta con los recursos para defender su necesidad de nuevas instalaciones.
“Nosotros vamos a defender este edificio, ya es nuestro edificio. Ya está el acuerdo que emitió el gobernador y nosotros defenderemos en las vías jurisdiccionales, en las que se tenga que atender para demostrar que a este edificio la Universidad le sacara muchísimo beneficio en pro de la educación superior de Baja California”, expresó.
También se le cuestionó sobre la inconformidad de los trabajadores burócratas, que exigen que no acepten el edifico, a lo cual respondió que no puede hablar por ellos, pero si por los cientos de jóvenes que quedan fuera de la Universidad por no alcanzar un lugar al inscribirse.
“Yo por los que puedo hablar es por los aspirantes que se nos han quedado fuera, yo no puedo hablar por los burócratas porque desconozco como andan los números. Lo que sí puedo decir y conozco muy bien son los números de los jóvenes que se nos han quedado afuera y por esos chicos bien vale la pena que este edificio”, añadió.
En el acuerdo publicado por el gobernador, se especifica que de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley General de Inmuebles del Estado asigna vitaliciamente el edificio a la UABC, para que la Universidad preste un servicio público.
Un caos
Las ubicaciones para trámites que se informaron el martes 16, cambiaron para el miércoles 17. Las que quedaron definidas fueron las siguientes: la oficina Registral del Registro Público de la Propiedad y Comercio estará compartiendo edificio con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, sobre la Vía Rápida Poniente (esquina con Diego Rivera); de momento no se sabe la fecha para que inicien funciones porque aún se encuentran adecuando sus áreas. Para apostillas, legalizaciones y asuntos migratorios se atiende en el Centro de Cultura de la Legalidad, ubicado en calle Perimetral y bulevar Cochimies de la 3era Etapa del Río Tijuana; también el Archivo Notarial estará en esta ubicación.
A partir del lunes 22 de marzo los módulos de enlace registral estarán disponibles en el Ayuntamiento de Tijuana, en Subrecaudación de la delegación Cerro Colorado, recaudación de rentas (SAT BC), Centro de Cultura de la Legalidad y los Juzgados Civiles.
Las constancias de no antecedentes penales se expedirán en el consorcio tecnológico, ubicado en el kilómetro 26.5 de la carretera libre Tijuana-Tecate; en esta misma ubicación estarán el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), el SAT BC, Seproa, Sidurt, la Sest y un módulo del Instituto contra las Adiciones.
Esta última ubicación es la que genera mayor conflicto, tanto para los ciudadanos como para los empleados, por encontrarse en medio de la “nada”. La vialidad principal que conduce a estas instalaciones no cuenta con accesos peatonales ni vehiculares seguros, tampoco tiene suficiente espacio para brindar el servicio de estacionamiento, y por el momento no todas las dependencias están completamente instaladas.
El señor Salvador Godínez acudió a tramitar su licencia como transportista, se trasladó en taxi desde la Zona Centro de la ciudad y afirmó a este Semanario que se demoró una hora con 45 minutos para llegar. En el lugar supo que le hacían falta documentos y copias, por lo que se tuvo que retirar; al intentar regresar se, le dificultó acceder al trasporte público.
“Es muy difícil porque no hay parada para el transporte”, expresó.
Otro usuario que acudió a realizar el mismo trámite, pero que llegó en su auto particular, comentó que también tuvo complicaciones para cumplir con los requisitos; ninguna de las oficinas le facilitó las copias que le pedían y tuvo que acudir a la plaza más cercana para obtenerlas. Al retornar, ya no le permitieron acceder al estacionamiento porque estaba lleno.
“Yo llegue a las ocho de la mañana y ya estaba casi lleno el estacionamiento. La mayoría de esos carros son de los trabajadores. Nosotros, que venimos a que nos den un servicio, no podemos usarlo y debemos dejar nuestros carros por la carretera, sin seguridad”, señaló.
Sin ordenamiento de transporte público no hay nuevas rutas
Una de las principales preocupaciones para poder acceder a las nuevas ubicaciones de las dependencias estatales es el traslado, en específico hacia el consorcio tecnológico que se ubica en una zona de difícil acceso.
El líder transportista Baltazar Gómez señaló a ZETA que continua pendiente la promesa del gobernador de ordenar el transporte público, mientras continúa otorgando permisos para nuevos taxis provocando una saturación en el servicio.
“Nosotros le hicimos ver al gobernador, cuando fue candidato, que necesitábamos ordenar al transporte. Y ordenar al transporte era que el taxi libre existiera y trabajara como tal, igual el taxi de ruta, y fortalecer al transporte masivo para poder mover mayor número de personas. Pero eso sigue atorado”, explicó.
El reordenamiento sería analizar el aforo de cada ruta, revisar si se requieren agregar más unidades o reducir la flotilla. Gómez explicó que esto no se ha realizado; en cambio el gobierno estatal hasta la fecha ha otorgado más de cinco mil permisos sin orden, provocando que se encaminen a la saturación en algunas rutas sin verificar que exista una necesidad de nuevas unidades.
De momento, para acceder al consorcio tecnológico solo existen tres líneas de transporte público. Una de estas son los taxis de la empresa 24 de febrero que inician su ruta en la calle Cuarta de la Zona Centro -entre las calles Madero y Negrete-, que hacen un trayecto de una hora con 40 minutos o hasta dora horas en horas pico, de acuerdo con los expresado por los mismos transportistas.
Esta línea es la que se acerca más a las instalaciones gubernamentales y su tarifa es de 25 pesos. De acuerdo con el testimonio de uno de los choferes, no todos están dispuestos a hacer una parada improvisada por temor a ser acreedores de una infracción de tránsito.
En un recorrido realizado por este Semanario, se pudo percibir la dificultad que tienen los transportistas para realizar el descenso de pasajeros; no existe una bahía ni un carril especial y el acceso principal es una vialidad de alta velocidad.
