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s谩bado, septiembre 30, 2023
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Al acecho de Bonilla, Campestre y socios se amparan

Un particular, socio del Club Campestre, present贸 un amparo contra la expropiaci贸n del centro de recreaci贸n privado y le fue admitido, mientras al consejo del Club, un Juez de Distrito concedi贸 una suspensi贸n. Aun as铆, los 谩nimos expropiadores del gobernador contin煤an, ha enviado personal a las instalaciones privadas y trascendi贸 que manipulan informaci贸n del Registro P煤blico de la Propiedad, para poner entredicho la leg铆tima propiedad del inmueble

Desde el lunes 25 de enero, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunci贸 desde su transmisi贸n por Facebook Live sus intenciones de expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, incluso, ya hab铆a girado 贸rdenes a su secretario general de Gobierno, Amador Rodr铆guez Lozano, iniciar con los procesos.


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Bonilla aprovech贸 para atacar a Luis Arturo Gonz谩lez Cruz, alcalde de Tijuana con licencia, quien ha presidido dicho club social en dos ocasiones; lo acus贸 de ser culpable del homicidio del facebookero Mariano Soto. Despu茅s de esa fecha, el tema de la expropiaci贸n del Campestre qued贸 c贸mo otro dicho disparatado del gobernador.

Sin embargo, el jueves 18 de marzo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, resolvi贸 a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociaci贸n Civil, la suspensi贸n de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privaci贸n, desposesi贸n o toma de instalaciones con car谩cter confiscatorio del bien inmueble.

Los promoventes del amparo argumentaron que el 12 de marzo de 2021, tres personas se presentaron en las instalaciones del Campestre, identific谩ndose como funcionarios estatales con chalecos que portaban la leyenda 鈥淕obierno de Baja California鈥, se帽alando que ser铆an ellos 鈥渓os comisionados en tomar las instalaciones por orden del gobernador y que necesitaban obtener fotograf铆as del inmueble, se les pidi贸 informaci贸n espec铆fica de lo que se refer铆an, se帽alando que ellos solo actuaban por instrucciones superiores鈥, relataron durante la declaraci贸n de los hechos para el juicio de amparo 196/2021.


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Lo anterior encendi贸 los focos de alerta tanto para los m谩s 800 socios del exclusivo campo de golf, como para los inversionistas en la entidad. Las amenazas del Ejecutivo estatal se estaban materializado y tanto el club como sus asociados comenzaron a interponer recursos legales para defender una parte de su patrimonio.

Uno de los primeros en promover un amparo para evitar la confiscaci贸n o expropiaci贸n del Campestre, fue el abogado Ignacio Ochoa Alldredge, el cual fue admitido por el Juzgado S茅ptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, bajo expediente 180/2021.

La aprobaci贸n le abri贸 la puerta para que cada uno de los 800 socios pueda proceder bajo este recurso legal y defender su patrimonio; de igual manera, los due帽os de predios y negocios en los alrededores del Campestre que se ver铆an afectados por la acci贸n del gobernador, podr铆an impugnar por atentar contra su patrimonio individual.

Sobre este tema, Ochoa Alldredge indic贸 que para que efect煤e el proceso de expropiaci贸n, el Gobierno del Estado debe apegarse a la Ley, generando una garant铆a de audiencia previa al acto de expropiaci贸n. Esto quiere decir que antes de que se realice el acto, el Ejecutivo estatal debe generar una audiencia previa, donde el due帽o de la propiedad se defienda y exponga los motivos por los que ser铆a improcedente la expropiaci贸n, para que posteriormente un juez determine si la acci贸n es o no v谩lida.

El tambi茅n abogado expuso que amenazar con expropiar y hacerlo sin apego a las leyes, generar铆a un gran impacto econ贸mico, ya que genera incertidumbre financiera y los inversionistas que tienen aqu铆 sus empresas y naves industriales, podr铆an dejar de invertir en Baja California y buscar otras opciones.

鈥淓sta acci贸n nos perjudica a todos, no puede andar diciendo mentiras, solo genera incertidumbre, acabando con la inversi贸n. Adem谩s, el gobernador debe pagar una indemnizaci贸n a los socios si quiere expropiar, no puede hacerlo sin pagar. El Campestre s铆 tiene su t铆tulo de propiedad鈥, asegur贸.

Cabe mencionar que expropiar el Club Campestre, es una acci贸n para la cual la administraci贸n de Jaime Bonilla Valdez requiere de dos factores que no tiene: tiempo y dinero.

El primero, porque su gesti贸n como titular del Poder Ejecutivo de Baja California est谩 a meses de concluir, y por otra parte, el periodo legal por el que pasar谩 su intento por expropiar el Campestre, podr铆a tomar m谩s de un a帽o, entre amparos y diversas diligencias legales en las que tendr谩n que intervenir m谩s dependencias de gobierno.

El segundo obst谩culo que el mandatario no ha explicado c贸mo lo resolver谩 es el dinero. La Ley de Expropiaci贸n para el Estado de Baja California, establece que se debe pagar una indemnizaci贸n equivalente al valor comercial fijado por las autoridades y no podr谩 ser inferior a su valor fiscal. El gobierno de Bonilla deber谩 pagar aproximadamente 970 millones de pesos a los actuales due帽os del Club, lo equivalente a 52% del presupuesto de la Universidad Aut贸noma de Baja California para 2021, como ejemplo comparativo.

Dejando de lado los aspectos pol铆ticos y presupuestarios que implicar铆a dicha acci贸n del Ejecutivo estatal, pretender una 鈥渆xpropiaci贸n鈥 tambi茅n enciende las alarmas de los empresarios, quienes externaron a ZETA su preocupaci贸n ante la incertidumbre de inversi贸n extranjera, una de las principales industrias generadoras de empleos formales en Tijuana.

El aumento de amparos interpuestos por el Campestre y sus socios para frenar las intenciones populistas de Jaime Bonilla, parece no preocuparle al ex priista, y ha vuelto a expresar que busca la manera de efectuar su expropiaci贸n, al grado de asegurar que el predio del Club Social y Deportivo no les pertenece de manera leg铆tima.

El lunes 22 de marzo, Jorge de Hoyos Walther, socio de la firma De Hoyos y Avil茅s (DHA), inform贸 en un bolet铆n de prensa que desde el Gobierno del Estado se est谩n generando actos ilegales, manipulando los registros hist贸ricos de la propiedad del Rancho Tijuana:

鈥淪e est谩n preparando actos ilegales, no solo la expropiaci贸n como tal. Funcionarios del Gobierno est谩n modificando registros hist贸ricos de la propiedad del Rancho Tijuana, para justificar de esa manera su conducta ilegal. Es importante que la sociedad Tijuanense se defienda ante tales actos arbitrarios鈥, acusa

Autor(a)

Alejandro Arturo Villa
Alejandro Arturo Villa
Reportero de investigaci贸n del Semanario ZETA. Miembro del Border Hub y el International Center For Journalists.
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