El Tribunal Federal de Justicia falló en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez en su intención de disolver al Patronato de la obra “Plaza cívica 11 de julio”, determinando una suspensión definitiva a la cancelación del convenio firmado 24 de noviembre de 2008 con el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Con este fallo del poder judicial de la federación se ve frustrada la intentona del titular del ejecutivo estatal de reubicar los inmuebles que albergan la Biblioteca, “Benito Juárez García” y al Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), ubicados entre el Palacio Municipal de Tijuana y el Centro de Gobierno.
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De acuerdo con la determinación del juez federal, el gobernador no puede desmantelar, construir ni cambiar la obra del proyecto Ejecutivo de la Plaza Cívica Zocalo 11 de Julio; por lo tanto no puede reubicar ni alterar los edificios que se encuentran contemplados en el proyecto, que son: la biblioteca, el centro cultural, el anfiteatro y el parque.
El 5 de agosto de 2020, Jaime Bonilla informó a través de redes sociales que por “cuestiones de interés social y de orden público”, cancelaría el convenio de colaboración entre el Gobierno de Baja California y el Patronato 11 de Julio, asociación civil representada por la empresaria Carolina Aubanel Riedel.
Dicho convenio se firmó el 24 de noviembre de 2008 por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, en el que se comprometía a colaborar con el proyecto de la construcción del Zócalo 11 de Julio o Bosque de la Ciudad.
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Cuando se concretó el proyecto se estimó una inversión de mil 200 millones de pesos, de los cuales 90 millones se asignaron a ejercerse en 2010, 70 provenientes del erario federal y los 20 restantes del Gobierno del Estado.
El argumento para frenar este convenio era supuestamente la falta de transparencia en cómo el patronato había gastado los recursos asignados desde la federación para la elaboración de dicha plaza pública.
Sin embargo, Ricardo Cisneros, director fundador de la asociación civil declaró en entrevista con ZETA el 17 de agosto del año pasado que por sus manos no pasaba el dinero y que todas las transacciones las realizaba el gobierno del estado.
“El Patronato nunca ha obtenido o manejado recursos, puesto que todos los recursos que se han utilizado para la construcción de la obra del Zócalo, han sido depositados en las arcas del Gobierno del Estado y manejados a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (ahora llamada Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Regional y Territorial)”, comentó a este semanario.
