Para la reparación del daño por la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, el empresario Carlos Ancira llegó a un acuerdo con Petróleo Mexicanos (Pemex), información que se dio a conocer la tarde de este 9 de febrero.
Fue a cambio de que la Fiscalía General de la República retire la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita se pactó un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares con Pemex.
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El pacto se realizó durante la audiencia de vinculación a proceso realizada este martes 9. Ante esto, el juez de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza suspendió la audiencia.
Se dio a conocer que en caso de que la Fiscalía acepte desistir de la imputación del empresario, podría salir en libertad este mismo martes.
En la sesión pasada, la defensa del empresario acerero ofreció dos millones de dólares y la entrega del pasaporte de Ancira, no obstante, el Juez determinó que existía el riesgo de que se fugara y rechazó el ofrecimiento.
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Ancira llegó a México la tarde del miércoles pasado extraditado en un avión desde España por los delitos de corrupción y blanqueo de los que es acusado. El empresario enfrenta acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha informado la FGR.
La investigación en su contra se originó por una denuncia que la petrolera presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de la planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por AHMSA cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra enfrentando un juicio en México.
El auto judicial refiere que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando éste fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”. Con información de Sin Embargo
