La delegación estatal de la benemérita, cuenta con 32 unidades activas (más 18 de reserva) para apoyar en la atención prehospitalaria a las autoridades de salud en Baja California; anualmente el Gobierno del Estado entrega donativos ciudadanos en cerca de 30 millones de pesos, captados a través del pago de derechos vehiculares, apoyo que estaría por desaparecer y mermar la situación financiera de la institución
“Yo voy a buscar la manera de que crezcan en este gobierno, que sea el gobierno que más los ha apoyado a ustedes”, fue la promesa que Jaime Bonilla Valdez hizo a las autoridades de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Baja California, en una reunión que sostuvieron el 28 de agosto de 2019 en las instalaciones de la televisora PSN, propiedad del ahora mandatario estatal.
Cada año el Gobierno del Estado entrega a la Cruz Roja un recurso promedio de 30 millones de pesos, captados a través del pago de tenencia de placas, altas y bajas de autos en el sistema vehicular, pago por derechos de licencias y tarjetas de circulación; dinero que se destina en un 80 por ciento al mantenimiento y operación de las unidades con las que brindan servicio médico prehospitalario gratuito.
A pesar de las promesas de Bonilla de mantener y mejorar este apoyo, contribuyentes han reportado a este Semanario que desde el pasado 4 de enero tanto por la vía electrónica como en el pago presencial en Subrecaudación de Rentas del Estado ya no se les incluye la opción de aportar el donativo. Al cuestionar este punto, los cajeros solo les responden que es porque ya se terminó el convenio que había entre la Cruz Roja y el Gobierno del Estado.
Esto tomó por sorpresa a la delegación estatal y a las ocho que operan localmente. ZETA solicitó entrevista con las delegaciones Tijuana y Rosarito, que anteriormente habrían señalado retrasos en los pagos por parte de la Secretaría de Hacienda y también de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), pero argumentaron que este sería un tema tratado únicamente por la delegación estatal.
Por su parte el ingeniero Rubén Rosiñol, quien funge como delegado a nivel estado, comentó que sería hasta este viernes 8 de enero cuando emitan algún posicionamiento oficial, luego de concretar una reunión con el gobernador para abordar esta situación.
Otros integrantes de la institución compartieron que dentro se vive cierta incertidumbre de lo que podría ocurrir en este 2021; de perder la aportación en cuestión, se verían obligados a reducir drásticamente la disponibilidad de los servicios que brindan, sobre todo los de carácter prehospitalario que durante esta pandemia han cobrado gran relevancia. “Son servicios que debería cubrir el Estado, no la Cruz Roja, pero siempre hemos sido nosotros los que estamos ahí para la población”, expresó uno de los entrevistados por este Semanario, que prefirió omitir su nombre para evitar represalias.
Agregó que el 2020 fue un año difícil para la situación financiera de la institución, que se mantuvo mayormente con aportaciones empresariales y lo poco que captaron el estado y los municipios en los cobros de impuestos que incluyen un donativo para la Cruz Roja.
“El COVID no solo representó un reto en la cuestión de la atención médica, sino también en lo financiero. A los gastos operativos se agregó la adquisición de equipo de protección personal, que en ocasiones tampoco fue suficiente y se recurrió a los empresarios para solventar esta necesidad”, puntualizó.
De parte del gobierno de Jaime Bonilla, el titular de Salud Alonso Pérez Rico afirmó ante medios de comunicación que si la Cruz Roja no puede ayudarlos, buscarían ayuda con otras instituciones privadas, aunque no supo confirmar si esta era una situación definitiva ni si era una petición directa de parte del Ejecutivo.
“Lo veré con el delegado de la Cruz Roja, para ver qué es lo que está sucediendo y ver en qué los podemos ayudar. En caso de que él no tuviera la posibilidad de continuar con el número de ambulancias y la operación que traen, tendríamos que verlo con otras empresas de ambulancias privadas para poder darle la cobertura a la población”, declaró el funcionario.
“Gobierno con mucha responsabilidad social”
Como gobernador electo, en 2019 Bonilla Valdez atendió a un sinfín de personajes que buscaban sumarse a colaborar con su próximo gobierno o el visto bueno para continuar trabajando durante su gestión. Los representantes de la benemérita aprovecharon la ocasión para mostrarle lo que lograban con las aportaciones ciudadanas captadas a través del pago de derechos vehiculares, un recurso que ronda los 30 millones de pesos por año y que se mantenía bajo un acuerdo de “buena voluntad” entre el gobierno y el organismo.
“Mi gobierno va a ser uno con mucha responsabilidad social. No quiero que pierdan dinero; al contrario, vamos aumentar el apoyo hacia ustedes”, les diría Bonilla en agosto de 2019, agregando que el apoyo no solo sería monetario, sino también con funcionarios comprometidos en crear acuerdos para beneficio de la institución.
La Cruz Roja en Baja California cuenta con una delegación estatal que funciona administrativamente y ochos delegaciones locales que brindan servicios médicos, una por cada municipio (Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada) y tres más para cubrir la atención en los poblados de San Quintín, San Felipe y La Rumorosa.
Opera dos hospitales (uno en Tijuana, otro en Rosarito), cinco clínicas médicas, un consultorio de curaciones y 16 bases de ambulancias; estas últimas ubicadas en puntos estratégicos cercanos a desarrollos poblacionales con una alta demanda de servicios médicos.
Se maneja un parque vehicular compuesto por 32 ambulancias activas para la atención de urgencias básicas y avanzadas, 18 unidades de reserva y ocho para rescate. La delegación Tijuana es la que tiene el mayor número de unidades: 13 ambulancias, dos de rescate y una Unidad de Primer Respondiente (UPR).
Tijuana registra una mayor cantidad de servicios atendidos por sus ambulancias, que es el 90 por ciento de las emergencias reportadas al 9-11; en 2020 contabilizaron cerca de 38 mil atenciones a personas con padecimientos no COVID, víctimas de hechos de alto impacto (baleados) y de accidentes vehiculares. Mientras que atenciones relacionadas a COVID o enfermedades respiratorias rebasaron los cuatro mil servicios, con picos en los meses de mayo (634) y diciembre (mil 22).
Anualmente la Cruz Roja registra un gasto promedio de 53 millones 705 millones de pesos para su operación; de estos, 31 millones 220 mil pesos son para el pago de la nómina de personal médico y administrativo; 11 millones 140 mil 100 pesos en combustible; siete millones 473 mil para el mantenimiento de las unidades; dos millones 979 mil 400 para la compra de insumos y medicamentos, y 892 mil 500 pesos para cubrir las aseguranzas de sus vehículos.
Fue a partir de 1974 que el Gobierno del Estado de Baja California acordó entregar 10 pesos por cada trámite de tenencia vehicular a la benemérita institución, monto que se ajustó a 20 pesos en 1996, y del año 2000 al 2018 se mantuvo en el equivalente a un salario mínimo. En el 2019 el gobierno de “Kiko” Vega acordó con la Cruz Roja establecer un monto fijo, inferior a los 100 pesos por trámite, y también que fuera a voluntad del usuario.
Formalmente no se firmó un convenio y el monto recabado no se contempla dentro de la Ley de Ingresos, debido a que no se considera un impuesto como tal; solo es una aportación ciudadana que capta el Gobierno del Estado y se lo entrega a la institución como un apoyo a la labor que le brindan a la ciudadanía.
De enero a junio de 2019, del total de contribuyentes que realizaron su trámite de revalidación de placas, el 67 por ciento aceptó otorgar el donativo a la institución, lo que se tradujo en un recurso de 22 millones 784 mil 274 pesos. También se entregaron cinco millones 668 mil 839 pesos por el resto de los trámites, dando un total de 28 millones 453 mil 113 pesos: cerca de cuatro millones 742 mil 185.5 por mes para toda la delegación.
