En un video difundido en redes sociales, el secretario General de Gobierno de la administración estatal que encabeza Jaime Bonilla, instruyó a uno de sus abogados presentar una denuncia contra el Ayuntamiento de Mexicali, por presuntamente haber usurpado funciones. La realidad es que no lo hizo. Solo amenazó a la administración municipal que titula la virtual candidata de Morena al Gobierno del Estado
Las amenazas del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quedaron en eso, en amenazas.
El lunes 11 de enero, el funcionario de la administración bonillista expuso en un video hecho público a través de sus redes sociales, que interpondría una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de usurpación de funciones y lo que resulte, contra trabajadores de la Dirección del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, debido a que -aseguró- la dependencia ya no cuenta con facultades para sancionar a los conductores de taxi y camiones en la Capital del Estado.
En el video, que duró menos de cinco minutos, Rodríguez Lozano acusó al director del Sistema Municipal del Transporte (Simutra), Juan Domínguez Flores, de ser el responsable de lo que calificó como una “extorsión” hacia representantes del sector transportista de Mexicali.
“Usted ya no tiene nada que ver, está usurpando funciones del Estado, está usurpando funciones, por eso aquí está José Luis Díaz Martínez, para que vaya a presentar una denuncia, porque se están atribuyendo competencias que no le corresponden”.
Rodríguez Lozano se desvivió en halagos hacia la presidenta municipal y próxima candidata a la gubernatura por Morena, en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al asegurar que logró una reducción temporal del precio del transporte público, pero enfocó su agresión contra el titular de Simutra, asegurando que aprovechó esta situación para levantar multas, cuando su dependencia ya no tiene atribuciones.
“No quieren reconocer que ya no tienen atribuciones. Tenemos un problema en Mexicali, se quejaron de Juan Domínguez Flores, de Simutra, porque los estaban extorsionando pese a que ya no tienen atribuciones, hablaron con nosotros, corrí en los canales adecuados, pero me dijeron que se iba a parar”.
Tres días después de tal declaración, ZETA solicitó información a la FGE respecto a la denuncia que prometió el funcionario estatal, pero de manera formal indicaron que no se había recibido algo al respecto, por lo que no podían emitir posturas sobre el caso.
Del mismo modo, se solicitó una entrevista con el Secretario General de Gobierno para explicar cuándo se presentaría y qué pruebas reforzarían sus dichos. Sin embargo, la conversación fue declinada por su equipo de comunicación, quienes afirmaron que la agenda del funcionario se lo impedía.
La misma queja hizo pública el funcionario el 19 de diciembre de 2020, pero por parte de servidores públicos de Tijuana, concretamente contra policías, a los cuales acusaba de corruptos y de usurpar funciones del Estado al sancionar a transportistas locales. Sin embargo, tampoco se presentó dicha denuncia.
En aquel entonces aseguró que los policías hasta entregaban su número de cuenta para que realizaran el depósito para cobrar la supuesta extorsión.
Este Semanario también buscó una reacción del director del Simutra en Mexicali, pero el área de comunicación del Ayuntamiento indicó que no emitirían postura oficial de los dichos hasta recibir notificación formal de la querella y tener pleno conocimiento de los señalamientos.
La única información que compartieron es el artículo transitorio Décimo Séptimo de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, que a la letra dice:
“Continúan vigentes las disposiciones en materia de sanciones de los reglamentos de transporte público de los Municipios del Estado hasta en tanto no se publique el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California”.
Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo aún no reglamenta dicha Ley de Movilidad, por lo que las antiguas atribuciones permanecen vigentes.
ZETA conversó con funcionarios del Poder Ejecutivo sobre la falta de denuncia en ambos temas, pero se limitaron a establecer que hubo resistencia por parte del sector transportista a presentar una declaración formal ante el Ministerio Público.
No es la primera ocasión que el secretario Amador Rodríguez Lozano denuncia un hecho delictivo y no realiza acciones al respecto. Cabe recordar que el 6 de diciembre de 2019, acusó al diputado Miguel Ángel Bujanda de solicitarle un millón de pesos a cambio de votar en favor del refinanciamiento de la deuda que en ese entonces pretendía el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Pese a que la Ley lo obliga a presentar una denuncia debido a que su funcionaria fue víctima de un delito, la dependencia no pasó de un señalamiento público y no denunció los hechos ante alguna autoridad.
