Lo que están exigiendo los empresarios es que los procedimientos de cobro se lleven a cabo de manera legal, apegado a derecho y se siga el debido proceso; la autoridad defiende los procedimientos establecidos por Fisamex
El gobernador Jaime Bonilla Valdez acusó que el Consejo Coordinador Empresarial “defiende los intereses de morosos”, luego de que ayer el organismo empresarial se manifestó en contra de los cobros excesivos que la empresa Fisamex ha dictaminado a empresas en el estado.
Durante su mensaje por Facebook, Bonilla Valdez dijo: “un ejemplo palpable, de un empresario. Es muy famoso, la familia Fimbres pagan el predial y luego se amparan para que les regresen el predial. Ese es el compromiso que tienen con la sociedad de donde se han hecho multimillonarios, y sin embargo, lo hacen sin el menor empacho. Van y pagan el predial y luego lo reclaman al Ayuntamiento, el Ayuntamiento tiene que defenderse obviamente. ¿Esa es la clase empresarial que queremos tener en Baja California?, que no reconozcan sus adeudos, sus impuestos”.
“En México el gobierno federal está cobrando miles de millones a empresas trasnacionales que cotizan en la bolsa y no pagaban en los impuestos, así que no nos extraña ese tipo de comentarios de este Consejo Coordinador Empresarial”, afirmó.
En la transmisión de este 6 de enero, un reportero preguntó: “Ayer el CCE anunció que presentarán al menos 800 acciones por presuntos delitos contra Fisamex y el organismo del agua por cobros indebidos del agua (donde precisan que no necesariamente por adeudos de agua) y piden aplicar la ley y procedimientos legales. ¿Cuál es su respuesta a lo declarado por el CCE?
Ante ello, Bonilla Valdez aseveró que siempre ha dicho que “los morosos buscarán la manera de no pagar, no pagar impuestos, no pagar predial, no pagar el agua, así como los Kikos Vegas del mundo, y nunca falta un ofrecido, un fiscalista que les diga ustedes tienen la razón al fin por eso les va a cobrar. Son como los abogados esos que persiguen las ambulancias para ver si pueden representar al herido, pero no nos preocupa ellos tienen su derecho.
Nosotros sabemos que la ley lo respalda, si no están de acuerdo tienen recursos. Todo mundo tiene derecho de defenderse, pero que no se equivoquen si deben tienen que pagar. Pagan hoy o mañana o pasado mañana, pero tienen que pagar. Así de que este gobierno les va a cobrar hasta el último día de su gestión. Así es de que pueden hacer todas las cuentas alegres”.
Mientras que la secretaria de la Función Pública, Vicenta Espinosa indicó que “estamos en un Estado de derecho”, y que desde que se empezaron las gestiones del contrato con Romafam S.A. de C.V. (conocida comercialmente bajo el nombre de Fisamex) “siempre lo dijimos están en todo su derecho en su defensa legal, defensa obviamente que tienen que demostrar y con pruebas, y que lo que nosotros estamos haciendo es que vengan a revisar lo que nosotros estamos dictaminando”.
“En ningún momento les estamos diciendo lo que ya es hasta que ya se demuestra. La parte en la que dice que van a presentar 800 acciones y lo presentan como un presunto delito, pues habría que probarlo. Yo no le veo ningún delito, sinceramente, pero están en su derecho”.
Agregó que un organismo operador ya ganó un tema en lo Contencioso Administrativo, “y no hay por qué devolver el recurso porque se acreditó que sí se debía”.
El 5 de enero pasado, los CCEs de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada llamaron a las empresas que han sido víctimas de cobros ilegales, mediante las empresas Fisamex y Stratimex, a unirse en una acción legal conjunta en contra de éstos y seguir exigiendo la aplicación del Estado de derecho en la entidad.
El vicepresidente del CCE de Ensenada, Sergio Guevara manifestó que aquellas empresas que deban derechos o servicios de agua y/o drenaje tienen que pagarlos. “Lo que estamos exigiendo es que los procedimientos de cobro se lleven a cabo de manera legal, apegados a derecho y se siga el debido proceso”.
Refirió que en el caso de Ensenada han sido determinadas alrededor de 150 empresas y el común denominador es que en casi todos los casos no se trata de tomas ilegales, ni de cobros de consumo de agua, sino de querer cobrar derechos que en algunos casos ni siquiera se prestan, como el de drenaje.
