Con 25 votos a favor, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen que crea la Ley de Seguridad Pública basada en la iniciativa enviada, el 1 de diciembre pasado, por el gobernador Jaime Bonilla Valdez para que los policías del estado tengan más prestaciones y seguridad social.
Entre las disposiciones del dictamen -con el que se abrogará la Ley de Seguridad publicada en agosto de 2009- se encuentra la afiliación del integrante de alguna de las corporaciones de seguridad pública del estado, su familia y dependientes económicos a un sistema de seguridad social.
La Ley de Seguridad Pública avalada este 22 de diciembre también plantea otorgar y colocar gratuitamente un injerto o implantación de piezas, aparatos o prótesis a los agentes de las corporaciones que hayan perdido una parte de su cuerpo en cumplimiento de su deber o con motivo del desempeño del servicio o comisión; además de aquellas que por virtud de su condición como miembro de seguridad pública le son exigibles, aun fuera del servicio.
Además de brindarles tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico gratuito cuando así lo requiera el integrante de la corporación policial, con independencia de los programas de terapias, asistencia y apoyo especializado que deberán recibir en periodos bimestrales o semestrales permanentes, con motivo de su labor.
Cuando el agente pierda la vida, sus familiares y dependientes recibirán un seguro de vida o pago póstumo único por muerte en cualquiera de los casos en que éste se encuentre, ya sea por virtud del cumplimiento del servicio, por jubilación, pensión o en retiro, además del un apoyo para cubrir el total de gastos funerarios.
Durante la sesión de este martes, la diputada María Trinidad Vaca Chacón presentó dos reservas a la Ley. Mismas que fueron aprobadas con 24 votos a favor, cero en contra y cero en abstenciones.
La primera de ella consistió en añadir el inciso E en el artículo 36, en aras de que en el Informe Policial Homologado señale “el idioma que habla, y modo en que le fueron hechos saber los derechos constitucionales que le asisten, en caso de no hablar español” a quien fuera detenido. Así como en el artículo 38, que se refiere al Registro Administrativo de la Detención.
La segunda reserva consistió en modificar el artículo 111 para establecer será impedimento particular para el ingreso a las corporaciones el contar con antecedentes de violencia familiar, agresión sexual o de deudor alimentario moroso.
En tanto, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una reserva para modificar el artículo 49 y el 49 ter en aras de establecer la información sobre el padrón de construcciones que se encuentren en abandono y el padrón de arrendamientos. Misma que fue aprobada por 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Durante esta sesión de este 22 de diciembre de 2020, los diputados votarán el Presupuesto de Egresos del Estado para 2021, que contempla destinar 400 millones de pesos para otorgar mayores prestaciones y seguridad social a los policías de la entidad.
