Karla Ruiz MacFarland sería aún la primera alcaldesa en funciones de Tijuana, si no fuera por dos hombres. Su padre, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, y el compadre de este, Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California.
Gracias a estos dos personajes, Karla solo fue alcaldesa durante 21 días, comprendidos entre el 16 de octubre, cuando acompañada por sus familiares y amigos, celebró una toma de posesión del cargo, hasta el 5 de noviembre, fecha en que salió, sola, de la oficina presidencial, ante el regreso de Arturo González Cruz.
Durante esos 21 días de gobierno, Karla Ruiz concedió entrevistas, dio continuidad a planes municipales y se reunió con funcionarios de su gabinete, heredado por González Cruz.
Aun cuando no estaba escrito, el acuerdo entre ambos había sido que no habría cambios en el gabinete municipal. Tan bien estaba la relación entre alcaldesa y alcalde con licencia, que cada cierto día se reunían para revisar proyectos, coordinar acciones, y que la ex secretaria de Educación Municipal tuviera apoyo del presidente municipal propietario.
Karla se encargó también de declarar que no aceptaría presiones, que no le gustaba eso que la presionaran públicamente, en clara referencia a la estrategia mediática del gobernador, de denostar a quienes considera sus adversarios en sus presentaciones en vivo vía Facebook, para que realicen lo que él desea. De igual forma, la comunicóloga advirtió que no permitiría influencia de su padre en las decisiones de la administración municipal.
Pero es evidente que ni gobernador ni fiscal respetan la palabra de la mujer. Las presiones para Karla Ruiz MacFarland iniciaron desde el día uno de su corto mandato, cuando Bonilla se apersonó en sus oficinas solo para demostrar que ante la salida de Arturo González Cruz, a quien no visitó en esas instalaciones y sí fustigó a pedir licencia, ahora él tenía no solo abiertas las puertas de Palacio Municipal, sino el control sobre la administración del Ayuntamiento.
El fiscal Guillermo Ruiz no llegó a tanto, aunque sí acudió a la toma de protesta de su hija.
Después de estos actos de presión pública, llegaron las peticiones especiales. Tanto el gobernador como el fiscal, exigían a la alcaldesa el despido de personal de confianza de González Cruz. Le pidieron que corriera al secretario de Desarrollo Económico, Arturo Pérez Behr; que despidiera al secretario del Ayuntamiento, Carlos Murguía; que se deshiciera del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Ayón Monsalve; y prescindiera de los servicios de la oficial mayor Leticia Saucedo.
Entre el fiscal y el gobernador de Baja California, querían las posiciones de primer nivel en el gabinete municipal para ubicar ahí a los suyos. En Oficialía Mayor, a Adalberto González Higuera, ex secretario de Hacienda de Bonilla; en Seguridad, a Pedro Torres; en Secretaría de Gobierno, a Joel Guardado. Y así, los bonillistas ya se sobaban las manos con los cargos municipales.
Pero Karla Ruiz no cedió. Se sentía presionada, pero no actuaba en razón de los caprichos del gobernador y las intenciones de su padre, el fiscal. Entonces los del Estado entraron en acción. A través de la síndico procuradora Meli Espinoza, quien actúa como funcionaria del Gobierno del Estado, suspendieron a la oficial mayor, y la alcaldesa no tuvo otra que ubicar en esa posición al ex titular de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Casi al mismo tiempo, la secretaria de Infraestructura del Estado, Karen Postlethwaite y el director de Auditoría del Estado, Gustavo Almaraz, tomaban las instalaciones del Parque Morelos, al hacerse cargo del filtro sanitario de ingreso y empezar a contabilizar “los males” a atender.
Ante esas condiciones de una clara toma del Ayuntamiento de Tijuana por parte del Gobierno y Fiscalía General del Estado, Arturo González Cruz decidió dar por concluida su licencia y regresar a la administración de la ciudad que ganó en las elecciones de 2019. No le notificó a nadie de la revocación de su licencia, por supuesto no lo hizo con el gobernador, tampoco con el fiscal. Ni siquiera a Karla Ruiz le avisó de su regreso.
Cuando él llegó, ya de lleno como presidente municipal de Tijuana, tocó la puerta de la oficina que había compartido con Karla, y esta amablemente le hizo pasar. Cerraron la puerta y platicaron largo, hasta que la alcaldesa Suplente abandonó las instalaciones municipales en la unidad y con la guardia asignada, hacia un destino personal.
Las presiones de dos hombres acabaron con la alcaldía de una mujer. Tanto el gobernador Bonilla como el fiscal Ruiz, presionaron demasiado a Karla Ruiz MacFarland, tanto que no la dejaban gobernar. El primero quería apropiarse con los suyos de las áreas administrativas y de manejo de la política interna del Ayuntamiento, para extender hasta Palacio Municipal de Tijuana el control que desde el Estado tiene, y el segundo quería controlar no solo la seguridad, también el área financiera.
Dirán que pretendían ayudar a Ruiz MacFarland, que lo hicieron de manera bienintencionada, pero la realidad es que fueron abusivos y pretendieron dominar sobre el mandato que tenía una mujer, electa ella como suplente para ejercer esas labores por encima de ellos.
Tanto gobernador como fiscal, han demostrado que lo suyo es el control del poder político, sin importar que en ello, se lleven los logros de la familia.
