Ante el intento de destitución como resultado de un juicio político, el máximo tribunal ordenó que fueran reinstalados los cinco diputados de oposición pertenecientes al PES, Partido Humanista y Acción Nacional, lo cual sucedió después de muchas presiones el 29 de septiembre. Todas las iniciativas aprobadas en el periodo en que los suplentes fueron legisladores propietarios, deberán someterse a votación de nueva cuenta
Durante el último mes y medio, el Congreso de Baja California Sur ha estado envuelto en litigios y enfrentamientos entre las distintas fracciones políticas, los cuales han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego que el 22 de agosto los diputados de Morena, Partido del Trabajo e independientes aprobaran en el juicio político 02/2020 la destitución de cinco legisladores de oposición, el máximo tribunal de justicia dio un revés. El 17 de septiembre, los ocho diputados de oposición informaron que el Juzgado Segundo de Distrito Federal con sede en La Paz dejó sin efecto la ejecución del juicio político.
Con esto, los legisladores destituidos Lorenia Montaño, Rigoberto Murillo y Perla Flores, de Partido Encuentro Social; Daniela Rubio, del Partido Humanista; y Elizabeth Rocha, del Partido Acción Nación Nacional, debían ser reinstaladas en sus funciones como representantes populares electos.
El Juzgado resolvió que se violó la suspensión provisional otorgada el 14 de agosto a los legisladores de oposición, que los amparaba en contra del juicio político 02/2020.
Con la resolución del máximo tribunal de justicia, se venían encima nuevos conflictos en el Congreso del Estado, ya que también quedaban sin efecto las aprobaciones realizadas desde el día de la destitución hasta la fecha.
En conferencia de prensa celebrada el 17 de septiembre, los legisladores agraviados destacaron que la jueza federal dejaba sin efecto también las aprobaciones de leyes del último mes en el recinto legislativo. Advirtieron que debían ser restituidos en una sesión plenaria y todos los actos debían regresar al estado en que se encontraban el 14 de agosto.
“Si no cumplieran, ahora sí estarían en desacato. El desacato aplica el apercibimiento o los remitirán ante FGR por conjurar un delito por incumplir con un mandamiento judicial”, anticiparon.
La diputada Daniela Rubio explicó que, con la ausencia de los cinco legisladores destituidos, cualquier aprobación en el Congreso carece de legalidad y validez. Destacó que esto también afectaba la aprobación del proyecto de la nueva desaladora para el municipio de Los Cabos, aprobación que se dio con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención en sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre.
XV Legislatura
Rubio enfatizó que el trámite parlamentario tendría que presentarse una vez más ante el pleno del Congreso para que pudiera ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
El mismo día, a través de un vídeo publicado en redes sociales, el gobernador Carlos Mendoza Davis exhortó a la mayoría del Congreso a acatar las resoluciones para así aprobar el financiamiento de la desaladora de Los Cabos, y pidió que los destituidos fueran reinstalados para reponer de manera urgente la sesión para aprobar la planta.
MAYORÍA RESPONDE
En respuesta, diputados de Morena y PT aseguraron en conferencia de prensa el 18 de septiembre que acatarían la instrucción de la SCJN.
Como representante de la bancada de Morena, el diputado Humberto Arce reiteró que atenderían la orden el Poder Judicial, que para fines prácticos indica que la suspensión sí estaba vigente desde el momento en que fue emitida.
“Hay algunas aclaraciones que hay que hacer también: en el acuerdo la juez dice muy claramente que no habíamos sido notificados. Otra: no hay desacato. No se quebrantó ninguna Ley, no hubo delito que perseguir. Nosotros actuamos porque no fuimos notificados de esta suspensión”, enfatizó.
La resolución dejó sin efecto la sentencia del juicio político 02/2020, sin embargo, no invalida el procedimiento: “No dice que tampoco los absuelve a esos cinco diputados. Los actos que cometieron y por los que fueron juzgados por esta soberanía, ahí están documentados: el intentar romper una sesión con el uso de la fuerza pública; poner policías en la sala de Comisiones, Auditoría Superior del Estado, Finanzas; tomarles protesta a suplentes, sin quórum; pagar boletos a París con dinero del pueblo. Irrumpir en la sala de sesiones una mañana para sesionar sin quórum y para destituirnos, ellos nos destituyeron sin juicio político, sin procedimiento y nos dejaron de pagar tres meses. Ellos por lo menos han seguido cobrando”, enlistó.
Asimismo, Arce acusó que los diputados de oposición fueron enjuiciados por diversos actos, como desconocer acuerdos del pleno e ignorar el principio de inconstitucionalidad que tiene el Poder Legislativo como soberanía. Todos delitos son tangibles y documentados, y reiteró: la jueza de Segundo Distrito no absuelve a los cinco de oposición, “nomás mantiene viva la suspensión provisional para que no se dicte sentencia”, dijo.
“Esta resolución no es de fondo, no invalida nada, no convalida nada, no absuelve. Simplemente dice que la suspensión provisional estaba vigente al momento en que se dictó sentencia y por lo cual tenemos que dejar sin efecto la sentencia en lo que se arregla el fondo del asunto”, añadió.
El diputado morenista respondió al gobernador que la juzgadora en ningún momento invalida actos del Congreso, como la aprobación de la desaladora o la Ley Electoral, “ningún juez, ni la Suprema Corte, hasta el momento han invalidado ningún acto que hayan hecho los diputados suplentes cuando tomaron funciones. Eso también ha sido una mentira, decir que lo que han hecho los diputados suplentes ha sido inválido”.
Por su parte, el diputado Ramiro Ruiz aseguró que en una sesión ordinaria debían dar entrada a las gestiones para discutirlas, lo cual sucedería el martes 22 de septiembre. Ahí debatirían entre legisladores para que fuera el pleno el órgano que revoque la resolución del juicio político.
“Solamente el pleno puede revocar una acción del pleno. Una jueza no puede revocar actos del pleno, por eso le dio la jugada a través de las comisiones instructoras. Por eso yo siempre he dicho que esta es una resolución política de tipo salomónica”, subrayó.
OPOSICIÓN DENUNCIA ANTE LA FGR
Los diputados destituidos afirman que la mayoría tenía un plazo de 24 horas para reintegrarlos a sus funciones, lo cual no ocurrió, y por tal motivo, interpusieron una denuncia por desacato de la suspensión provisional ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los legisladores de Morena-PT e independientes.
La diputada Daniela Rubio explicó que procedieron a informar a la juzgadora que terminó el plazo de 24 horas y no fueron restituidos. Confirmó que la diputada Lorenia Montaño interpuso la denuncia por incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional derivado del juicio de amparo indirecto.
El Poder Judicial de la Federación recibió la denuncia el 18 de septiembre, con el número de expediente 442/2020.
Rubio comentó que sus homólogos que integran la mayoría podrían alcanzar sanciones económicas “si la jueza era benévola” o incluso una pena privativa de la libertad.
El 22 de septiembre, los diputados de Morena-PT e independientes votarían para restituir a los legisladores destituidos y, pese a que estaba en el Orden del Día, después de una sesión que duró horas, antes de analizar y votar la propuesta para revocar la sentencia del juicio político, el diputado presidente Ramiro Ruiz, decidió suspender el proceso hasta el jueves 24 de septiembre
“En virtud de que han transcurrido cuatro horas de la presente sesión púbica ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado de Baja California Sur, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 41 del mismo ordenamiento legal y a petición de la mayoría de las diputadas y diputados presentes que me informan atenderán agenda en sus respectivos distritos, se suspende la presente sesión pública ordinaria”, pronunció Ruiz ante el pleno.
El 24 de septiembre a las 10:30 horas dio inicio la continuación de la sesión para votar la propuesta; sin embargo, la mayoría decidió turnar a Comisión de Asuntos Políticos la iniciativa con la que revocarían la resolución del juicio político.
Argumentaron el resolutivo del Juzgado Segundo de Distrito no era definitivo, agregaron que tampoco era claro en cómo revocar la toma de protesta de los diputados suplentes de los destituidos.
No obstante, ante un ultimátum de la SCJN, el martes 29 de septiembre los diputados aprobaron la restitución de los legisladores destituidos en juicio político 02/2020 el 22 de agosto.
Las diputadas Daniela Rubio, Perla Flores, Lorenia Montaño y Elizabeth Rocha, así como el diputado Rigoberto Murillo, ya regresaron al recinto legislativo.
La Mesa Directiva, ahora presidida por la diputada petista Mercedes Maciel, indicó que se acordó suspender la sanción en contra de las diputadas Anita Beltrán (PRI), José Luis Perpuli (PAN) y Maricela Pineda (PRD), también emanada del juicio político.
Asimismo, informaron que citaron el 30 de septiembre a sesión extraordinaria para aprobar una vez más la desaladora de Los Cabos con todos los diputados titulares presentes.
