La mañana del 7 de octubre, Manuel García Soto, dueño de la empresa Fisamex estuvo presente en la transmisión en vivo vía Facebook. Y se presentó como víctima de extorsión y robo, ocho días después que la tarde del martes 29 de septiembre, fuera exhibido en redes sociales consumiendo cocaína en ocho ocasiones entre el 7 y el 13 de julio del 2020.
La empresa Fisamex trabaja para el gobierno de Baja California realizando las auditorías de agua, dictaminando deudas de empresas y ha recaudado más de mil millones de pesos.
Menos de 24 horas después de los videos, el gobernador ingeniero Jaime Bonilla y la Secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado, contadora pública, Vicenta Espinosa Martínez -desestimaron implicaciones éticas- le ofrecieron públicamente apoyo total en su enfermedad, y sostuvieron el contrato laboral, porque la empresa les ha cumplido y sigue recaudando recursos.
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Este miércoles 7 de octubre, García reapareció para informar que siguió trabajando durante la semana pasada. Y repetir lo que en su defensa, el gobernador y el doctor Alfonso Pérez Rico, habían dicho la semana pasada, que su adicción a la cocaína “es cosa del pasado, y estoy dispuesto a someterme a cualquier situación”.
“Estamos trabajando en nuestros cinco sentidos” aseguró, mientras solicita, la secretaría Espinosa lo respaldaba reforzando que la semana pasada le habían hecho un antidoping -en el laboratorio propiedad de Samuel Navarro, jefe epidemiología del Hospital General-, que resultó negativo.
El dueño del 80 por ciento de las acciones de Fisamex, empezó su intervención asegurando que fue víctima de una extorsión, que el 29 de julio del 2020 las 10:35 horas, -el mismo mes en que fue videograbados ilegalmente consumiendo cocaína en 8 ocasiones, dentro de un departamento-, integrantes de su familia cercana recibieron videos tomados 3 o 4 años atrás, y fotos con información “achacando cosas que no eran” y aseguró hubo una petición de dinero.
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También dijo que en aquel momento intentó presentar una denuncia, no mencionó en cual fiscalía, pero aseveró que no se la aceptaron porque la puso contra “quien resulte responsable”, y les tenía que decir ¿quiénes lo estaban extorsionando?
Asimismo, declaró que la denuncia la presentó el 28 de septiembre -no preciso ante cual instancia-, por los delitos contra la imagen, extorsión y amenazas. Esto es un día antes que se hicieran públicos los videos de su consumo de drogas. Extrañamente, ZETA consultó el 31 de septiembre, y en ambas fiscalías, negaron tener alguna carpeta iniciada a nombre del ingeniero García, fuera por extorsión o por la invasión de su privacidad.
García Soto no lo dijo, pero minutos después, en repuesta a la pregunta de un reportero, y por insistencia del gobernado, la contadora Espinosa dijo que los denunciados eran un asesor de Tecate, Luis Pérez y su esposa.
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En la transmisión, el contratista también se dijo víctima y denunciante de allanamiento y robo de documentos en Baja California y en Hermosillo. Momento que la Secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado aprovechó para sugerir que la intención del crimen era robarle información para dificultarle el trabajo de cobrar los millones en deudas de agua de las empresas, o para saber a quiénes estaba revisando.
A punto de concluir el tema de los videos, el ingeniero García fue apoyado nuevamente por la funcionaria que tiene como obligación vigilar que los empleados del gobierno cumplan con sus responsabilidades, y así contribuir a una gestión pública más eficiente y transparente abierta la participación de la ciudadanía.
Espinosa recordó que desde el gobierno pasado -abril de 2019-, el dueño de Fisamex había presentado ante la contraloría, cinco denuncias por corrupción, dando nombres y aportando documentación de ex funcionarios que intentaron evitar las auditorías y cobros de deudas a empresarios. La defensa del estado continuó hasta al final, después de un comentario ciudadano, el gobernador Bonilla informó que García ha sido un generoso donador de computadoras, y durante la pandemia, ha favorecido a hospitales.
