La coacción del alcalde al condicionar el voto a la empresa por obras en favor de la ciudad ha generado protestas. Las boletas no tenían folio, tampoco hubo certeza en el conteo ni suficiente información que la ciudadanía pudiera contrastar. Sempra enfrenta litigios por daño ecológico y riesgo contra residentes
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El Segundo Tribunal Colegiado con sede en Mexicali, ordenó la suspensión para no autorizar el permiso final de las obras del proyecto de licuefacción de la empresa Energía Costa Azul (ECA) subsidiaria de Sempra Energy, sin antes resolverse el amparo 603/2018-III.
Desde 2003, los habitantes de 620 predios se han organizado para interponer diversos recursos legales en contra de la transnacional, alegando desde daño ecológico y riesgo humano, hasta despojo de tierras.
“Los vecinos del complejo habitacional han reclamado que no les han dado derecho a ser oídos en el procedimiento, donde pueden ser afectados en caso de un evento catastrófico”, indica el expediente.
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Las instalaciones de ECA se ubican en el corredor costero Ensenada-Tijuana, sobre la Carretera Escénica, en el Kilómetro 77.5 y a menos de 5 kilómetros del complejo habitacional Bajamar.
En medio de litigios, la tarde del 12 de octubre de 2020, el presidente municipal Armando Ayala Robles organizó un evento protocolario en el Centro Cultura Riviera, denominado Firma del Acuerdo por la Reactivación Económica y la Participación Ciudadana.
Dicha reunión resultó ser el primer aviso de que ECA ampliará sus instalaciones con una inversión de 46 mil millones de pesos, sin embargo, el 2 de octubre, la Secretaría de Energía (Sener) le exigió -bajo el oficio SENER/100/2020/348- una consulta “directa a la población”.
Bajo esa premisa, en menos de seis días el Ayuntamiento de Ensenada se dedicó a rentar carpas, mesas, boletas, baños portátiles, lápices, módulos para votar, hojas de registro, casillas, equipo para tomar la temperatura y gel antibacterial; marcadores, alimentos y asignación de cinco personas por casilla, la mayoría de ellos servidores públicos.
También se imprimieron playeras, gorras y lonas con el logotipo “Tú decides” para promocionar el voto a favor de ECA.
De acuerdo con declaraciones del propio alcalde, el gasto fue de poco más de 450 mil pesos del erario y sin la autorización de Cabildo, por lo que regidores consideran interponer un recurso por desvío de recursos.
Cuestionado respecto a qué partida presupuestal salió el recurso, confundido, Ayala respondió:
“Partiditas aquí y allá. Vamos a informar en un boletín por qué tuvimos que agarrar de varias partes, porque de presupuesto estamos agotados, estamos buscando partiditas aquí y partiditas allá”.
La polémica en torno a este magno proyecto inició el 8 de julio, cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando una inversión superior a los mil 900 millones de dólares.
CONSULTA ILEGAL
Los resultados de la consulta vecinal fueron de 12 mil 174 personas que votaron por el “NO” y 19 mil 930 por el “SÍ” al proyecto Sempra.
En total se colocaron 58 en cuatro sectores de la ciudad, incluyendo los poblados La Misión y San Quintín.
El proceso inició a las 08:00 horas y a las 17:00 horas concluyó, pero no se supo del paradero de las boletas ni quién se encargó de realizar la cuenta de votos.
Foto: Lorena Lamas.- Inconformes con la consulta salieron a protestar a las calles de Ensenada
Debido a la poca transparencia en el desarrollo del proceso, los observadores ciudadanos que se organizaron para vigilar cada una de las sedes encontraron irregularidades, como que las boletas no tenían folio, utilizaron tinta que se borra y casillas que no estaban plenamente identificadas en la folletería.
“La parte que afecta la legalidad y el principio de certeza, es que no hay forma de que un tercero pudiera valorar el procedimiento, ya que las boletas no tenían folio, la tinta no era indeleble”, afirmó el abogado Jaime Palafox Granados.
“Aquí no hay certeza porque aquí nadie puede validar que las boletas que se emitieron a los votantes o no, no hay una entidad o un tercero que valide, porque las boletas no tienen folio y la validez de las preguntas tiene un sesgo evidente”, indicó.
De acuerdo con el Artículo 2 del reglamento, la participación se regirá por los siguientes principios: libertad, democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad y equidad.
En el Artículo 77 de la misma Ley estatal, se menciona que los principios de la participación ciudadana son: libertad, democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad y equidad.
El abogado resumió que esta consulta es altamente cuestionable en el aspecto legal, por lo tanto, analizan interponer una denuncia con base a la Ley de Participación.
“Es una farsa auspiciada por el alcalde, que ahora afecta la seguridad”, finalizó el litigante en materia ambiental.
PROTESTAS EN CONTRA DE AYALA
La primera aseveración en la consulta fue: “Sí estoy de acuerdo en que la empresa Energía Costa Azul (ECA) realice la ampliación de sus instalaciones y actividades en Ensenada y destine parte de sus ingresos para proyectos en beneficio de la comunidad”.
El cuestionario condiciona a los participantes a que de votar por el “SÍ”, eligieran algunos de los grupos de proyectos relacionados con seguridad, espacios públicos y proyectos culturales.
ECA, una empresa cuestionable
En varios eventos públicos para promocionar las obras de infraestructura con dinero de ECA, el alcalde Armando Ayala Robles ventiló que dicha transnacional ha cometido actos de corrupción. Entre las operaciones indebidas en el puerto de Ensenada, señaló el haber depositado 2 millones de dólares a un ex político, haciendo referencia al ex presidente municipal Enrique Pelayo Torres.
“Estos recursos antes se quedaban en los bolsillos de los funcionarios, de los presidentes municipales, porque vamos a recordar aquellos 2 millones de dólares que aparecieron en una cuenta como un depósito y después dijeron…”, ventiló Ayala, al tiempo que calificó a ECA de “corrupta”.
Aun así, su gobierno recibirá 430 millones de pesos de la firma para que lleve a cabo 24 proyectos de obras de infraestructura a través de un fideicomiso.
Los proyectos que eligió el alcalde, algunos de estos anunciados semanas antes en su Informe de Gobierno, son: canalización del Arroyo Ensenada, rehabilitación de Avenida Juárez, paso a desnivel de Avenida Reforma y Delante, semaforización inteligente y construcción de puente vehicular en Calle Ámbar y Avenida Reforma.
Además del Observatorio de Seguridad y Prevención -torres de seguridad en puntos estratégicos-, modernización y equipamiento de Centro de Seguridad y Vigilancia “COP”, rehabilitación de estaciones y subestaciones de Policía, Estación Integral de Protección Ciudadana en Valle de Guadalupe, Estación de Policía Turística Zona Centro, Estación Integral de Protección Ciudadana La Misión e incorporación de 50 unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
De igual forma, se contempla la construcción de Ciclovía El- Sauzal-Ensenada, rehabilitación de los parques Braulio Maldonado en San Quintín, El Zorrillo y Chapultepec, así como el de la Obrera; y la rehabilitación de campos de beisbol en San Quintín, Camalú y El Rosario.
Por último, destaca la construcción de una cancha de futbol rápido en Punta Colonet, rehabilitación del parque Cañón de Doña Petra, rehabilitación de velatorios en Maneadero y rehabilitación de la Unidad Canina y Felina.
Ubicación estratégica
El proyecto considera una reconversión de sus actividades para transformar el gas que llega en barcos de estado líquido a gaseoso, ahora será de gaseoso a líquido. La distribución por ductos se da a través de Playas de Rosarito, Tijuana y Mexicali.
La compañía está en proceso de obtener el permiso de exportación de México para la fase 1, de acuerdo con el reporte 2019 de la Bolsa Mexicana de Valores. Tomará aproximadamente cuatro años, por lo que se anticipa contar con los primeros cargamentos de GNL para exportación durante 2024. La terminal iniciaría su operación comercial en el primer semestre de 2021.
El 12 de abril de 2018, la compañía firmó un contrato de largo plazo con Chevron Combustibles de México, S de RL de CV, subsidiaria de Chevron Corporation, por aproximadamente el 50% de la capacidad de almacenamiento de la terminal.
Adicionalmente, otra subsidiaria de Chevron tendrá la opción de adquirir el 20% del capital de la terminal una vez que esta entre en operación comercial.
El 14 de marzo de 2018, la compañía también firmó un segundo contrato a largo plazo para el almacenamiento y entrega de hidrocarburos con BP, subsidiaria de BPP, LC (BPPLC) por el 50% restante de la capacidad de almacenamiento de la terminal.
Los riesgos que consideran podrían afectar las finanzas de los accionistas son: explosiones, incendios, condiciones climáticas severas y desastres naturales; fallas mecánicas como fugas y roturas de gasoductos y tanques de almacenamiento; descargas o emisiones de sustancias o gases peligrosos; así como actos de terrorismo, delincuencia o sabotaje.
Casi al finalizar la hoja, debajo de una raya punteada incluyeron la leyenda “No estoy de acuerdo”. Al finalizar, el votante ingresó la boleta en una casilla y un empleado del Ayuntamiento colocó tinta fácil de remover en el dedo pulgar.
Bajo esas condiciones, grupos ciudadanos y activistas salieron a las calles para manifestarse en contra de las formas en que el alcalde Ayala Robles llevó a cabo la consulta.
En un recorrido hecho por ZETA se pudo constatar que hubo acarreos, convencimiento y hasta payasos llegaron a las distintas casillas donde se desarrolló la consulta vecinal para buscar la aprobación de la ciudadanía.
Líderes comunitarias fueron videograbadas cuando llevaban a personas y les explicaban cómo debían marcar la boleta con un “SÍ”. Lo mismo el sector transporte se sumó para trasladar a los votantes a distintas sedes de la votación.
La noche de la jornada, los ciudadanos que estuvieron vigilando trataron de ingresar al Centro Cultural Riviera, a donde se cree llevaron el material electoral, pero fueron recibidos por un centenar de elementos de la Policía que les impidieron el acceso.
La mañana del lunes 19 de octubre, los inconformes cerraron la calle Reforma, a la altura de DIF Municipal, donde integrantes del Consejo Ciudadano se reunieron para emitir los resultados finales de la consulta.
Será mañana sábado 24 de octubre cuando se lleve a cabo otra protesta denominada #FueraSempra, con punto de reunión en el Centro Estatal de las Artes.
LOS LITIGIOS DE SEMPRA
Residentes del complejo habitacional Bajamar, ubicado en el corredor costero Tijuana-Ensenada, a escasos cinco kilómetros de la planta, aseguran tener una suspensión definitiva para frenar la ampliación de la regasificadora.
Asociación de Colonos de Bajamar, SA de CV promovió el juicio 390/2018, radicado en el Juzgado 8 de Distrito con residencia en Ensenada. Fue presentado por Banco Santander México como fiduciario de los inmuebles que comprenden el conjunto turístico.
El amparo fue promovido en contra de los permisos expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial (ASEA, por sus siglas en inglés) para construir y operar una terminal de licuefacción de gas natural.
El juicio principal se encuentra suspendido, debido a un recurso de queja pendiente de resolverse, en contra de la admisión de una prueba de los residentes. La suspensión definitiva se concedió en un inicio, sin embargo, la compañía logró que se dejara sin efectos.
La audiencia constitucional fue fijada para el 24 de febrero de 2020, donde el juez negó la suspensión definitiva de los actos reclamados y está pendiente de resolver.
Sin consultar a la ciudadanía si estaban dispuestos a sacrificar casi medio millón de pesos del presupuesto del Ayuntamiento de Ensenada, el domingo 18 de octubre se llevó a cabo la consulta vecinal “Tu opinión cuenta”, para saber si están de acuerdo en la ampliación de la planta regasificadora Energía Costa Azul, subsidiaria de Sempra Energy.
Foto: Enrique Botello.- Las boletas no tenían folio por lo que no hay certeza del número de votantes.
LOS LITIGIOS DE COSTA AZUL
El 15 de enero de 2020, un tribunal federal mexicano concedió una medida cautelar a favor del Complejo Turístico y Residencial Bajamar, contra la autorización para la construcción y operación de una planta de Licuefacción de Gas Natural otorgada a Energía Costa Azul, S de RL de CV.
Bajamar ha sido uno de los desarrollos habitacionales que más recursos legales ha interpuesto en contra de la instalación y desarrollo de Sempra en Baja California. Aunque se han dividido en varios grupos, afirman que las 600 familias que habitan en el complejo ubicado en el corredor costero, son vecinos y están en contra de la transnacional.
En agosto de 2018, en el fideicomiso número 53153-0, el Complejo Turístico Bajamar, a través de Banco Santander México, Institución de Banca Múltiple, Institución Fiduciaria, presentó una demanda de amparo ante un Juez de Distrito con residencia en Ensenada, en contra de los proyectos de licuefacción en ECA.
El Juez de Distrito admitió la demanda y otorgó la suspensión provisional, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran.
De acuerdo con el amparo, sin suspender el procedimiento, el juzgador determinó que no se emita resolución final sobre la autorización de las obras, construcciones y operación del proyecto del cual derivan los actos reclamados, siempre y cuando no haya ocurrido.
ECA presentó recurso de queja en contra del auto que concede la suspensión provisional.
En entrevista con ZETA, uno de los grupos de vecinos habló de lo complicado de vivir a un lado de la planta regasificadora, no solo porque corresponde a una zona de fallas geológicas, sino por los fuertes incendios forestales que se han presentado.
“Ya tenemos un juicio entablado de amparo, nos otorgaron una suspensión definitiva en tanto no se puede iniciar la obra”, indicaron los afectados.
Narraron cómo hace tres años una empresa contratada por ECA llegó al complejo habitacional para realizar un estudio de impacto social, como parte de los requisitos de la nueva Ley de la Reforma Energética.
“Nos sentimos muy reconfortados porque la mayoría de la gente estaba en contra de Sempra, pero no se reflejó en los resultados”, aseguraron.
El temor más grande de los residentes, es una posible explosión que genere una reacción en cadena con la empresa Z Gas, que se encuentra a dos kilómetros del lugar.
Otro recurso de revisión fue interpuesto en mayo de 2003 por Hiram Castro Cruz y Roberto Valdez Castañeda de forma conjunta y por Mónica Fabiola Palafox, para impugnar la emisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la terminal de ECA.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desechó los recursos y los actores interpusieron ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en Ciudad de México, juicios de nulidad en contra de los acuerdos respectivos.
En enero de 2006 y mayo de 2010, el TFJFA dictó las sentencias, declarando nulos los acuerdos, y desechó los recursos de revisión. Ordenó la ratificación del MIA y en marzo de 2012 respondieron con un juicio de nulidad; a la fecha, la Semarnat no ha emitido su resolución.
A estos litigios, le sigue una demanda agraria de Salomón Arya Furst y Abraham Hanono Raffoul, interpuesta en febrero de 2006 ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito en Ensenada, en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, ECA y otros 20 actores.
Dicha demanda tiene por objeto obtener una declaratoria de nulidad de los derechos de propiedad otorgados por el Registro Agrario Nacional respecto a algunas parcelas del terreno donde se ubica la terminal de ECA.
Los ejidatarios piden la restitución de otra parcela presuntamente ubicada en el mismo lugar, con base en el argumento de que los títulos de propiedad expedidos a favor de los propietarios precursores de ECA de manera indebida y sin tomar en consideración los derechos de propiedad existentes de dichos inmuebles.
En septiembre de 2011 se celebró una audiencia definitiva al respecto, en la cual los actores ofrecieron ciertas pruebas para ampliar su demanda.
El juez no admitió las pruebas, y antes que se dictara sentencia, los actores interpusieron una demanda de amparo en contra de la negativa del juez por rechazar sus evidencias.
El 3 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una diligencia de inspección y estudio de campo con ayuda de varios expertos ofrecidos por los litigantes. Los expertos hicieron entrega de sus opiniones sobre dicha inspección.
El Tribunal Agrario ha ordenado la emisión de una opinión experta de un tercero en disputa, el cual ha sido designado y se encuentra elaborando el dictamen correspondiente.
Finalmente, el juez negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo cual fue recurrido por la quejosa, impugnación que está pendiente de resolver.
AMPLIACIÓN DE LA INDUSTRIA ECA, ASUNTO DE TRASCENDENCIA
“Fui a votar a favor y lo hice así por todas las consideraciones que tienen en torno a algo tan sustantivo por la necesidad que tenemos de energía en la región”, indicó el político Ernesto Ruffo Appel, quien reside en Ensenada.
A unos días de la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, el otrora legislador declaró que es de reconocer que exista confianza de esta empresa por invertir en el país. Confía en las medidas ambientales adoptadas por la regasificadora y resalta la necesidad del país por el suministro de energía y agua.
“Es la causa fundamental, aunque están otras consideraciones que tienen que ver con la economía local y las oportunidades que se pueden presentar por tener esas capacidades de energía aquí en Ensenada, sin duda serán sustento para un futuro desarrollo bien planeado”, argumentó el panista.
Ruffo Appel lamentó el conflicto de Constellation Brands en Mexicali, donde por cuestiones políticas, no se logró la inversión.
“Me llama la atención el contraste entre lo que sucedió en Mexicali y lo que sucede en Ensenada, donde el marco político general está inmerso en la autoridad, la cual fue seleccionada a través de Morena”, comparó, y para concluir, advirtió que la decisión en contra de la inversión en la Capital del Estado traerá serias consecuencias a la economía.
