Fue un sainete político y lucha de fuerzas entre los que ya se iban y los que estaban por llegar, aprobar la reforma que dio autonomía a la Fiscalía General del Estado, que surgió de la fusión de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, y dejó sin corporación policiaca al Gobierno del Estado. Pero así sucedió, y, unas horas después de tomar posesión Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, en el Congreso del Estado y sin mayor trámite -o mejor dicho con toda la complacencia- “eligieron” fiscal general del Estado el primer autónomo, al abogado Guillermo Ruiz Hernández. De antemano se sabía que aquella autonomía lo sería solo de papel, pero el entreguismo de la FGE hacia el Gobierno del Estado, sí que es sorprendente. Mientras en el ámbito nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador presume la distancia –sana- del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en Baja California, Bonilla considera a Ruiz un empleado más de su administración. Evidencias de ello hay muchas, pero la más reciente es un boletín de la administración estatal en el cual presumían la reunión del gabinete de Bonilla con la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza. Y en una gráfica de todo el gabinete, aparecen en el siguiente orden, de izquierda a derecha: Jaime Bonilla, gobernador; Amador Rodríguez, secretario general de Gobierno; Vicenta Espinoza, secretaria de Honestidad; y Guillermo Ruiz, fiscal general del Estado, quien más que autónomo, parece empleado. Ahora sí que el compadrazgo entre gobernador y fiscal puede más que la Ley y la autonomía.
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