La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó una iniciativa del mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, consistente en involucrar al Poder Ejecutivo en la designación de magistrados. Diputados de oposición ven posible desequilibrio de poderes, mientras que juez asegura que “en la realidad” el gobernador es quien designa. Diputada de Morena sostiene que la propuesta no está del todo definida
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Diputados de la XXIII Legislatura de Baja California estimaron que el dictamen referente a la desaparición del Consejo de la Judicatura en Baja California, emitido a propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, podría traducirse en una invasión de la administración estatal al ámbito de competencia del Poder Judicial.
De acuerdo con la propuesta aprobada el martes 7 de julio por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la desaparición de ese órgano permitiría al titular del Poder Ejecutivo estatal participar en el nombramiento de magistrados a partir de ternas formuladas por el propio mandatario.
A decir del comisionado presidente, Juan Manuel Molina García, los procedimientos electivos a cargo del Consejo de la Judicatura regularmente han motivado juicios de amparo con los que las designaciones quedaron sin consumarse.
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En el caso de los nombramientos que sí han procedido, arguyó que “no se ha nombrado a los mejores en todas las ocasiones”, pues “no siempre, el uno, el dos, el tres, ni siquiera el quinto de la lista ha resultado designado, sino el que viene en el lugar 14, 15 o 16”.
De ahí que, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), haya planteado que “la propuesta de nombramiento de magistrados sea de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, como sucede en el caso federal, donde el presidente manda una terna al Senado de la República, y aquí el Congreso del Estado de manera directa pueda de esa terna decidir quiénes son los magistrados que integren el Tribunal Superior de Justicia”.
Con base en ese planteamiento, como “facultades y obligaciones del gobernador” estipuladas en el Artículo 49 de la Constitución Política de Baja California, se incorporarían las de someter “a consideración del Congreso del Estado, la terna para que se realicen los nombramientos”, tanto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado como en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
De acuerdo con el expediente 112/2020, alusivo a la pretendida reforma, los concursos de selección para magistrados están a cargo del Consejo de la Judicatura, lo cual implica que en esos ejercicios igualmente participen integrantes de la magistratura, “entonces no se considera correcto que en la selección de magistrados participen también magistrados”; por lo tanto, “cuando exista la vacante de un magistrado de forma definitiva, deberá ser facultad del Ejecutivo estatal la integración de una terna por vacante”.
Para la diputada Eva María Vázquez Hernández, la posibilidad de que el gobernador plantee las tercias de aspirantes constituye un tema muy “delicado” que “tendría que debatirse, porque vemos ahí con riesgo la intromisión del Ejecutivo estatal en toma de decisiones tan importantes como esto”.
Fotos: Cristian Torres.- Eva María Vázquez / David Ruvalcaba Flores
La representante del Partido Acción Nacional consideró que ese Poder, actualmente encabezado por Bonilla Valdez, “está como decimos coloquialmente, jalando agua a su molino, buscando cargar todos los dados hacia su interés”, situación que “raya en un extremo” y “no va a abonar en nada a la estabilidad de un Estado”.
Mencionó que en vista de que el 11 de mayo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la presente administración estatal será solo de dos años (después de que se trató de ampliar a cinco), ello pudiera interpretarse como que “se les acabó el tiempo” a los actuales funcionarios estatales, de modo tal que “en su desesperación están arrebatadamente tomando decisiones” que “no son las más adecuadas”.
A decir de la entrevistada, “el tema donde nuestro Estado pudiera tener contrapesos, seguir creciendo, desarrollándose en una sana armonía, no se está considerando como tal desde la óptica del Ejecutivo estatal”.
A su vez, el diputado David Ruvalcaba Flores, del Partido Revolucionario Institucional, estimó que el Poder Judicial figura entre “las pocas cosas que le faltan al Ejecutivo tener bajo su control”, toda vez ya tiene injerencia en el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) y “el Congreso ha estado actuando bajo permiso del señor gobernador”.
Por lo que al Orfis respecta, figura como auditor Jesús García Castro, afín a la línea política del ex priista Fernando Castro Trenti, representante del Gobierno del Estado de Baja California en Ciudad de México.
Ruvalcaba Flores observó que a esa instancia “no aceptaron darle autonomía” y el nombramiento de García Castro se concretó “en un proceso que no concluyó en las comisiones y a mano alzada prácticamente”.
Tratándose del Poder Legislativo, el entrevistado sostuvo: “Las iniciativas vienen de allá (del gobierno estatal), las hacen suyas los diputados (de Morena), porque ya vieron que la carga política estaba recayendo en el Ejecutivo” y “ahora ya se atribuyen las propuestas”. Sin embargo, “si tú revisas la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, cuántas iniciativas vienen propuestas por el gobernador o por el secretario de gobierno (Amador Rodríguez Lozano). Pues la mayoría”.
En referencia al mandatario estatal, admitió que “está en su derecho de hacerlo (de acuerdo con los artículos 28 fracción II y 49 fracción II, de la Constitución Política local)”, solo que se trata de las iniciativas “más controvertidas”.
Uno de esos proyectos fue el de recorrer tres meses el inicio del siguiente proceso electoral en Baja California, para que tenga lugar en diciembre de 2020, aun cuando en 2021 habrá concurrencia de elecciones locales y federales y el periodo comicial federal iniciará el próximo mes de septiembre.
Otro proyecto consistió en recortar en 52% el presupuesto para partidos políticos, reducción que como explicaría en su momento Rodríguez Lozano “representaría casi 74 millones de pesos”, los cuales se estarían destinando “a los grandes problemas que enfrenta el Estado, como son la pandemia (de coronavirus) y la necesidad de relanzar la economía del Estado”.
REFORMA REQUIERE ANÁLISIS PROFUNDO: MAGISTRADO
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, quien intervino en la sesión del 7 de julio, asentó que “una reforma de esta trascendencia que va dirigida al Consejo de la Judicatura del Estado requiere un profundo análisis cuya reflexión en su momento debe realizarse con el acompañamiento puntual del Poder Judicial del Estado”.
Estimó “de vital importancia” que la XXIII Legislatura considere si es preciso o no implementar la modificación a la Ley, “en un momento en que tanto nuestro Estado y país se encuentran ante una emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la cual ha generado ajustar todos los programas y planes de gobierno, de las autoridades federales, estatales y municipales, en pro de la toma de las decisiones que generen mayor protección y cuidado de toda población”.
En su opinión, debería valorarse las posibles implicaciones de proceder el ajuste, “cuando en estos momentos se avanza en una etapa crucial en la implementación del funcionamiento de los Juzgados bajo los lineamientos y protocolos de lo que ha sido denominado por el Consejo de Salubridad General como una nueva normalidad”, periodo en el que “el Consejo de la Judicatura del Estado debe ser garante y reactivo de la protección de todos los justiciables y los servidores públicos de este Poder”.
Apenas el lunes 6 de julio se dio a conocer la reapertura de los Juzgados familiares, civiles y mercantiles en Ensenada, luego que por motivos de la propagación de la enfermedad COVID-19, el 17 de marzo se dispusiera cerrar instalaciones a nivel estatal.
De acuerdo con información del Poder Judicial, la apertura para el resto de los partidos judiciales será “paulatina y gradual”, conforme a un acuerdo signado por el Consejo el 30 de junio.
En la entrevista telefónica que concedió a ZETA, la diputada Vázquez Hernández coincidió en que “no es el tiempo” para sacar adelante la enmienda constitucional, en vista de la contingencia que prevalece, además de que la Junta de Coordinación Política del Congreso local había determinado que los temas a tratar en el pleno se priorizarían en torno a la COVID-19, asumiéndose como asuntos destacables la salud y la economía.
Mencionó que “la postura que planteó el presidente del Tribunal Superior (alusiva a un análisis profundo) es interesante”, toda vez que “en estos momentos necesitaríamos generar las condiciones para poder conocer la opinión de todos los involucrados en su conjunto y en estas condiciones no hemos generado esos espacios”.
A juicio de la panista, es lamentable que la sugerencia no haya hecho eco en la mayoría de los comisionados dictaminadores.
Dijo que “de aquí al pleno (cuya próxima sesión está programada para el 15 de julio)” deberían emprenderse tales ejercicios de reflexión; aunque reconoció no ver “ese sentir o buen ánimo para que se dieran”, con todo que serían “fundamentales para poder ya así de fondo hacer una opinión muy en conciencia y muy informada sobre este tema”.
En la sesión de la comisión dictaminadora, Molina García se pronunció por tomar en cuenta las consideraciones de Ortiz Morales. Aseguró que una vez se aprobara “el proyecto”, tendría lugar un acercamiento con el Poder Judicial para ver qué término o plazo sería conveniente para la entrada en vigor de la reforma.
GOBERNADOR YA DESIGNA: JUEZ
A decir de un juez consultado por este Semanario, no resulta extraño que se pretenda facultar al mandatario estatal para proponer ternas de aspirantes a la magistratura, “porque en la realidad ya lo hace” de la misma manera que el Presidente de la República, cuando en plano formal designa ministros.
El abogado explicó que, a nivel local, “los diputados que tienen primordialmente, que son del mismo partido que el gobernador, lo consultan para efecto de hacia dónde tratan de influir, para ver hacia dónde va a ir la designación”.
Advirtió que en todo caso existe el riesgo de que no haya control en los nombramientos, “porque en el proyecto de reforma no se establece nada”.
Desde su punto de vista, bajo esas circunstancias el jefe del Ejecutivo estatal podría nombrar “a amigos y primordialmente, o, sobre todo, personas que no tengan la experiencia de juzgar, que no tengan una carrera judicial, la experiencia o formación suficiente para resolver los casos de la ciudadanía”.
El voto en contra
De los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el único que se opuso abiertamente a desaparecer el Consejo de la Judicatura fue Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática.
El legislador refirió en entrevista con ZETA que con esa propuesta se está “irrumpiendo la impartición de justicia, donde el Estado puede meter las manos para controlar esa impartición de justicia, justa y equitativa para el ciudadano”.
No negó estar de acuerdo con que el Poder Judicial pudiera mejorarse, pero “sin desaparecer el Consejo de la Judicatura”. Ejemplificó que sería oportuno hacer movimientos de personal, como en el caso de los proyectistas, cuya carga de trabajo se redujo por el nuevo sistema de justicia penal. De modo que si pasaran a fungir como jueces de control, ello constituiría “un ahorro” y una estrategia para sacar adelante “los trabajos en el área de primera instancia”.
Finalmente, alertó que la tentativa del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, de prescindir del Consejo en aras de que el Poder Ejecutivo pueda formular las ternas de aspirantes a la magistratura, posiblemente atentaría contra “quienes tienen una carrera judicial de muchísimos años”, con el otorgamiento de plazas a “compadres, amigos” o “favores políticos a otras personas”. Eduardo Andrade Uribe
Tampoco negó que desde su punto de vista “los exámenes que se hacen en el Consejo de la Judicatura son amañados”, por lo cual, por dondequiera que se la vea, la enmienda no le granjearía mejoras significativas al Poder Judicial. Sugirió que si el gobernador verdaderamente pretende mejorarlo, debería destinarle mayor presupuesto (para 2020 solo se destinaron mil millones de pesos, cantidad que a decir del entrevistado fue la misma que el año pasado).
“Los verdaderos problemas de fondo son presupuestales, falta de capacitación y formación del personal, incluso le podría agregar un tema de justicia laboral, un miembro del sindicato por ejemplo del Poder Judicial en el mismo escalafón gana menos que en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo”, aseveró.
En cuanto a si es posible que en dado caso Bonilla Valdez alcance a formular ternas en lo que queda de su mandato bianual, afirmó que actualmente hay cuatro plazas ya concursadas, sobre las cuales no se ha consumado designación, una más se encuentra en concurso.
Sin embargo, “no sé tampoco si el Congreso y el propio gobernador piensan que esas cinco plazas concursadas con la Ley vigente, también él va a querer designarlas, no lo sé; para mí no sería apropiado, porque sería como una especie de aplicar la Ley retroactivamente”, asentó.
APARATO BUROCRÁTICO
El presidente de la Coordinadora Nacional de Abogados de México en Baja California, José Hans Zamorano, aplaudió el plan para desaparecer el Consejo de la Judicatura, pues desde su perspectiva el órgano solo constituye “un aparato burocrático” con el que no se han cumplido las metas para las que fue creado (a partir de una reforma a la Constitución local publicada el 25 de septiembre de 1995).
En su visión, el tema de la carrera judicial (relativo a ingreso, capacitación y ascenso de los jueces, entre otros aspectos) no ha prosperado.
Calculó que con la eliminación del mecanismo, el cual se compone de siete consejeros, podría haber “ahorro de 60 millones de pesos, que es lo que nos cuesta el aparato burocrático del Consejo de la Judicatura”.
Tan solo en percepciones de los consejeros, la diputada Rosina Del Villar expuso que cada uno percibe 108 mil pesos mensuales.
En cuanto al posible ahorro, el diputado del PRI, Ruvalcaba Flores, esgrimió que de cualquier manera a los poderes “no se les puede bajar el monto” presupuestario “porque la Ley los ampara”. Añadió que “el presupuesto del Poder Judicial no sufriría variaciones” y lo que tenga asignado el Consejo de la Judicatura “se va al Poder Judicial”.
MODIFICACIONES
El dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, contempla como ajustes a la Constitución local:
* Eliminar la figura de Consejo de la Judicatura, así como la de magistrados supernumerarios (suplentes).
* Otorgar facultad al gobernador en materia de “nombramientos de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa” en aras de ser “aprobados por el pleno del Congreso del Estado, por la mayoría de sus integrantes”, determinar “su adscripción a pleno o a salas y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones”.
* Prescindir de la convocatoria como instrumento para concursar las plazas.
* Integrar una Comisión Especial en el Congreso para nombrar magistrado de la Sala Especializada de Combate a la Corrupción.
* Remitir al mandatario estatal para su consideración, la opción de que el magistrado se reelija.
* Constituir una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina integrada por cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin pago adicional al que ya devengan, en sustitución del Consejo de la Judicatura.
Mientras que el órgano actual se define como el “encargado de las funciones de administración, vigilancia, supervisión y disciplina, así como el desarrollo de la carrera judicial” encaminado a “garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita, y realizar las actividades del Poder Judicial que no tienen carácter jurisdiccional”, la nueva Junta fungiría “como órgano de Apoyo administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”.
Conforme al dictamen correspondiente, el Consejo no ha concurrido a optimizar la administración del recurso del Poder Judicial, pues ha duplicado la estructura administrativa de su personal al igual que en el caso del pleno del Tribunal Superior de Justicia, “generando déficit financiero” y por consecuencia “retraso en la concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia, problemas financieros en el Servicio Médico Forense, carencias de recursos materiales y paros laborales”.
En la sesión del 7 de julio, como integrantes de comisión dictaminadora, Julia Andrea González Quiroz, Eva Gricelda Rodríguez, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez y Juan Manuel Molina García, de la bancada de Morena, votaron a favor; mientras que Rosina del Villar Casas (también de Morena) y Julio César Vázquez Castillo (del Partido del Trabajo), en abstención y Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Con cuatro votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, quedó establecido: “Se aprueba el proyecto de dictamen”.
Julio César Vázquez Castillo, cuyo partido es afín al oficialista Morena, manifestó a este medio que su voto en abstención obedeció a que no le quedó claro cuál sería el beneficio de la propuesta para el Estado, de modo que tal como lo estableció en el encuentro virtual con sus compañeros comisionados, en conjunto con su compañera de fracción, Claudia Agatón Muñiz, hará un análisis para determinar qué postura adoptarán cuando el asunto se someta a consideración del pleno.
“La verdad es que en lo personal no traigo el dato claro y de hecho tengo que pedir informes en el Gobierno del Estado sobre esa propuesta, para ver cuál es el beneficio del estado, sobre todo el beneficio. No te puedo decir que sea benéfico o no. Simplemente yo traigo la duda, entonces esta situación seguramente la aclaro de aquí al viernes”, expresó vía telefónica.
La diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, de Morena, refirió a ZETA que la propuesta para modificar el Poder Judicial no es definitiva en su totalidad, “se van a analizar algunos conceptos, no está dado del todo y más atendiendo la situación de lo del coronavirus”. Aseguró que “se está tomando en cuenta la postura que tiene el propio presidente del tribunal”.
Sobre el planteamiento de que el gobernador formule las ternas de aspirantes, insistió en que se tiene que “estudiar todavía más opiniones”, y anticipó que la postura de quienes emanaron de Morena a puestos de elección popular consistirá en “defender la soberanía de cada Poder”.
Hernández remató que los integrantes de esa fuerza política deben “ser congruentes” con la posición de partido político de gobierno, pues de lo contrario caerían “en los círculos anteriores y no se trata de eso”, pues tienen el interés de que “las cosas cambien para bien, para todos”.
