La guerra entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación se enfoca ahora en los centros de rehabilitación de adicciones, controlados por los grupos criminales. Ataque que deja 27 muertos en un anexo de Irapuato es atribuido a gente de “El Marro” que buscaba a un sujeto apodado “El Muletas”, del CJNG. En una semana también fueron ejecutados ocho policías: tres de Silao y cinco estatales, para superar los 56 homicidios de gendarmes en esa entidad durante 2020. Se crispa la relación entre los gobiernos federal y estatal por la grave violencia que se vive en El Bajío
Poder económico, violencia, complicidad y debilidad en el sistema legal, son los elementos que han creado el ambiente propicio para que el autodenominado Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) se haya empoderado en el Estado de Guanajuato a casi dos años de su aparición y de la disputa territorial por el control que sostiene con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la sustracción ilícita de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Publicidad
Los de Santa Rosa de Lima, pequeña comunidad con menos de tres mil habitantes en el municipio de Villagrán, son dirigidos por José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, y aunque en número resultan inferiores a sus antagonistas, en sus terrenos han sabido moverse con la presunta complicidad de autoridades policiales de por lo menos ocho municipios de Guanajuato, contando con un nuevo aliado: la reputación de poder que la impunidad les ha dado en fechas recientes.
La detención y posterior liberación de María Eva Ortiz, madre de “El Marro” apenas en junio, trajo consigo la continuidad de una espiral de violencia que vive la entidad, pero ahora con una fuerza mayor, registrándose los asesinatos a sangre fría de tres policías municipales de Silao el 29 de junio; 27 internos de un centro de rehabilitación de Irapuato el 1 de julio; y cinco gendarmes estatales en la zona de Apaseos, en las inmediaciones del Estado de Querétaro, el 3 de julio.
Publicidad
Foto: Rogelio Morales /Cuartoscuro.com.- Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado de Guanajuato / Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato
El CSRL, que presuntamente se encuentra sentenciado por un lado por el Cártel Jalisco que lidera Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, y por otro de parte del Gobierno de México que ha pretendido detener a Yépez Ortiz en dos macro-operativos y le ha congelado 17 cuentas bancarias personales y a sus familiares por más de 36 millones de pesos, sigue generando una grave crisis de seguridad palpable en municipios como Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, entre otros.
Debido a esa “guerra” a dos fuegos, los huestes de “El Marro” que además del negocio del huachicol, operan el tráfico de drogas y extorsiones en la región del Bajío, se han convertido en el terror de los transportistas, a quienes han desapoderado de sus camiones para usarlos en bloqueos y quemarlos para desviar o entretener a los cuerpos policiales durante sus escapatorias. Dicha situación ocasiona que los traileros rodeen la entidad para llegar a otros destinos.
A la lucha que inició el gobierno de Guanajuato se unieron la Secretaría de la Defensa Nacional, con su destacamento de más de tres mil soldados de la XII Región Militar y la Guardia Nacional, que además de los dos operativos mayores antes referidos, realizan acciones constantes contra esta organización criminal y el CJNG. Sin embargo, los resultados obtenidos han polarizado las relaciones entre los gobiernos estatal y federal, quienes se echan la culpa de que la liberación de detenidos ha sido por errores de unos o de los otros.
Tras las polémicas liberaciones judiciales, los multihomicidios de presuntos adictos del anexo de Irapuato y los crímenes de policías en Silao y Apaseos, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el problema de la inseguridad se dejó crecer en la entidad, ya que incluso estos grupos cuentan con una base social que los defiende. En tanto, el gobernador guanajuatense respondió en sus redes sociales que el mandatario politiza la seguridad en su Estado desde la conferencia “mañanera”, ante lo que pidió respeto.
MASACRES EN ANEXOS
En Guanajuato no solo se matan entre los “malos” o se atenta en contra de policías municipales y estatales, sino que también se han registrado masacres en palenques, bares y recientemente en centros de rehabilitación de personas adictas a drogas. En solo dos eventos criminales, ocurridos en anexos de Irapuato durante el mes de junio, el saldo fue de 37 personas asesinadas a balazos.
Apenas el 1 de julio último fueron victimados 27 jóvenes del Centro de Rehabilitación que irónicamente tenía por nombre Recuperando mi Vida en la colonia Jardines de Arandas de Irapuato, y otros cuatro resultaron lesionados. Un grupo de sujetos armados penetraron en el inmueble y dispararon contra las personas que estaban internadas, en presunta venganza de que el lugar era controlado por Jalisco.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las seis de la tarde en la Privada de Guanajuato, bordeada de calles de terracería enfangadas por las últimas lluvias. Una vez consumada la agresión, los asesinos huyeron a bordo de un vehículo sedán de color rojo y se perdieron rumbo a la carretera. Los cuerpos policiales locales y la Guardia Nacional arribaron al sitio, pero los sicarios ya habían escapado, dejando su estela de muerte.
Mientras paramédicos de puestos de socorro trasladaban a los heridos a hospitales y personal de los servicios periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaban el levantamiento de indicios y de cadáveres, el secretario de Seguridad Ciudadana municipal, Pedro Alberto Cortés Zavala, confirmó que hasta ese momento había 24 personas muertas y siete lesionadas, pero que la cifra de fallecidos podría incrementarse en las horas siguientes, tal y como ocurrió días después.
Con el paso de los días y las primeras investigaciones del caso, la Fiscalía de Guanajuato estableció que el ataque al albergue de adictos es parte de la guerra que mantiene el CSRL contra el CJNG, por lo que la hipótesis ubica a células de “El Marro” como los autores materiales del hecho. Según las pesquisas, los homicidas fueron por lo menos cuatro sujetos, quienes sacaron a las mujeres presentes y preguntaron a los internos por “El Muletas”, presunto miembro de Jalisco. Debido a que no obtuvieron respuestas positivas, los matarifes dispararon contra las víctimas.
Foto: Cuartoscuro.com.- Cerca de las 18:00 horas un grupo armado asaltó un anexo en la comunidad de Jardines de Arandas asesinando a 24 jóvenes y lesionó de bala a 7 más por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales.
Las autoridades investigan si el hecho tiene conexidad con otra masacre ocurrida en otro centro de rehabilitación de la misma ciudad, el sábado 6 de junio anterior, cuando fueron asesinadas diez personas. Este multihomicidio se perpetró a las cuatro de la tarde en la colonia 24 de Abril. Antes, en diciembre de 2019, una veintena de jóvenes fueron levantados de otro anexo y, en febrero de 2020, un grupo armado privó de la libertad a cuatro hombres en un sitio similar en la colonia Progresiva del Jaral, después le prendió fuego al inmueble también en Irapuato.
Esta barbarie provocó que el viernes 3 de julio, por lo menos 25 internos de un centro de rehabilitación del municipio de Valle de Santiago, ubicado a 100 kilómetros al sur de la Capital de Guanajuato, escaparan. Según se informó en los círculos policiales, los jóvenes anexados salieron en estampida del albergue antidrogas Emperadores.
En la historia de las organizaciones criminales en México se ha detectado que algunas de estas regentean centros de rehabilitación tanto para no perder a esos clientes y tenerlos cautivos a sus adicciones, como para reclutar nuevos elementos, tal y como se conoce en averiguaciones previas iniciadas en diversas épocas en contra del Cártel de Juárez, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y hace tres años, contra el CJNG que controlaba anexos en Guadalajara.
ATAQUES A POLICÍAS
La cuota de sangre de la batalla intestina entre grupos criminales en Guanajuato, ha cobrado la vida de por lo menos 56 policías en la entidad, ocho de ellos en la última semana, luego que María Eva Ortiz, madre de “El Marro”, fuera liberada del penal de Puentecillas y de que el abogado de esta, Luis Eduardo “N”, fuera asesinado la noche del 28 de junio en un retén montado por uniformados del municipio de Silao.
Tras estos hechos, “El Marro” amenazó a las fuerzas policiales de la entidad, pues estima que el filtro policial fue orquestado por sus rivales con la colaboración de los oficiales, para causarle algún daño a su mamá, pero según narró en un video, la cambió del vehículo de su abogado a otro automotor, por lo que el plan de privarla de la vida o secuestrarla fracasó.
La madrugada del lunes 29 de junio, tres policías municipales de Silao murieron en una emboscada que se adjudicó el líder del CSRL en la colonia La Joya. Al servicio de Emergencias 911 llegó una llamada que reportaba detonaciones de arma de fuego. Cuando los gendarmes acudieron a la 1:20 am para verificar el asunto, fueron recibidos a tiros por sujetos que portaban fusiles AR-15. Quince días antes, otros dos policías fueron acribillados en la misma colonia.
La violencia continuó la mañana del 3 de julio, cuando un comando armado asesinó a cinco policías pertenecientes de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en Apaseo el Alto y dos más quedaron malheridos, al ser emboscados sobre la carretera hacia Jerécuaro, a la altura de la comunidad El Chamizal. En su intento por librar la lluvia de balas, el conductor de la patrulla terminó por volcarse.
El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, fue el primero en confirmar el hecho a través de su red social Twitter, calificándolo como un “artero y cobarde ataque en los Apaseos”. También destacó la “tristeza y luto en la corporación” y todo el respaldo y apoyo gubernamental a las familias de los elementos caídos en cumplimiento del deber.
La región de Apaseos, que comprende los municipios Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, ambos al sur de la entidad y colindantes con Celaya, en la frontera con Querétaro, es recurrente en los ataques armados en contra de policías, al ubicarse en el corredor de los ductos de Pemex que son objeto de ordeña y disputas por los grupos criminales antes mencionados.
POLARIZACIÓN POLÍTICA
La liberación de la madre de “El Marro” trajo polarización entre el Gobierno de la República y el del Estado de Guanajuato, pues la autoridad judicial señaló en su resolución que había pifias y violaciones a los derechos humanos de los imputados tanto de las autoridades ministeriales como de los agentes captores. El asunto fue consignado en el fuero común, pero en la captura de 26 presuntos miembros del CSRL participaron policías estatales, militares y de la Guardia Nacional.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) no atrajera la investigación de personas detenidas vinculadas al CSRL, por tratarse de un asunto de delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de que acusó que se politiza la seguridad en las conferencias de prensa matutinas que realiza el Presidente López Obrador.
La mañana del 29 de junio, el mandatario nacional había declarado que era muy raro lo que pasaba en esa entidad, donde el fiscal general Carlos Zamarripa llevaba doce años en el cargo: “Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un Estado que tiene muy elevados índices de homicidios, el Estado con más homicidios. Ya lleva tiempo y las autoridades judiciales (sic) son las mismas”.
El viernes 3 de julio, en su habitual rueda de prensa, medios de comunicación preguntaron al Presidente sobre la violencia y el ataque a los policías de Guanajuato, respondiendo López Obrador que en esa entidad no se han podido frenar los enfrentamientos. Enfatizó que en esa zona del Bajío “hay un serio problema, grave por la violencia que se registra, por lo que se colaborará para garantizar la paz de los ciudadanos”.
El primer mandatario dijo que en algunos casos, cuando se realizan detenciones como los ya descritos arrestos de familiares de José Antonio Yépez, los jueces utilizan excusas diversas, por ejemplo, que “llegó tarde en la orden de aprehensión para que se libere a los presuntos delincuentes”.
Aunque muestra limitado conocimiento legal, AMLO aseguró que se apoya en su gente, y esa mañana, durante la reunión del Gabinete de Seguridad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, les compartió el dato de que “si se cuenta con información de que al interior de un domicilio se está cometiendo un ilícito hay flagrancia, se puede intervenir en el mismo”.
El Presidente agregó que las fuerzas federales tienen instrucciones de estar pendiente de la situación que se vive en Guanajuato para brindar el apoyo correspondiente, pues en esa entidad “el problema de la inseguridad se dejó crecer”. Señaló que incluso estos grupos cuentan con una base social que los defiende.
Sobre la masacre ocurrida en el centro de rehabilitación Recuperando mi Vida, registrado en Irapuato, Andrés Manuel López Obrador mencionó que existen versiones de que en estos lugares operan representantes de las bandas delincuenciales, por lo que son promovidos por esos mismos grupos.
Esa mañana, el titular del Ejecutivo federal declaró: “No se han podido controlar los enfrentamientos, ayer fue uno de los días con menos violencia, y Guanajuato arriba”, añadiendo que en 13 entidades no ocurrieron homicidios y que el 22% de esos delitos se cometieron en Guanajuato, ocasionando con esa declaración una nueva molestia del gobernador Rodríguez Vallejo.13
