La Unidad de Inteligencia Financiera comunica “golpe” a las finanzas del Cártel Jalisco, al congelar cuentas bancarias a mil 770 personas y 167 empresas vinculadas al grupo criminal en Operación Agave Azul. Reconoce gobierno mexicano que la acción fue a instancias de su homólogo norteamericano. Investigador en seguridad internacional, Jesús Pérez Caballero, estima que pudiesen existir “puntos ciegos procesales, contradicciones penales y lagunas administrativas” que impidan materializar las acciones y todo quede en un golpe propagandístico oficial. Esposa e hijos de “El Mencho”, líder de Nueva Generación, no pudieron ser vencidos en acusaciones de lavado de dinero
A petición del gobierno norteamericano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó mil 939 cuentas bancarias presuntamente ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción anunciada a través de un comunicado, muy al estilo de las agencias policiales de Estados Unidos.
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Expertos en seguridad internacional ven con buenos ojos las acciones de la autoridad hacendaria mexicana, que bien pudiesen datar desde inicios de sexenio, o incluso acumular en la estadística hechos que se llevaron a cabo en la administración federal anterior, pues sin duda, estiman se trata de un anuncio con tintes mediáticos.
En el comunicado emitido el 2 de junio, la UIF refiere que en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de la Unión Americana, se identificaron activos y el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias que presuntamente corresponden a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos involucrados.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reiteró lo que señaló en su primera aparición al inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el 6 de diciembre de 2018, presentó su primera denuncia contra el CJNG ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el sentido de que tiene como prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado.
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Como preámbulo, el comunicado destaca que el Gobierno de México “ha señalado entre sus principales ejes de acción la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas”, por lo que se ejecutaron acuerdos de bloqueo en contra de:
– Mil 770 personas físicas
– 167 empresas
– Dos fideicomisos.
Dichos bienes estarían relacionados directamente con el grupo criminal de origen michoacano que tiene como principal asentamiento al Estado de Jalisco y que dirige el capo Rubén Oseguera Cervantes, alias Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, junto con la familia de su esposa Rosalinda González Valencia y numerosos cuñados que integran el clan de “Los Cuinis”, nativos de Aguililla y Apatzingán, Michoacán.
Según la información oficial, el Operativo Agave Azul es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, y que “durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante conferencia de prensa en el Palacio Nacional.
Desde luego que en la lista de personas y empresas bloqueadas se encuentran aquellas que con antelación han sido señaladas durante los últimos años por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que han peticionado al gobierno mexicano inicie las carpetas de investigación correspondientes.
La autoridad hacendaria que ha adquirido notoriedad y protagonismo en el actual sexenio, actuando como si fuese una especie de procuraduría independiente y de “confianza” del Poder Ejecutivo para el bloqueo y congelamiento precautorio de cuentas bancarias, incluso antes de que el propio Ministerio Público de la Federación desahogue investigaciones, detalló los resultados de su pesquisa en este operativo:
– 2 mil 571 operaciones “inusuales” analizadas
– 2 mil 951 millones de pesos de operaciones “inusuales”
– 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes”
– 11 mil 478 millones de pesos de movimientos “relevantes”
– 6 mil 507 transferencias interbancarias
– 657 millones de pesos de transferencias interbancarias
– 8 mil 424 reportes de transferencias internacionales
– 7 mil 216 millones de pesos de transferencias internacionales
– 2 mil 102 reportes de movimientos en dólares americanos
– 2 millones 955 mil dólares en esos movimientos.
La coordinación y acciones conjuntas con la DEA consistió “en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales”. Añade el comunicado que las transacciones y movimientos financieros se registraron en los siguientes estados:
Jalisco
Ciudad de México
Michoacán
Estado de México
Baja California
Guanajuato
Nuevo León
Veracruz
Nayarit
Sinaloa
Querétaro
Colima
La UIF advirtió al concluir su comunicado: “Estas acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”.
Sobre este anuncio realizado por la UIF, el 3 de junio, Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Operativo Agave Azul se instrumentó a solicitud del gobierno de Estados Unidos, al asegurar que no habrá protección para ningún grupo de la delincuencia en el país, donde lo que se desea es conseguir la paz.
López Obrador aceptó que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, “con las agencias, siempre es una cooperación oficial y transparente, nada clandestino, oculto. El informe que se tiene de Inteligencia Financiera sobre este caso, es que hubo una solicitud del Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información y, de acuerdo con los convenios de colaboración, se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo, se está procediendo de esa manera”.
Pareciera que durante el sexenio del mandatario mexicano las baterías de sus acciones -en materia de narcotráfico- se centraron en el CJNG, cuyo grupo criminal ha sido el más combatido, por encima de organizaciones como Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, Cártel Arellano Félix, La Familia Michoacana, entre otras.
2020 ha resultado un año clave para debilitar las estructuras del CJNG, pues el 20 de febrero fue entregado en extradición a EU, Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Seis días después, fue detenida en el vecino país del Norte, Jessica Johanna Oseguera, también hija del capo, quien era considerada cerebro financiero en la red de lavado de dinero para la organización.
El 10 de marzo, la DEA norteamericana incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, y como objetivo número uno, al “El Mencho”, por quien ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, autorizada desde el año pasado. La imagen del narcotraficante mexicano apareció en anuncios espectaculares que se exhibieron en Los Ángeles, California.
Entrevistado por ZETA, el investigador en seguridad internacional, Jesús Pérez Caballero, académico de El Colegio de la Frontera Norte Capítulo Tamaulipas, ve con buenos ojos la ofensiva gubernamental en contra de los grupos criminales, en este caso el que ahora está en la mira: CJNG. Sin embargo, toma sus reservas en cuanto a los posibles resultados finales, que en la mayoría de las ocasiones “quedan a deber”.
El aspecto mediático siempre es engañoso, detalla Pérez Caballero: “Son operaciones en donde se está hablando del principal, al menos así boletinado, grupo criminal transnacional mexicano, junto con la organización de Sinaloa, y al menos, el de mayor crecimiento, por lo que parecen decir fuentes oficiales estadounidenses y mexicanas. Entonces cualquier operación de este calado tiene un componente propagandístico”.
Para el investigador madrileño, el anuncio de la UIF no pudo ser más oportuno, pues realmente no se trata de una noticia nueva, sino de una aglutinación de acciones. “Es decir, tenemos que mucha de la información que se ha dado, ya se había dado antes, en marzo, sobre todo en relación a algunas de las empresas que aparecen como objeto de esta operación. También hace una semana se habló de las fuentes oficiales mexicanas que ya se estaba preparando algo así.
“El hecho de que se dé esta semana, que se supone pasamos en México a una fase de mayor relajación de medidas de la pandemia, o al menos de haber acabado una fase, que era la fase nacional de la sana distancia, también se quiere dar un mensaje de que el gobierno mexicano sigue trabajando, porque usted sabe que no es lo mismo dar esta información un martes acabada la Jornada Nacional de Sana Distancia, que darla, por ejemplo, un viernes o un sábado”, estimó.
Más que el componente propagandístico que refiere el entrevistado, le preocupa si estos anuncios del congelamiento de cuentas son materializables o no, “porque usted sabe y habrá que recordar que, en ocasiones, cuando están inmersas administraciones como la norteamericana y la mexicana, administraciones binacionales, muchas veces existen puntos ciegos procesales y contradicciones penales, lagunas administrativas que hacen que operaciones que se dan muy bien sobre el papel mediático, sobre un trazo institucional oficial de inteligencia financiera, luego en la práctica, a la hora de llevarlas a proceso penal, no se dan”.
Como botón de muestra de acciones fallidas por uno u otro -o ambos gobiernos- en la cooperación internacional, se encuentra el caso de la supuesta red de tráfico de drogas y lavado de dinero de Raúl Flores Hernández, en la que se involucró a importantes personajes del deporte, la política y el ambiente artístico, como Rafael Márquez y Julión Álvarez; la situación no prosperó, aunque Flores continúa bajo procedimiento de extradición.
“Si estamos hablando de cientos, de miles de cuentas, y varias empresas de diferentes rubros, habrá que ver cómo se procesa todo eso. Las instituciones, usted lo ha visto con el caso de Javier Duarte, los problemas que tienen las instituciones mexicanas a la hora de encausar y procesar penalmente ese tipo de macro operaciones. No sé hasta qué punto puede o podría ser inteligente tratar una operación así, de una manera tan amplia. Normalmente para realizar una campaña realista se debe uno concentrar, priorizar, seleccionar, digamos, de ese rubro, ese portafolios de cuentas”, expresó el académico.
Algo que sería deseable desde el punto de vista de Jesús Pérez, sería que las instituciones mexicanas establecieran y dejaran en claro, “primero, sus propias prioridades respecto a Estados Unidos; y segundo, súper importante, que le pusieran unos nombres a esas cuentas bancarias, pero a partir de un discurso que racionalice toda esa información. Por ejemplo, cuántas de esas personas son o han sido servidores públicos, cuántas de esas personas que tienen esas cuentas han participado alguna vez en alguna administración pública, qué tipo de hoja de vida tienen, sí han tenido vínculos con individuos que han estado procesados penalmente, etcétera”.
Por la forma en que se manejó la información, no son acciones de unos días, sino de meses, y quizá sustentadas en investigaciones de la propia UIF, ya que es obvio que en esa lista, y en esas cuentas bancarias, se encuentran los nombres de ex policías, jueces, magistrados y hasta ex gobernadores, sus familiares y testaferros. Algunos de ellos actualmente presos y otros prófugos, como el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, al que además de vincularle con el CJNG, se le señala de operar con los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
Pérez Caballero resalta la dificultad para que la justicia se materialice en México en asuntos como los mencionados, por lo que es importante “cualquier tipo de distinción, ya sea por cuestiones de adscripción institucionales, de vínculos con determinadas figuras clave dentro del panorama criminal u otras categorías que a mí no se me ocurren, pero que pueden servir para racionalizar este tipo de datos y para establecer una hoja de ruta de cómo procesar a ese tipo de personas.
“Pero, claro, ante de una operación de este calado si al final no se establecen estas distinciones, unas con respecto a Estados Unidos, ni otras, internamente como institución de inteligencia financiera o que persigue penalmente a estos individuos. No establece tampoco algunas jerarquizaciones internas, que al final es un uso estratégico de esta información, al final se puede acabar en nada y simplemente sería solo un golpe propagandístico. Entonces habrá que esperar a ver si se actúa de una manera u otra”, finalizó el experto.
Casos de puntos ciegos procesales y lagunas procesales como las que mencionó Jesús Pérez Caballero, se han conocido a lo largo de la historia de la justicia mexicana. Incluso de forma reciente con la propia UIF, pues en juicio de amparo termina siendo doblada en aseguramientos de cuentas bancarias, como ha ocurrido con la esposa e hijos de “El Mencho”, la Iglesia de la Luz del Mundo, o con las hijas del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, vinculado por operaciones de procedencia ilícita que han ganado amparos ante la falta de pruebas de la autoridad hacendaria para incorporarles a sus listas de personas bloqueadas.
