Jaime Bonilla Valdez ya tiene su lugar asegurado en la historia de Baja California, y no por un motivo, sino por tres:
1. Porque fue el primer miembro de Morena, aunque antes fue del PT, en ganar una elección a gobernador de Baja California.
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2. Fue quien acabó con 30 años de gobiernos panistas, aunque Francisco Vega y los suyos, con las sospechas fundadas de corrupción, también contribuyeron. Y finalmente, pero no menos importante:
3. Está a punto de confirmarse que la suya será, como se determinó en la Ley local desde 2014, un gobierno de dos años. Baja California sí había tenido periodos cortos, pero circunstancias extraordinarias, no por mandato de Ley.
Efectivamente el jueves 7 de mayo de 2020, en sesión virtual, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enlistaron para deliberar el lunes11 de mayo sobre lo que conocen como “Ley Bonilla”. Lo explicaron así:
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“Asuntos de los que se dará cuenta en la sesión pública a distancia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes 11 de mayo de 2020.
“Acciones de inconstitucionalidad promovidos por los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y de Baja California, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante decreto 112 de 11 de septiembre de 2014, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 17 de octubre de 2019, mediante decreto 351 (Ponencia del señor Ministro José Fernando Franco González Salas)”.
Ese día se resolverán finalmente las controversias que se interpusieron luego que el Congreso del Estado de Baja California, la anterior Legislatura, modificara la Constitución para regalarle a Bonilla Valdez tres años de gobierno adicionales a los dos para los cuales fue electo.
Desde 2014, en Baja California se sabía que el gobernador electo en 2019 lo sería para un mandato de dos años. La reforma se hizo y se aprobó entonces, para de esa manera hacer concurrir el proceso electoral estatal con el federal intermedio, es decir, que los bajacalifornianos eligiéramos gobernador al tiempo que votáramos por los diputados federales.
Nadie puso objeción alguna. De hecho el propio Bonilla, cuando se acercaba la fecha para que Movimiento Regeneración Nacional, su partido, eligiera candidato a gobernador, decía que no sería él; que él esperaría hasta la elección a gobernador por seis años, o sea, en 2021. Pero algo sucedió en el camino que los planes del ingeniero se vieron frustrados y tuvo que entrar al quite a la elección en 2019.
Aseguran que, obligado por las circunstancias, aceptó la nominación (no hubo encuesta, fue designación) porque venía del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pero Bonilla quiso más. Y en tres ocasiones por sí mismo y por terceras personas, presentó recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para modificar la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral en diciembre de 2019 y publicada en enero de 2020, para la elección a gobernador por un mandato de cinco años. Obvio lo que quería modificar era el periodo, ampliarlo de dos a cinco años. Pero en las tres ocasiones, el Tribunal federal le resolvió en contra de sus pretensiones, a pesar que en dos de estas, el Tribunal Electoral de Baja California lo había beneficiado.
Así llegó el día de la elección. Con una convocatoria para un gobernador de dos años, tal y como estaba cuando Jaime Bonilla Valdez se registró como candidato.
Ganó el de Morena y con el triunfo le legó la avaricia política. Quiso más. Los cinco años de gobierno, con todo y que los bajacalifornianos hubiesen votado por dos como estaba en la Constitución local. Primitivos como son en Morena, decidieron y así lo anunciaron, que cambiarían “de ser necesario” la Constitución.
Para resolver a favor el capricho de Bonilla, contaron con la venia y participación de los diputados panistas, que allá en julio de 2019, eran mayoría en la Cámara local. Y así, luego de la controversia porque el entonces presidente del Congreso denunció que personeros de Morena les estaban ofreciendo un millón de dólares por su voto para cambiar la Constitución local y ampliar el mandato de gobierno, el 8 de julio lo cumplieron.
El problema, o uno de ellos, es que lo hicieron a 36 días de haberse celebrado la elección a gobernador para dos años y donde resultó electo Jaime Bonilla. De hecho, antes de esa modificación, había intentado -con otro recurso ante el Poder Electoral en BC- modificar el punto de acuerdo del Instituto Estatal Electoral, del cual se originó la constancia de mayoría que le otorgaron, y donde se establecía que el periodo era de dos años.
Al final, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptaron siete recursos para deliberar sobre la legitimidad de la conocida como Ley Bonilla. El lunes 11 de mayo decidirán sobre ello.
Hasta donde se sabe, el proyecto que elaboró el ministro José Fernando Franco González Salas, recomendará al pleno de la Corte declarar inconstitucional la Ley Bonilla, con lo que BC regresaría al marco legal que prevalecía al momento de la elección, un mandato de dos años de gobierno.
De los últimos argumentos que recibió la SCJN sobre el caso, fue la opinión técnica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que justifica entre otros elementos para determinar la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla, que dicha reforma -la del 8 de julio de 2019- pasaba por alto la voluntad popular, expresada a través del voto, al “prorrogarse el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como gobernador del Estado, solo para el periodo de dos años”. Argumentaron que el Congreso del Estado, al modificar el periodo gubernamental, se erigió unilateralmente como el único participante activo y pasivo de una elección a modo.
Agregaron los magistrados electorales, que al determinar los órganos públicos la duración de un mandato de manera unilateral (como sucedió en BC), después de haber sido electos por el pueblo “vulnera la autonomía y la libertad política de los ciudadanos”.
Después de otros elementos de la Ley Bonilla que afirman, vulnera la participación ciudadana, la democracia, los derechos de los electores y el orden jurídico, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó:
“Por las consideraciones que han quedado señaladas se considera que la reforma impugnada resulta inconstitucional ya que transgrede la prohibición constitucional prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo; los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, así como los derechos de votar y ser votados, previstos en los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y segundo y 116, párrafos primero y segundo”.
En días recientes trascendió que, efectivamente, el proyecto del ministro Franco González Salas considera inconstitucional la Ley Bonilla. Solo falta el voto de por lo menos ocho ministros a favor de tal premisa, para que Baja California regrese al orden legal, al respeto a la voluntad de los electores, la permanencia de la democracia y el respeto a la Constitución, al confirmar como estaba determinada, una gubernatura de dos años.
Entonces sí, inicia la sucesión. Pero ese, es otro tema.
