Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó este miércoles 25 de marzo, que uno de sus proveedores fue diagnosticado con el coronavirus COVID-19, el cual es el primer caso detectado en dicho recinto legislativo.
“Hoy nos reportaron un proveedor que dio positivo a Covid-19. Seguimos el protocolo: Todo personal que estuvo en contacto directo con él, lo enviamos a su casa y daremos seguimiento […] Al momento, no tenemos reporte de personal ni legisladores que hayan dado positivo”, señaló la funcionaria en su cuenta de la red social Twitter.
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Este mismo día se realizaron reuniones en la Cámara baja, para informar del caso al personal de la Dirección de Servicios Generales y buscar a gente que haya estado en contacto con el proveedor de servicios.
Báez Ricárdez informó en varios tuits, que el proveedor externo tiene 30 años de edad y estuvo en contacto con empleados de Servicios Generales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La persona contagiada realizaba actividades administrativas de la empresa TGC Geotecnia, SA de CV, encargada de trabajos de supervisión de la renivelación de los edificios A, B y H del recinto legislativo.
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“Desde el viernes pasado dejó de asistir, y todo el personal que estuvo en contacto con él se encuentra en sus hogares y se le dará seguimiento”, precisó la secretaria general de San Lázaro.
“La Cámara de Diputados mantendrá el protocolo sanitario para proteger a sus trabajadores. Las y los diputados realizan actividades legislativas utilizando las plataformas digitales”, destacó la Cámara baja en un comunicado.
En dicho texto se aseguró, además, que en San Lázaro se trabaja a su mínima capacidad, ya que en los últimos dos días han acudido a laborar, en promedio, 900 personas, el 12 por ciento del total que asiste a la Cámara baja.
Además, desde hace dos semanas, por acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se activó el protocolo en el que se establecen las medidas preventivas para aislar a todos los trabajadores y evitar la propagación del virus, en el caso de que se ubique a algún infectado.
El protocolo consiste en evitar la asistencia al centro de trabajo de los adultos mayores de 60 años y personas con riesgo por diabetes, hipertensión arterial o cualquier otra enfermedad que los ponga en riesgo, quienes en todo momento y, en su caso, gozarán de su salario y prestaciones.
Todo el personal sindicalizado, de base, así como los niños del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), cuyos padres no acuden a laborar desde el lunes 23 de marzo, indicó la Dirección de Comunicación Social en el comunicado.
San Lázaro indicó que los trabajadores de confianza, eventuales, así como los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios, asisten de conformidad con las necesidades de la carga laboral de sus áreas, prevaleciendo su seguridad.
“La fase 2 es parte de la etapa donde el contagio será más frecuente y la Cámara de Diputados mantendrá el protocolo sanitario para proteger a sus trabajadores. Las y los diputados realizan actividades legislativas utilizando las plataformas digitales”, se puntualizó.
Por su parte, Laura Angélica Rojas Hernández, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, propuso una reforma para que los legisladores puedan sesionar y votar de forma remota.
Con una reforma al artículo 63 de la Constitución, Rojas Hernández plantea que en casos excepcionales se puedan realizar votaciones a distancia, con el uso de la tecnología. La semana pasada la Cámara de Diputados suspendió las sesiones del pleno para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.
Rojas Hernández explicó que hay circunstancias extraordinarias que imposibilitan reunirse de manera física en los recintos legislativos, ya sea por disposiciones de protección civil, prevención sanitaria o alguna eventualidad no prevista que impida el desahogo de los trabajos parlamentarios.
La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que también se puede manifestar la necesidad de votar uno o más asuntos de urgencia o para los que exista un mandato normativo inaplazable.
“La finalidad de la reforma es permitir la realización de sesiones plenarias, registro y votaciones remotas de asuntos urgentes, cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la concurrencia del Pleno”, abundó la diputada del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).
Rojas Hernández explicó que el planteamiento es que una vez determinada la imposibilidad de reunir el Pleno, los asuntos que se aprobarían vía remota serían fijados en acuerdo aprobado por cada Cámara, que sería propuesto conjuntamente por su JUCOP y su Mesa Directiva.
La legisladora precisó que ese acuerdo plenario sería el único medio que permitiría la activación, tanto del registro de asistencia como de la votación remota, con lo que se asegura que sería un instrumento excepcional propuesto por los órganos de Gobierno de cada Cámara y aprobado por la instancia de máxima decisión.
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro agregó que la operación del registro de asistencia remota se implementaría con un instrumento tecnológico que permita la realización de tales registros bajo condiciones de certeza y confiabilidad en sus resultados.
“De manera excepcional por razones de protección civil o contingencia sanitaria o cualquier otra situación que impida la presencia física de las y los legisladores para utilizar los recintos legislativos, éstos podrán sesionar y en su caso discutir y votar de manera remota, previo acuerdo de sus órganos de Gobierno”, abundó.
